Integrantes de organizaciones civiles de Honduras denunciaron que el pasado 10 de enero, el diputado por el Partido Nacional, Mario Pérez, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que consiste en “crear un blindaje constitucional que imposibilite legalizar la práctica del aborto, por considerar que prácticas de este tipo van en contra de la naturaleza humana”.
En un comunicado, las integrantes de las organizaciones manifestaron que el Congreso Nacional de la República de Honduras tiene la obligación constitucional de legislar dentro de la institucionalidad de un Estado de Derecho y con garantías plenas para la democracia y el ejercicio de la soberanía del pueblo hondureño.
Señalaron que el proyecto de ley impide a generaciones futuras y a una asamblea nacional constituyente ejercer su ciudadanía y sus potestades y pretende negar el derecho de mujeres y niñas a abogar por un derecho que les compete y afecta exclusivamente a ellas.
Recordaron también que ya existen sentencias sobre el tema, como las hechas el 28 de junio de 2013 (SCO-406-2013), la SCO- 1343-2014 y 0243-2015 del 22 de abril de 2015 y SCO-1165-2014 del 23 de junio de 2017 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y las interpretaciones que de él ha hecho la Corte Interamericana, que adquieren validez jurídica como fuente de derecho interno y tienen jerarquía constitucional, ya que forman parte del llamado “bloque de constitucionalidad”.
“También le recordamos que cualquier ley, reforma, reglamento o resolución judicial o administrativa no puede ser contraria a los derechos reconocidos, particularmente en los tratados internacionales como la Convención Americana, ya que en virtud del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, un Estado ‘no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado’”, señalaron en el comunicado.
Hicieron un llamado al Estado hondureño para que cumpla con su obligación de observar los estándares jurídicos y sociales mínimos establecidos por la normativa internacional y que suspenda un debate que es contrario al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
Al Congreso Nacional de Honduras le exigieron “cumplir con su responsabilidad de garantizar el goce de la justicia, la libertad, el bienestar y la dignidad humana de las mujeres y las niñas, considerando la perspectiva de género, y eliminando la práctica de promover proyectos de ley basados en argumentos morales que ignoran los estándares internacionales, los cuales permitirían orientar sus decisiones no hacia el absurdo de comparar el aborto con un asesinato y de concebir a las mujeres como simples instrumentos de procreación, sino hacia la protección efectiva de la salud, la vida y la libertad de las mujeres y las niñas”.
Cabe recordar que en días pasados, el congreso de Argentina aprobó la reforma para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación y en Chile, el congreso discutirá la misma temática, por lo que las organizaciones hondureñas señalaron que este intento es para evitar el avance como en estos países.
En 1985 en Honduras, entró en vigor el actual Código Penal que prohíbe el aborto en todas sus formas, incluso para salvar la vida de las embarazadas.
En 2014 se anunció la elaboración de un nuevo Código, y entonces las organizaciones de mujeres y movimiento feminista se aliaron para conformar, en 2016 la plataforma “Somos muchas: por la libertad y la vida de las mujeres” con el objetivo de incidir en el proceso de discusión del nuevo código para incluir tres causales:
Cuando el embarazo pone en riesgo su salud o su vida
Cuando el producto del embarazo tiene malformaciones graves que harán que se muera al nacer
En casos de violación e incesto.
Hasta la fecha el aborto sigue siendo totalmente prohibido en este país.
El documento se puede firmar aquí https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe46Cr4JpZPx7ei6spyjMN2UdXU4boI2h-SzX4ZbSQYPluQfQ/viewform
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