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¿Infancia abandonada o necropolítica?

Por Lucía Melgar Palacios
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CIMACFoto: César Martínez Lopez

Más de 500 niñas y niños separados de padres y madres y sin modo de ubicarlos, es el saldo parcial de la política de separación de las familias que de manera sistemática se ha impuesto desde 2018 contra quienes osan atravesar sin documentos la frontera sur de Estados Unidos. 545 menores de edad, encerrados en jaulas, o enviados a familias de acogida en que pueden ser maltratados, abusados y explotados, confiados a agentes de inmigración carentes de preparación, “perdidos” por una máquina burocrática incapaz de cruzar los datos de padres y madres e hijos para saber adónde quedaron los hijos e hijas de hombres y mujeres deportados y abandonados a su suerte. 

Las imágenes de niñas y niños enjaulados en gallineros o encerrados en galerones helados o asfixiantes y ahora “extraviados”, se filtraron hasta el debate final entre el presidente Trump y el ex vicepresidente Biden. A la pregunta : “¿Qué hará el gobierno para re-unir a las familias?, el presidente respondió con su característica estrategia de fuga: criminalizó a la población migrante, argumentando que a esos niños “los traen coyotes, gente mala, cárteles” y culpando al gobierno anterior: “ellos construyeron las jaulas”, mientras que “nosotros” dijo, modificamos políticas de “atrapa y suelta” que permitían que aquéllos “con menor inteligencia”· se presentaran al juicio correspondiente para tramitar una petición de asilo. 

Interrogado sobre la política que en 2014 llevó a millones de deportaciones, Biden intentó deslindarse de Obama (“yo sólo era vicepresidente”) para luego afirmar que habían rectificado el rumbo demasiado tarde. Para compensar (implícitamente) su complicidad con medidas que sí incluyeron la construcción de jaulas para encerrar a personas migrantes detenidas, aseguró que, de ganar las elecciones, impulsará una iniciativa para que once millones de “personas indocumentadas” puedan acceder a la ciudadanía, y renovará la certificación de los “Dreamers” bajo el DACA, y no obligarlos a volver a un país que “nunca antes han visto”. 

Como se sabe y han aclarado los cazadores de mentiras oficiales, las jaulas sí se construyeron bajo Obama-Biden pero la separación sistemática de las familias se inició bajo Trump, quien no ha cesado de criminalizar a los migrantes como “violadores, asesinos” y narcos. Aunque es importante distinguir estas etapas, forman parte de un mismo proceso. En efecto, ver la migración como un problema de seguridad y no como asunto humanitario, como lo han hecho los gobiernos de Estados Unidos desde el 9/11, ha favorecido un proceso de des-humanización del “otro”, en particular de las poblaciones migrantes, que justifica y permite tolerar actos de barbarie contra éstas, como las histerectomías impuestas a migrantes encarceladas, la separación de bebés de sus madres, o las violaciones sexuales a menores presas por agentes y policías.

La inusitada crueldad de la política actual, acompañada de cínicas y racistas justificaciones, se debe en parte a la exacerbación del nacionalismo y la xenofobia en EU, pero también a la pasividad de los países mesoamericanos ante las violaciones de derechos de sus ciudadanos, o incluso su complicidad en el proceso de deshumanización de poblaciones enteras, ya sean las maras en El Salvador o las poblaciones migrantes abandonadas a su suerte o violentadas en nuestras fronteras.

Lejos de representar un mero ejercicio de soberanía y protección del territorio, las leyes y políticas de Trump, y antes las de Obama, constituyen, en su sistematicidad, una forma de necropolítica cuyas consecuencias, como explicara la migrantóloga Amarela Varela, van más allá de una mera “crisis de Derechos Humanos” (2017). Una crisis sería temporal, podría llevar a un cambio. Lo que enfrentan las poblaciones migrantes hoy no es nuevo, es la aceleración de una política que recurre a la crueldad y el odio para abaratar la vida humana de “otros” y fortalecer un arbitrario “nosotros”.

Sin muro ni jaulas pero con Guardia Nacional, corrupción y negligencia, México participa en este sistema de muerte. Triste papel el de un país autodenominado “promotor de los Derechos Humanos”, que dice rechazar “la violación de Derechos Humanos de las personas mexicanas en el exterior” (SRE, Comunicado 16 sept) y no puede condenar oficialmente la barbarie ajena por no mirar la suya.  ¿Hasta cuándo?

20/LMP/LGL

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