Ciudad de México. Debido a que más de la mitad de los diputados federales se ausentó de la sesión de este jueves, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aplazó para el martes 6 de octubre la discusión para desaparecer 109 fondos y fideicomisos, entre ellos los que atienden a víctimas de violaciones a Derechos Humanos y periodistas y personas defensoras, cuya vida está en riesgo.
La tarde de este 1 de octubre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presentó el dictamen ante el pleno a fin de desaparecer estas figuras jurídicas y hacer uso de los recursos públicos; sin embargo, a la hora de votar el documento, cerca de las nueve de la noche, las y legisladores que estaban en contra salieron del salón y solo quedaron 222 de los 500 legisladores, por lo que no hubo quórum para continuar.
Durante el posicionamiento de las bancadas, los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguraron que sólo desaparecería la figura jurídica de fideicomiso público, pero seguirán existiendo recursos para atender a víctimas y para salud, ciencia, deporte, cultura, cambio climático, desastres naturales y tecnología, entre otros temas. De acuerdo con sus argumentos, una vez que se eliminen los fondos y fideicomisos los recursos llegarán de manera directa, transparente e íntegra a quienes más lo necesitan.
La visión de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) fue contraria. La oposición señaló que el dictamen obedeció a las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 2 de abril presentó un decreto para extinguir todos los fideicomisos. En esa ocasión legisladores y grupos afectados alegaron que no se podían desaparecer por decreto los fondos creados por ley.
En un primer momento se anunció la desaparición de 28 fideicomisos, pero en mayo Morena presentó la propuesta de reforma para eliminar 44 fideicomisos y después de reuniones con agrupaciones civiles y grupos de la población que serían afectadas decidieron aplazar la discusión. Sin embargo, el 29 de septiembre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen para desaparecer 109 fondos y fideicomisos.
Para la oposición, con la reforma se van a desviar más de 68 mil millones de pesos de forma opaca y discrecional; mientras que para los legisladores que apoyan al presidente, los recursos se usarán de forma transparente, se acabará con la corrupción y el dinero servirá para mitigar los daños económicos ocasionados por la pandemia de COVID-19.
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Al respecto, este jueves agrupaciones civiles se pronunciaron en contra de la eliminación de estos fondos, entre ellas defensoras de Derechos Humanos y la libertad de expresión que integran el Espacio OSC, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional México, México Unido contra la Delincuencia, la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Las agrupaciones se pronunciaron por mantener el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas, los cuales sirven para costear medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias y para brindar ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de violaciones a los Derechos Humanos.
Aunque la diputada de Morena, Dolores Padierna Luna, aseguró que una investigación de Fundar demuestra el saqueo de los recursos públicos a través de los fideicomisos, esta organización emitió un comunicado en el que señala que la extinción masiva de fideicomisos no resuelve los problemas de opacidad que han documentado porque no hay claridad en los procesos de extinción de estos instrumentos ni hacia dónde se destinan los recursos de su liquidación.
La organización explicó que desde 2029 llamó a elaborar un diagnóstico completo y serio sobre los fideicomisos, evaluar las medidas para fortalecerlos y mejorar la transparencia y rendición de cuentas de cada uno de ellos. Ahora, reiteraron que el Legislativo no debe tomar una decisión discrecional e irresponsable que afecte gravemente a los distintos grupos de la población y la garantía de los Derechos Humanos.
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