México ha sido desde hace años una “frontera vertical”. Las políticas trumpistas y la subordinación del gobierno mexicano empeoraron en años recientes lo que ya era un infierno para personas y caravanas migrantes: muro invisible y territorio minado. El nuevo presidente de EU ha decretado ya algunas medidas para poner fin a las aberraciones de Trump; apenas un primer paso, según organizaciones de Derechos Humanos de ese país. En México, hasta ahora, todo sigue igual.
Desde su instauración, diversas organizaciones denunciaron que el programa impuesto por Trump para que solicitantes de asilo permanecieran en México mientras tramitaban su petición, violaba las leyes de Estados Unidos y el derecho internacional. “Quédate en México” obligó a miles de personas a arriesgar su seguridad y su vida en nuestra frontera norte. Según Human Rights First, alrededor de 20 mil personas de Cuba, Centroamérica y otras regiones, llevan meses esperando, en condiciones de alto riesgo. Entre los efectos dañinos del programa, HRF menciona que se ha negado asilo a personas que no pudieron acudir a su audiencia porque “estaban secuestradas·”, otras desistieron por la violencia y otras fueron expulsadas de vuelta a su país de origen. Tener que vivir en regiones donde impera la violencia, de la que justo se ha huido, es de por sí una experiencia traumática.
Un reporte reciente de Physicians for Human Rights, especialistas en salud para quienes “la ética médica está estrechamente relacionada con la protección de Derechos Humanos”, detalla algunas de las agresiones que han sufrido en su tránsito a EU personas expulsadas de su país por violencia, pobreza y catástrofes. Con base en entrevistas a solicitantes de asilo, develan una cadena de violencias que incluyen asesinato de familiares, violaciones, secuestros y amenazas de muerte en sus países; robo, violencia sexual, extorsión y secuestro en México, perpetrados por crimen organizado y agentes del Estado; despojo de dinero, teléfonos y medicamentos a manos de agentes de EU que, además, han separado a cientos de niños y niñas de sus padres y/o madres.
La cadena de humillaciones, agravios y despojos que evidencian ésta y otras ONG no son meras fallas circunstanciales. Constituyen un sistema de desposesión basado en la discriminación y la xenofobia que ahonda la precariedad y deshumaniza a personas que huyen para salvar su vida y la de sus familias.
Tan graves son las ilegalidades de esta política anti-inmigrante, que entre sus primeros decretos, el presidente Biden determinó que no se incluya a nadie más en el programa “Quédate en México”, un primer paso al que deberán seguir, según ONG, medidas para revertir sus efectos nefastos y reparar el daño a quienes han quedado varados meses en zonas dominadas por la violencia y la inseguridad.
Aunque será imposible “reparar” el trauma infligido a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, a hombres golpeados y también secuestrados, o a niños y niñas arrancados de sus familiares, HRF, por ejemplo, ha recomendado al gobierno de Biden que informe a todos los solicitantes que podrán llevar su proceso en EU; otorgarles ahí libertad bajo palabra para que puedan vivir con familiares o amistades mientras esperan, e incluir en esa medida a quienes fueron deportados a sus países. Recomiendan también organizar la entrada de migrantes con estrictas medidas sanitarias para proteger su salud; excluir de todo el proceso al sistema carcelario que sólo ha causado más sufrimiento y favorecido la expansión de la pandemia.
Consideran además que se debe “restaurar el acceso a la protección de asilo”.
El gobierno mexicano ha sido cómplice de la negación del derecho a migrar al enfrentar a los migrantes con la Guardia Nacional y un INM corrupto: Es todavía agente de esta política de despojo y deshumanización al dejar a su suerte a miles de personas en zonas de altísimo riesgo, a sabiendas de que pueden ser secuestradas, violadas y asesinadas, como lo demostró una vez más la horrenda masacre de 19 migrantes encontrados en Camargo, Tamaulipas, terrible como antes la matanza de San Fernando, tan insoportable como los cientos de historias de mujeres y niñas secuestradas y víctimas de violación.
En vez de reconocer la gravedad de estos hechos y los grados de crueldad que quienes migran hacia EU ya han vivido, el gobierno de México las ha dejado sin protección ni ayuda humanitaria. No les garantiza ni seguridad ni libre tránsito; tampoco salud, vivienda o educación.
Por ello, además de recomendaciones a diversas agencias gubernamentales de EU, algunas semejantes a las ya mencionadas, Physicians for Human Rights incluye en su informe recomendaciones a México. Entre ellas: no aceptar a más personas expulsadas de EU mediante el programa Quédate en México, no deportar a otros países a quienes están en México, y más bien asegurar que puedan llegar al punto de inmigración de EU; “otorgar visas humanitarias y permiso de trabajo a migrantes y solicitantes de asilo y dar a no ciudadanos acceso a servicios públicos de salud de emergencia y preventiva”; así como ocuparse de “las violaciones de Derechos Humanos que empujan a solicitantes de asilo hacia la fronteras con EU, incluyendo la violencia perpetrada por agentes del Estado y no estatales, y la impunidad debida a la falta de rendición de cuentas por (esa) violencia” (trad. LM).
El gobierno de Biden deberá restaurar su sistema migratorio y reparar el daño a miles de familias. Nuestro gobierno debería asumir su propia responsabilidad y dejar su criminal negligencia.
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