Ciudad de México.- Las mujeres sobrevivientes a la violencia feminicida y las familias de víctimas de feminicidio enfrentan severas afectaciones económicas que no son vigiladas por las autoridades, quienes por medio de burocaria y fiscalización amedrentan a las víctimas tras perder a su hija, madre o hermana.
En su informe “Impactos del Feminicidio en México y las respuestas del Estado”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) expuso la forma en que las familias y las sobrevivientes son minimizadas e incluso revictimizadas por las instituciones que deberían brindarles protección luego de un hecho violento, el cual acarrea para ellas afectaciones emocionales, físicas, económicas, comunitarias y cambios drásticos en los proyectos de vida.
En un texto anterior Cimacnoticias explicó los daños emocionales y físicos que desarrollan las familias y sobrevivientes tras ser víctimas de violencia feminicida. En esta ocasión se hará especial énfasis en los impactos económicos y comunitarios que reveló el Observatorio en su informe, en el cual obtuvo información por medio de entrevistas a 19 mujeres.
La gravedad de los impactos económicos en las familias de víctimas de feminicidio
“Porque en el sentido de que tuvimos gastos que no teníamos contemplados. Por ejemplo, en su momento andarla buscando, justamente porque pasajes para todos lados, moverse de un municipio a otro; y de repente, por andar buscando y haciendo los trámites, pues ya no compraba los alimentos para preparar (comida) entonces compraban algo rápido, hecho. Pues sí, me empecé a quedar sin dinero y pues fue cuando la desgracia (el feminicidio) que nos sucedió y de repente tuvimos que gastar pues, en los servicios funerarios, que tampoco pues no, jamás lo teníamos contemplado”.
Para las familias, los impactos económicos se encuentran asociados a las necesidades inmediatas, las cuales consisten en atender la búsqueda y muerte de las mujeres víctimas de feminicidio.
El OCNF expresa que las víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida se ven en la necesidad de reconfigurar aspectos de sus vidas relacionadas con el ámbito económico como consecuencia de la agresión o ausencia de su familiar.
“La situación de afectación económica es diversa, ya que depende del contexto de cada familia. Los gastos se agudizan acorde al tiempo que tienen de transcurridos los hechos. En el caso de la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, el tiempo influye de manera particular, depende desde cuándo se encuentre desaparecida la víctima (días, semanas, meses, años). También, cuando las familias se encuentran en otras entidades, se generan otros gastos de traslado (autobuses, casetas, gasolina), hospedaje y alimentación. Dependiendo de las necesidades inmediatas, se incrementan los costos que representa la contratación de estos servicios. Una vez que es encontrada la víctima, se suman los gastos funerarios”.
Testimonio anónimo-
En la siguiente tabla se pueden observar los impactos económicos que genera cada etapa de la violencia feminicida para las familias:
¿El Estado ha resarcido estos daños?
La Ley General de Víctimas, señala que se consideran daños a: “muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten”.
En ese sentido, en su artículo 7 fracción II, la Ley expresa que las víctimas tienen derecho a:
“Solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre; así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a un nuevo trauma”.
Para la entidades analizadas, la implementación de las medidas de ayuda, atención y asistencia -que incluyen el rubro económico- por parte de las Comisiones de Atención a Víctimas estatales a nivel nacional tienen distintas rutas:
- Sonora menciona que sigue los lineamientos establecidos en la Ley General de Víctimas.
- Yucatán se apega a las leyes estatales armonizadas con dicho instrumento.
- Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit y Veracruz se apegan al Modelo Integral de Atención a Víctimas.
- Tabasco se adecua a las necesidades que identifiquen para su atención. “Es decir, se identifican tres formas de implementación de las medidas de ayuda económica en los estados, sin que sea de manera integral: la normatividad federal, la normatividad estatal y el Modelo integral de atención a víctimas”.
El presupuesto destinado a la ayuda, asistencia y reparación para las entidades en los años 2021 y 2022, a modo de ejemplo, oscila entre $1,000,000.270 y $66,644,900.271. Algunas entidades, como Morelos señalan que la conformación de fondos se basa en lo establecido en las normatividades locales; mientras que Durango menciona que “por la situación económica que afecta al Estado la atención se realiza por medio de la colaboración interinstitucional por parte de las dependencias y entidades adscritas al poder ejecutivo” .
El OCNF destaca que el presupuesto otorgado al fondo de ayuda, asistencia y reparación en la CDMX es por la cantidad de $3,000,000, de los cuales son destinados para víctimas de feminicidio, tentativa de feminicidio y transfeminicidio $300,636.72; Guerrero destina $5,836,997.80, de los cuales no cuenta con información disponible para víctimas de feminicidio; Colima señala que tiene los recursos contemplados en el artículo 116 de la Ley para la Protección de Víctimas del Estado. Puebla tiene un presupuesto de $22,039,162.25, de los cuales no se específica la cantidad para víctimas de feminicidio. En el caso de Nuevo León en 2022, el fondo es de $10,000,000 y no se específica la cantidad de víctimas de feminicidio; finalmente, el Estado de México no específica; Jalisco no dio respuesta a la solicitud de información.
Algunas fiscalías estatales (Chiapas y Chihuahua) así como comisiones estatales (Durango, Michoacán y Puebla) señalan que cubren las medidas de transporte. En este rubro, las víctimas directas e indirectas señalaron que han recibido mayor asistencia por instituciones como el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento (ADEVI), las fiscalías estatales y la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV). Ya sea, que asuman directamente el traslado de las víctimas indirectas o proporcionen el apoyo monetario.
“En ADEVI nos daban al mes $300 de apoyo como transporte […] Ese nos los dieron como por ocho meses, pero había meses que si no preguntabas, no te hablaban para que fueras a recogerlo […] Yo vivía en Tacubaya y aunque buscaba la alternativa que era el metro, luego teníamos que ir todos porque tenían que declarar mis hermanas, nos tenía que preparar el Ministerio y entonces íbamos ocho personas. Yo nada más hacía cuentas, que estaba a $5 el boleto por ocho personas, pues eran $40 y en un sólo día de ir al centro, porque es ida y vuelta. Había algunas que se tardaban un montón y de repente había que comer algo, pues ya te gastabas otros $150 afuera. Entonces sí me pareciera un poquito sino risorio, no risorio porque yo me burlé del apoyo, sino porque las autoridades creo que no tienen contemplado que no nada más eres tú la víctima y que tienes testigos, que tienes que estarlos llevando y trayendo. Siento que no es suficiente y que ahora pues ya desapareció esa ayuda cuando ya tu proceso tiene más tiempo”.
Testimonio anónimo
Sumado a lo anterior, aunque entidades como Durango aseguran que destinan recursos para el alojamiento, algunas víctimas indirectas revelaron que deben desplazarse a otras entidades o municipios de donde viven para dar seguimiento a los procesos de búsqueda de justicia.
“Lo que sí le dijeron a mi esposo es que había una casa para víctimas donde se podía dar hospedaje a una sola persona, pero para esto estaba en las afueras de la ciudad, o sea ¿qué vamos a hacer afuera de la ciudad? Y uno nada más, ni al caso, mejor que los gastos corran a cuenta de uno para estar al pendiente, cerca de la fiscalía”.
Testimonio anónimo
Por otro lado, las Comisiones de Atención a Víctimas de Durango, Michoacán, Nayarit, Puebla, Guerrero y Tabasco, destinan recursos para la alimentación. En este rubro las autoridades que brindan asistencia identificadas por las víctimas directas e indirectas son la ADEVI o la CEAV estatal. Dicha asistencia se brinda de forma monetaria desde los $500 a $1,500 mensuales. “Este apoyo no se proporciona con regularidad, está condicionado a la capacidad presupuestal de las instancias”, acusa el OCNF.
De 18 entrevistas realizadas, seis madres de víctimas de feminicidio (un tercio de la población de estudio) señalaron que no han recibido “ninguna” medida de asistencia o apoyo aún cuando están en vulnerabilidad: desplazamiento, desempleo o asumen el cuidado de hijas e hijos en orfandad, por mencionar algunas causas. En ocasiones, presentan estas situaciones de manera simultánea
OCNF
Ante estos impactos son las familias quienes desarrollan estrategias de afrontamiento para resolver los problemas económicos que enfrentan. Sin embargo, esto también implica una precarización cuando deciden laborar a la par de su camino de exigencia de justicia, por ejemplo, las víctimas indirectas extienden sus jornadas laborales, en ocasiones sin descanso para incrementar sus ingresos. Finalmente, recurren a préstamos o venta de bienes materiales, por mencionar algunos.
Por todo lo anterior, las familias exigen: “sensibilizar, generar empatía y promover un trato humano por parte de las autoridades; capacitar en perspectiva de género y con un enfoque diferencial, fortalecer las habilidades técnicas así como aumentar el número del personal que atiende directamente a las víctimas de feminicidio. Para las víctimas, se requieren evaluaciones constantes del personal para garantizar una adecuada atención que responda a sus necesidades e implementen los protocolos e instrumentos que tienen de feminicidio”. Además de pedir que se reduzca la burocratización y fiscalización, factores que también terminan por desgastarlas e incrementar los daños.
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