Ciudad de México. Luego de 4 días de camino de Chiapas a la Ciudad de México, un nuevo grupo de familiares de víctimas de feminicidio llegó en caravana la mañana de este jueves hasta el Zócalo capitalino para exigir que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las reciba y actúe para que los asesinatos de sus hijas se investiguen como feminicidio y no como homicidio o suicidio como se hizo en la Fiscalía estatal.
La tarde de este 4 de marzo se instaló en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México el grupo de familiares de víctimas de feminicidio, integrado hasta ahora por tres madres y un padre, que exigen hablar directamente con López Obrador quien en todo lo que va de su administración, no ha querido reunirse con familiares de víctimas de feminicidio como sí lo ha hecho con otras víctimas de casos más mediáticos, como la familia LeBarón o de Ayotzinapa.
Las familias, quienes tuvieron que hacer rifas, boteos y vendimia para trasladarse a la capital del país y pedir una audiencia con López Obrador, se niegan a entregar su pliego petitorio a Oficialía de Partes o Atención Ciudadana de Palacio Nacional como siempre ocurre en estos casos, su esperanza es dárselo directamente a López Obrador para que escuche sus casos y atienda sus demandas específicas, entre ellas que las autoridades en Chiapas investiguen con perspectiva de género los asesinatos de sus hijas.
Chiapas, ubicada al sur de la República Mexicana, cuenta desde 2016 con una Alerta de Violencia de Género para 7 municipios, pero de acuerdo con organizaciones civiles de ese estado, poco ha funcionado pues la violencia no cesa. Tan sólo esta semana el Observatorio de Violencia de Chiapas reportó que durante 2020 se cometió al menos un feminicidio a la semana.
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La historia sin fin, feminicidio disfrazado de suicidio y homicidio
Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, se unió a la Caravana para exigir que la muerte de su hija el 14 de enero de 2020 sea investigada como feminicidio y no como suicidio.
Jade tenía 13 años y practicaba judo de alto rendimiento en el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 14 de enero, uno de sus compañeros llamó a Adriana para avisarle que Jade “se había matado”.
El personal de la institución deportiva, que es una instancia de gobierno dirigida por Tania Valeria Robles Velázquez, cometió varias irregularidades. De acuerdo con Adriana, además de no avisarles directamente de lo sucedido, impidieron que vieran el cuerpo inmediatamente; dijeron que encontraron a la niña en el baño y luego en la zona de patinaje; dieron nombres distintos sobre quién la encontró; y aseguraron que se colgó de un cinturón naranja cuando el papá, el policía y un intendente, la vieron colgar de un listón rojo. El intendente cambió su versión días después.
Cuando llegó la policía, ésta le dijo a Adriana que Jade había dejado una carta con la que podía responsabilizar al papá del suicidio, sin embargo, hasta ahora nadie le ha entregado esa carta; también movieron el cuerpo para que estuviera más cerca del piso. Cuando el personal forense fotografió a Jade le bajó la manga de su suéter para ocultar unos hematomas y registraron una talla y peso diferente al que tenía, entre otras irregularidades.
La carpeta de investigación de este caso se integró como suicidio por asfixia mecánica, y nunca se investigó a nadie dentro del Instituto. La policía en cambio, inició un hostigamiento contra Adriana y su esposo luego de que ella organizara manifestaciones en Chiapas para dar a conocer el caso.
En noviembre de 2020, Adriana fue una de las mujeres que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió en la Ciudad de México luego de que las madres de mujeres víctimas tomaran la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de que estallara un tercer plantón de familiares de víctimas de feminicidio afuera de Palacio Nacional.
Con este gesto, Sánchez Cordero evitó que López Obrador tuviera que hablar directamente con las víctimas como ellas lo han estado exigiendo; no obstante, esto no representó ningún avance en las investigaciones por el probable feminicidio de Jade.
Otra madre que integra esta Caravana es Maricruz Velázco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velázco, una joven estudiante de Derecho que fue asesinada el 4 de julio de 2018 después de las elecciones estatales. Ella hacía su servicio social en la campaña del diputado Carlos Penagos Vargas, quien pretendía ocupar la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Dos días después de las elecciones, la joven le dijo a su mamá y su papá que iría, por órdenes de su jefa inmediata, a la casa de campaña del candidato para hacer entrega de los materiales. Karla ya no regresó a su casa. La última vez que su familia habló con ella fue a las cuatro de la tarde, después ya no respondió el teléfono. En el transcurso de la tarde/noche, Maricruz consiguió comunicarse con dos de sus compañeros, quienes le aseguraron que pasarían a dejar a Karla a su casa. Esto nunca pasó.
Al día siguiente, Maricruz se comunicó con la jefa inmediata de Karla. La mujer dijo primero que ella había pasado a dejar a la joven a su casa y después cambió su versión para decir que se quedó en casa de su hermana y su cuñado, llamado Marvin, en la colonia Francisco I. Madero, pero que Karla salió muy temprano y no la habían visto.
Ese mismo día, pero horas más tarde, unos policías conocidos de la familia les avisaron que habían encontrado el cuerpo de una joven parecida a Karla en la Francisco I. Madero. Cuando Maricruz quiso ver el cuerpo de la joven en el Semefo, no la dejaron entrar pero pudo identificarla a través de un monitor. Tras exigir su derecho, Maricruz vio el cuerpo de su hija y pudo observar signos de violencia, como golpes, dos uñas de acrílico arrancadas, el cabello revuelto, la blusa al revés, entre otros. De acuerdo con la necropsia, la joven murió por estallamiento de vísceras y un pulmón perforado.
El 24 de julio de ese año, la Fiscalía General de Justicia de la entidad informó sobre la detención de “Marvin”, que era chofer del candidato, como responsable del asesinato de Karla; sin embargo y a pesar de los signos de violencia en el cuerpo de la joven, la Fiscalía lo acusó de homicidio simple y no de feminicidio.
Si bien Marvin está prisión preventiva, Maricruz teme que en la parte de desahogo de pruebas en las que está ahora el proceso se le conceda la libertad, toda vez que no se le acusa de asesinar con violencia a Karla sino de haber cometido un “accidente” al pasarle un coche encima.
Ambas madres llegaron a la Ciudad de México en representación de otras familias de Chiapas en la misma situación pero que no han podido llegar en la Caravana porque son de edad avanzada. Junto a la lona con el rostro de Jade y Karla también está el de la doctora Paulina Lizeth Gómez Centeno, asesinada el 21 de diciembre de 2019. A Paulina la mató su pareja pero el agresor aseguró que ella se colgó y el caso se cerró como feminicidio.
Represión contra las familias por protestar
Las mujeres acusan que estos asesinatos sucedieron cuando Luis Alberto Sánchez Sánchez, era fiscal especial para homicidios y feminicidio de la Fiscalía General de la entidad, por lo que también piden sea investigado por evitar que estos casos se indagaran como feminicidio, y por su responsabilidad en todas las omisiones.
“Queremos que Andrés Manuel López Obrador escuche el dolor, el coraje que traemos hoy en día. Ya basta de tantos feminicidios. Rutilio Escandón Cadena (gobernador de la entidad) yo no sé por qué no nos quiere recibir, por qué no nos hace caso en todo esto. Hay una Comisión de feminicidios en el Congreso del Estado, la cual yo no creo que hagan nada. Hay una Alerta de Violencia de Género pero no la hacen ni la llevan a cabo”.
madre de víctima de feminicidio en Chiapas
«Hoy nosotras como madres hemos venido hasta aquí sin el apoyo de ellas (las dependencias) sino gracias a la humanidad que nos ha apoyado, hemos hecho boteos, hemos hecho rifas. Hoy traemos hasta vender miel aquí para poder sostenernos los días que nos quedemos y terminar de pagar el carro que nada más nos vino a dejar pero para regresar aún no sabemos cómo”, explicó Maricruz en entrevista.
Antes de llegar a la Ciudad de México, la caravana pasó por las cruces rosas por las víctimas de feminicidio instaladas en el Bordo de Xochiaca, en Chimalhuacán, Estado de México. Ahí las familias se encontraron con la defensora de los derechos de las mujeres, Irinea Buendía, madre de la también víctima de feminicidio Mariana Lima Buendía, quien las acompañó hasta su camino por la Ciudad de México. Un día antes, las familias también estuvieron en Puebla, donde fueron agredidas por los policías; y un día antes pasaron por Juchitán, en Oaxaca.
Al llegar a la capital del país, se unió a la Caravana Miriam Jacqueline Palmera Rosas, madre de la joven Monserrath Rosas, quien desapareció el 24 de julio de 2020 en la Ciudad de México sin que haya avances significativos en la investigación. De acuerdo con Miriam, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX extravió el video del C5 que muestra las placas del vehículo en el que se fue la joven; la Fiscalía tenía a su resguardo estos videos para analizarlos, también se perdió un chip, parte de la carpeta de investigación y otra evidencia clave en el caso, por lo que la madre asegura que dentro de esta corporación opera una red de tratantes vinculado a la desaparición de su hija.
Mientras instalaban una casa de campaña, una persona que se identificó como César Martínez, de Atención Ciudadana de presidencia, se acercó a las familias y pidió que le entregaran el documento con sus peticiones ya que el presidente “tiene muchos asuntos que atender”. Las mamás no instalarán plantón pero no regresarán a Chiapas hasta que sean recibidas por López Obrador.
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