Coahuila, Sal. Las abuelas de niñas, niños y adolescentes, cuyas madres fueron víctimas de en Coahuila, tienen que hacer esfuerzos para poder mantener a sus nietos al resultar insuficientes los 66.66 pesos diarios que representa la ayuda mensual que el gobierno del estado les otorga desde julio del 2018, pero sólo hasta que cumplan la mayoría de edad, independientemente si siguen estudiando.
El programa que inició en el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís mediante un decreto para apoyar a 18 niños y adolescentes en Torreón, actualmente tiene un padrón de beneficiarios de 56 personas, de acuerdo con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), aunque en el más reciente informe de entrega de apoyos al primer trimestre del 2020 se observa que son 32 los menores de edad atendidos.
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«Tenemos que estar atrás de las personas, hablar con una y con otra para poder acceder al apoyo que nos están dando para los niños. Siempre hemos comentado que cómo es posible que tenemos que andar atrás de ellos para que puedan ayudarnos y más que nada con esta situación de la pandemia; nosotros no podemos salir como lo hacíamos. De hecho nuestros niños se enferman y no sabemos qué hacer», dijo Cristela Soto, madre de Deisy Viridiana Martínez Soto, quien fue asesinada el 16 de julio del 2016, cuando su hijo apenas tenía cuatro años y fue testigo de lo ocurrido.
La abuela de Dominick, e integrante de la organización “Madres Poderosas”, creada en la ciudad de Torreón, afirmó que dicho apoyo no alcanza para cubrir las necesidades fundamentales del pequeño y cuando recibe el recurso «ya lo debes y te quedas de vuelta con nada. ¿Se imaginan lo que pasa?.
Explicó que con los 66 pesos significan no puede cubrir los alimentos: «Simplemente con los camiones cuando se nos enferman. Él en la mañana desayuna su cereal, luego un huevo al mexicano; o sea huevos con frijoles o mortadela. Mi hijo no tiene seguro y mi esposo no lo puede meter en el de él porque no tiene el nombre. Yo tengo la patria potestad, pero el problema es que él no quiere nombre ni apellido y estoy en el proceso. No soy yo, es él quien lo pide».
Y es que Dominik no quiere llevar el nombre de su padre y el proceso que empezó ante juzgados civiles y familiares desde el 2016, no se ha logrado culminar, lo que ha provocado problemas emocionales en el menor de edad al escuchar que lo llaman como aparece en su registro de acta de nacimiento.
Las abuelas han buscado en vano una reunión con el mandatario estatal para plantearle la serie de problemas que están padeciendo por el retraso en los procesos que se encuentran en los juzgados, así como la necesidad de que se aumente el apoyo para los niños. El pasado martes 26 de agosto, Cristela debió presentarse a una de las salas de juicio oral donde se desarrolló la audiencia de imputación del responsable de la muerte de su hija, a más de un año de permanecer detenido.
«No se vale que a nosotros no nos pueda recibir. A todo mundo recibe menos a nosotros; hemos tratado de mandarle por correo para que nos reciba, hemos buscado de varias formas y no hay un momento que nos diga que nos va a recibir. Queremos poner los papeles en la mesa y que él vea lo que está pasando… pues como que nomás me lavo las manos. Ya no somos nosotros, son nuestros niños quienes están sufriendo».
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El caso de María Elena de la Fuente Cepeda se agravó a partir de este mes de agosto, ya que dejó de percibir el apoyo de su nieto mayor quien cumplió 18 años y a pesar de que inició los estudios a nivel profesional, las autoridades estatales determinaron suspender la ayuda que ahora sólo reciben sus dos hermanas menores de edad que estudian la primaria y secundaria.
«No es suficiente esos dos mil pesos por mes por niño. Nada más diario lo que es el lonche en la mañana del lonche y los de la escuela, pues es mucho dinero. A mí ya me dejaron de dar para el más grande y luego que la universidad está tan cara, porque este programa sólo es hasta los 18 años y para el caso de la universidad son dos camiones los que hay que pagar de ida y vuelta. Lo que me llega por dos meses me alcanza para 15 o 20 días, pero ¿y el mes y medio más? Hay que trabajarle y hay que pagar la luz, el internet», y agregó que a sus 60 años se apoya con la venta de pantalones de mezclilla para poder completar la manutención de sus nietos.
Para obtener la versión de parte de las autoridades en torno a la problemática planteada por las abuelas, se solicitó una entrevista con la titular de la PRONNIF, Leticia Sánchez Campos, pero ésta se negó y el gobierno del estado entregó un escueto comunicado en el que se limitó a exponer que se entrega el recurso económico además de algunas acciones para la restitución de los derechos.
Ambas mujeres señalaron que tenían otra fuente de ingresos por medio del programa federal «Jefas de Familia», pero éste se suspendió en el presente año lo que las ha llevado en ocasiones a la desesperación al no tener suficientes recursos para atender las necesidades básicas de las víctimas indirectas de feminicidio.
«Se ejecutaron mecanismos de protección y restitución de derechos dictando las medidas especiales de protección en los casos que resultaron necesarios, asesoría y acompañamiento en procedimientos ante la autoridad judicial y la gestión de diversas peticiones», establece el escrito en el que se añadió que se otorga los servicios de salud, la incorporación a programas sociales, una despensa mensual a cada una de las familias, atención psicológica y asistencia victimológica además de la gestión de actas del registro civil.
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