Este 23 de mayo la Fiscalia General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desistió de ejercer acción penal contra Roxana Ruiz Santiago, a quien el Poder Judicial mexiquense había declarado culpable por defender su vida ante el hombre que la agredió sexualmente en el municipio de Nezahualcóyotl en 2021.
A las afueras de los juzgados Neza-Bordo, luego de más de una hora de audiencia y ante el acompañamiento de mujeres, Roxana y su defensa expresaron que este es el primer paso para la libertad de Roxana.
«Agradezco que se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, pero me mantuvieron encerrada injustamente nueve meses. Las mujeres no pedimos ser violadas. No me siento completamente libre, esto no ha terminado», aseguró Roxana.
Tres días para ratificar absolución de Roxana
«La jueza consideró el sobreseimiento de la causa, que significa la libertad para Roxana. Sin embargo, faltan tres días para que esta resolución quede firme, porque las partes todavía podrían interponer un recurso. Por el momento estamos satisfechos, porque esto es el reconocimiento a la inocencia de Roxana», expresó Ángel Carrera, abogado defensor.
Es decir, mientras transcurren estos tres días, continuarán vigentes las medidas cautelares que mantienen a Roxana imposibilitada de salir del Estado de México y la obligan a presentarse a firmar ante las autoridades.
Al respecto, Roxana afirmó sentirse temerosa, pues ha recibido amenazas desde que buscó que su proceso fuera analizado con perspectiva de género. Personas cercanas al hombre que la agredió sexualmente la amenazan de muerte asegurando que “harán justicia por propia mano”.
A raíz de que la violencia digital contra Roxana escaló, su abogado defensor detalló que se pidió seguridad para ella y que se iniciara una carpeta de investigación. Sin embargo, aún cuando se tienen identificadas a las personas que envían mensajes amenazantes, al día de hoy la joven madre de un niño de seis años se encuentra expuesta.
Revictimización y criminalización del Poder Judicial del Edomex contra Roxana
Roxana tiene 23 años, es originaria de una comunidad indígena de Oaxaca y -como cientos de mujeres- decidió migrar para acceder a mejores condiciones de vida.
Fue así como llegó a la periferia del Estado de México, una de las zonas más abandonadas de la entidad mexiquense, misma que cuenta con dos Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) cuya declaratoria se emitió por los delitos de feminicidio y desaparición.
Ya asentada en Nezahualcóyotl, Roxana trabajaba en un puesto de papas para mantenerse a ella y a su hijo. Al ser comerciante no contaba con prestaciones o derechos básicos como salud, educación y vivienda. Así vivía su día a día.
El 8 de mayo de 2021 Roxana fue agredida sexualmente por un hombre. Para defender su vida actuó en defensa propia y el agresor perdió la vida. Asustada buscó deshacerse del cuerpo; sin embargo, fue capturada por policías municipales de Nezahualcóyotl, aún cuando en más de una ocasión refirió que había sido víctima de violencia. En ese momento comenzaron los atropellos a sus derechos.
La médica legisla no realizó el procedimiento necesario para determinar la agresión sexual contra Roxana, tampoco le suministró los antirretrovirales con el fin de reducir la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual después de la agresión.
Por su parte, los Ministerios Públicos que recibieron en un primer momento a Roxana, no actuaron en apego a los derechos humanos de la mujer, aún cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el personal cercano a víctimas debe atender con debida diligencia incorporando la perspectiva de género.
Y es que sin analizar el contexto ni tomar en cuenta la agresión sexual en su contra, tanto los Ministerios Públicos como la defensora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, decidieron enviar a Roxana a prisión.
Ocho meses pasó Roxana en prisión. Luego de ello, el 15 de febrero de 2022, el Juzgado de Control de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso otras condiciones para que Roxana siguiera el proceso en libertad, esto gracias al acompañamiento feminista y las protestas que desencadenó su caso.
El Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco intentó hacer que volviera a prisión. La defensa de Roxana presentó un amparo para evitarlo, el cual fue resuelto a favor de la mujer.
El proceso no terminaba, pues la familia de su agresor buscaba que Roxana volviera a prisión. Los días pasaron y luego de amparos y nuevas audiencias en el caso, las autoridades de la entidad determinaron el 15 de mayo de este 2023 que la mujer sí era culpable por defender la vida, aún cuando la Fiscalía General de Justicia del Edomex y un peritaje independiente concluyó que sí fue víctima de agresión sexual.
La sentencia de más de seis años de prisión a la que fue condenada Roxana provocó una serie de protestas en redes sociales y en calles de la CDMX. Esta insistencia logró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se pronunciara y decidiera analizar nuevamente el caso, para finalmente dar a conocer lo siguiente:
“Se llegó a la determinación que la conducta realizada por la sentenciada durante los hechos que se le imputaron, está exenta de responsabilidad penal, toda vez que esta Fiscalía considera que actuó en legítima defensa”, sentenció la FGJEM en un comunicado de prensa.
Fue así como se llamó a audiencia el 21 de mayo. Sin embargo, la asesora jurídica de la contraparte no se presentó a los Juzgados de control Neza-Bordo, por lo que la audiencia fue pospuesta para este martes 23, en la cual finalmente Roxana fue absuelta del delito que se le acusaba por haber defendido su vida.
Roxana enfrentó este proceso pese a que en 2019 se publicó la recomendación «Legítima defensa y violencia contra las mujeres» por parte del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en la cual se evidenció la desprotección del Estado hacia las sobrevivientes de violencia, quienes en muchos de los casos terminan en prisión por defenderse.
México, al formar parte de los países firmantes de la Convención de Belém do Pará, fue exhortado en dicha recomendación a:
- Aplicar la perspectiva de género en los procesos de juzgamiento donde las mujeres víctimas de violencia son acusadas de matar o lesionar a sus agresores en legítima defensa de sus derechos o de terceros.
- Incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas con los mismos estándares tradicionalmente utilizados para la legitima defensa en otro tipo de casos.
Finalmente, la recomendación destaca que la administración de justicia debe hacerse en consonancia con los postulados de la Convención y que, en caso de ser necesario, los Estados deben realizar la armonización legal necesaria para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Pese a ello, por más de un año los derechos de Roxana no fueron garantizados.
