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Baja California como laboratorio de las políticas de género: una apuesta necesaria

Por Marlene Solís*
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El pasado mes de enero se presentó el informe mensual sobre las acciones del gobierno federal para lograr el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. De acuerdo a los datos que se presentaron, 18 por ciento de los municipios concentran 100 por ciento de los casos de feminicidio. El municipio de Tijuana, Baja California, se encuentra en un segundo lugar, después de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 18 casos de feminicidio registrados al 31 de diciembre del 2020 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Mientras que otros tres municipios, de Baja California, forman parte de la lista de los primeros 100 municipios con presuntos delitos de feminicidio: Ensenada en el lugar 24, Mexicali en el 30, Playas de Rosarito en el 92.

Baja California figura como una de las entidades federativas con mayor número de presuntos casos de feminicidio; por cada 100 mil habitantes se registraron 1.7 casos de feminicidio, mientras que la media nacional fue de 1.44 por cada 100 mil habitantes, en 2020.

La dinámica nacional del feminicidio se ha intensificado desde 2015, al pasar de 411 a 942 en 2019 y 940 en 2020. El pico más alto se registró en el mes de diciembre del 2018, cuando se registraron 98 en todo el país.

Asimismo, del 2015 al 2019, las defunciones por homicidio en dicha entidad aumentaron; los datos para las mujeres se duplicaron: de 109 a 264 (Inegi, 2020). En este periodo, Baja California se mantiene entre las primeras siete entidades federativas con las más altas tasas de defunciones con presunción de homicidio.

Por otra parte, el pasado 17 de diciembre se presentó el estudio “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias”, editado por ONU-Mujeres. Se trata de un estudio que da continuidad a los realizados anteriormente y que cubren el periodo de 1985 a 2019. El panorama que se presenta en este estudio confirma que efectivamente la violencia contra las mujeres, se ha tornado en uno de los indicadores más preocupantes de la descomposición del tejido social, de la falta de oportunidades, de la desigualdad social y de un sistema de justicia inoperante.

En el citado informe hay dos elementos relevantes que es importante destacar, el primero es que, en los últimos años, el ámbito de mayor violencia contra las mujeres es el comunitario, tanto a nivel nacional como en Baja California. Las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) ocurridas en la vivienda han ido descendiendo desde 2015, hasta llegar al nivel más bajo en 2019, con un 29.3 por ciento. En cambio, las DFPH ocurridas en la vía pública llegaron a su máximo nivel en 2012, con un 54 por ciento, para después tener un ligero descenso hasta alcanzar un 52.2 por ciento en 2019. Ligado a lo anterior, es notorio el incremento de los asesinatos con arma de fuego, tanto en espacios públicos como privados.

Adicionalmente, derivado del confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, la violencia contra las mujeres se incrementó, los indicadores, como el número de llamadas de auxilio al 911 y la atención reportada por la Red Nacional de Refugios, muestran el agravamiento de las tensiones y la vulnerabilidad de las mujeres.

Durante la presentación del estudio referido, Leticia Bonifaz Alfonzo, quien se integró en noviembre del 2020 al grupo de expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, lanzó la idea de seleccionar una entidad federativa como un laboratorio de políticas de género. Desde mi punto de vista, el estado de Baja California presenta una coyuntura muy particular y condiciones propicias para constituirse en este laboratorio. En primer lugar, el cambio de gobierno en el estado ha abierto oportunidades para modificar la correlación de fuerzas entre un sector conservador y otro progresista.

Cabe recordar que Baja California fue el primer estado gobernado por el Partido de Acción Nacional, el cual se mantuvo en el gobierno del estado desde 1989 hasta el 2019, cuando llegó el partido de la cuarta transformación. Aunque solo ha gobernado por dos años, en las elecciones del 2021 se vislumbra que pueda dar continuidad a su proyecto, además con la posibilidad de contar con un gobierno encabezado por primera vez por una mujer.

En segundo lugar, el partido que llegue a la gubernatura estará obligado a reconocer la necesaria reorientación del gobierno hacia políticas de inclusión, empoderamiento, justicia y equidad hacia las mujeres debido a que el mecanismo de la Alerta de Género, que fue solicitada en 2015 por la Red Iberoamericana Pro derechos Humanos, y la actual solicitud que se encuentra en curso presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), han colocado en la agenda de gobierno el tema de los Derechos Humanos de las mujeres y hoy con mayor fuerza el interés por la contención de la violencia hacia las mujeres.

En tercer lugar, tanto el feminicidio como las desapariciones de mujeres han alimentado un sentimiento de dolor y hartazgo entre la población, en particular entre las mujeres por lo que se han visto en la premura de organizarse y emprender acciones públicas y colectivas para reclamar sus derechos de tal manera que las colectivas y organizaciones de la sociedad civil en Baja California, han tenido una presencia muy importante, en los últimos años.

Además, se reconoce que hay ya varias generaciones de feministas en los distintos municipios, que en conjunto, han permitido resistir a los embates de grupos antiderechos que en otros momentos contaron con apoyos y una mayor aceptación en algunos sectores de la población. En esta coyuntura, se observa una diversidad en las colectivas y organizaciones civiles que han enriquecido el debate y la acción pública, desde jóvenes universitarias, madres, obreras, migrantes, feministas con distintas orientaciones, académicas y funcionarias.

La idea del laboratorio para la transversalidad de la perspectiva de género, se sustenta por el impulso que cobran estos temas a nivel local, cuando se conjunta el interés y el seguimiento de los diferentes niveles de gobierno, con la exigencia ciudadana.

Esperemos que se logren conjuntar estas condiciones para sentar las bases, con la vanguardia en Baja California, de una transformación a favor de las mujeres y de todas las personas.

*Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales , investigadora del departamento de Estudios Sociales de El Colef . Sus áreas de investigación son trabajo, frontera y relaciones de género.

21/MS/LGL

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