Ciudad de México. La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) llamó al gobierno y a los órganos de seguridad de Afganistán a realizar las debidas investigaciones a fin de identificar y sancionar a los autores del asesinato de la periodista Malala Maiwand, atacada a tiros el 10 de diciembre.
La periodista, conductora y defensora de los derechos de las mujeres fue atacada a tiros por el grupo yihadista Estado Islámico, mientras iba de su casa a los estudios de Enikass Radio y TV, en la provincia de Nangarhar de la ciudad de Jalalabad, en Afganistán. Según el portavoz del gobernador de la provincia de Nangarhar, Attaullah Khogyan. El crimen ocurrió el Día de la conmemoración de los Derechos Humanos.
Ante los hechos, la red de periodistas solicitó al Estado afgano contribuir en la seguridad y protección de las periodistas y comunicadoras, a fin de erradicar la impunidad y la falta de atención integral a los recientes asesinatos y ataques selectivos contra periodistas y llamó a adoptar las recomendaciones internacionales en materia de libertad de expresión y derechos de las mujeres.
En el atentado de la semana pasada murieron la comunicadora y el chofer, Mohammad Tahir Khan. Tras el crimen, en un comunicado el Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque, afirmando que «los soldados del califato tuvieron como objetivo a la periodista leal al régimen afgano Malala Maiwand en la ciudad de Jalalabad con una pistola, lo cual llevó a su muerte». Posteriormente, el portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Arian, confirmó el arresto de dos sospechosos que habían sido detenidos el jueves por la noche.
Malala Maiwand era una locutora de deportes que narraba partidos de cricket para la estación provincial de radio y televisión Enikass, pero también realizaba actividades en favor de la defensa del derecho de las niñas a la educación y colaboraba en el Centro para la Protección de Mujeres Periodistas Afganas (CPAWJ, por sus siglas en inglés).
Su actividad está considerada de alto riesgo porque trabajaba en una de las ciudades donde operan grupos armados como “los talibán” del Estado Islámico. Esta agrupación profesa una política de cero tolerancia y represión contra las personas que realizan actividades que consideran atentan contra los principios del Estado Islámico.
De acuerdo al monitoreo realizado por el CPAWJ, entre los meses de marzo a noviembre del año 2020, se han registrado 18 casos de violencia contra periodistas, 10 de ellos hacia mujeres reporteras. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado el asesinato de 52 periodistas en Afganistán desde el año 2001; mientras que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó que Afganistán es uno de los países más peligrosos para los periodistas, al ocupar el puesto 122 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2020.
Este incremento, según la RIPVG, se relaciona con un patrón sistemático de amenazas y atentados selectivos contra la prensa y personas que trabajan en los medios de comunicación por parte de grupos de civiles armados; grupos dedicados al extremismo violento y al terrorismo, tales como los talibán, responsables de atentados suicidas y con bombas, que pone en riesgo la vida e integridad de las periodistas y la población, así como el derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo al Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, se registran 156 periodistas asesinados entre 2018-2019, poco más de la mitad (79 o 51 por ciento) fueron asesinados estando en servicio. Para la red de periodistas, durante el año 2020, los casos de feminicidio de las periodistas Shaheena Shaheen (Pakistán), María Elena Ferral (México) y Teresa Aracely Alcocer (México) y al que ahora se suma el de Malala Maiwand (Afganistán), evidencian las estrategias de silenciamiento hacia las mujeres periodistas y comunicadoras.
El aumento de asesinatos contra mujeres periodistas demuestra la falta de capacidad de los Estados para crear las condiciones estructurales de seguridad, protección y procuración de justicia, a fin de prevenir y atender la violencia y las amenazas específicas a las que se enfrentan las comunicadoras, con una perspectiva de género.
Por ello, la RIPVG aseguró que es importante recuperar las recomendaciones del Informe Erradicación de la violencia contra las periodistas realizadas por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, quien llamó a “aplicar plenamente las normas internacionales de Derechos Humanos relativas a la libertad de expresión y la protección de los periodistas, así como los instrumentos de derechos de la mujer relacionados con la prohibición de la discriminación y la violencia de género contra la mujer”.
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