Según Nancy Folbre (1994), se produce una privatización de los costos del cuidado hacia las mujeres y una socialización de las ganancias, puesto que toda la sociedad, también de manera diferenciada, disfruta de los beneficios generados por el trabajo no remunerado.
Diversos estudios han mostrado que, si los costos del cuidado se incorporaran en los salarios, estos últimos experimentarían un aumento sustancial. Por lo tanto, en la región existe un vínculo entre el trabajo no remunerado y el trabajo mal remunerado que constituye uno de los elementos que conforman, reproducen y profundizan la desigualdad social y de género en América Latina.
La pandemia de Covid-19 está agudizando las desigualdades de género, se aprecia nítidamente en el mercado laboral. Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por los efectos de la pandemia, la tasa de desocupación de las mujeres a nivel regional podría ubicarse en alrededor del 15.2 y la de los hombres, en un 12.3 por ciento, al cierre de 2020, comparadas con un 9, y un 7.1 por ciento, respectivamente en 2019.
Se proyectaba además que el número de mujeres en situación de pobreza alcanzaría la cifra de 118 millones en 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): “Panorama Social de América Latina, 2020”. Y habría que señalar, normalmente las cifras de pobreza de Cepal son menores a las que se producen a nivel nacional.
Abordar el tema de pobreza en las mujeres lleva forzosamente a dos cuestiones centrales: su condición laboral, llámese esto nivel de ingresos, discriminación o nivel de desempleo, así como a la economía de cuidados; debido a la división sexual del trabajo que prevalece ésta descansa en las mujeres, representa una transferencia social para la fuerza laboral y su sostenimiento y, un factor de desigualdad económica y de género.
El desempleo significa pérdida de ingresos propios para las mujeres y eso conlleva a una mayor dependencia, además que amplía las desigualdades de género. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), si bien el dempleo provocado por Covid-19 ha sido muy negativo para todo el país, es en las mujeres donde se ha concentrado y pese a que ya se recuperaron parcialmente los niveles de empleo, para ellas sigue siendo muy fuerte demostrado al comparar las cifras de enero 2020-2021 (veáse gráfica).
Al analizar el desempleo por periodos de duración se observa claramente que en el universo femenino éste ha durado más que el masculino. En el lapso de más de 1 mes hasta tres meses (para enero de 2021), el femenino era de 29.64 y el masculino 22.91 por ciento una diferencia muy grande, y lo mismo sucede en el desempleo de más de un mes hasta un año, que abarca un amplio período sin ingresos y sin trabajo. Conforme a la información proporcionada por Enoe-Inegi.
De ahí que la falta de ingresos por desempleo y la sobrecarga de trabajo de cuidados que han provocado la crisis económica y la pandemia son puntos neurálgicos para explicarse este crecimiento de la pobreza en las mujeres.
¿Qué se ha hecho para afrontar esta fuerte realidad?
Según la Cepal frente a las consecuencias negativas de la pandemia sobre la ocupación, los países están implementando una serie de medidas de protección para las y los trabajadores formales, por ejemplo, garantizando sus ingresos ante el despido o manteniendo la relación de trabajo.
Entre estas medidas se destaca la ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, la mejora en el monto de las prestaciones o la extensión del período durante el que se pueden recibir.
En Chile, la Ley núm. 21.227 permitió el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley núm. 19.728 bajo circunstancias excepcionales, como el cierre temporal de empresas o los acuerdos de suspensión de los contratos o de reducción temporal de la jornada.
Bajo esta modalidad, la o el trabajador, recibe ingresos provenientes del seguro de cesantía, mientras que el empleador debe seguir pagando las cotizaciones previsionales y de salud.
En el caso del Caribe, los seguros de desempleo que ya existían en Barbados y las Bahamas desde 1981 y 2009, respectivamente, se han complementado en el contexto de la crisis, con prestaciones temporales para trabajadores por cuenta propia. En Barbados se implementó una prestación (Business Cessation Benefit) para trabajadores por cuenta propia que si bien realizaban aportes al Servicio Nacional del Seguro Social, no eran elegibles para recibir prestaciones por desempleo.
En 2020, 28 países también anunciaron 75 medidas para apoyar de manera directa a las personas y las familias mediante la reducción de sus gastos. 58 por ciento de estas medidas, implementadas en 24 países, corresponden a facilidades de pago, por ejemplo, relacionadas con el aplazamiento del pago de cuotas de créditos e hipotecas, la readecuación y el refinanciamiento de préstamos, la exención de pagos o la suspensión de intereses de mora y multas, así como medidas para el pago de los arriendos de viviendas.
Además, 17 medidas en 13 países han otorgado alivios tributarios, principalmente mediante la exoneración de multas en el pago de impuestos, la suspensión de fechas de cobranza y de remates por falta de pago, y la postergación del pago de impuestos hacia el término del período de la cuarentena.
Por último, en 10 países se han planteado un total de 14 medidas para el establecimiento y control de precios que incluyen el control de precios de los productos de la canasta básica y, en menor medida, la prohibición de aumentos en los precios de los alquileres.
En México estas medidas contracíclicas prácticamente son inexistentes, por lo consiguiente las consecuencias negativas de la crisis y de la pendemia en salud son mayores para el país, y de manera muy específica para las mujeres.
Ahora bien, uno de los sesgos de género que existen en el diseño de políticas públicas para enfrentar las crisis económicas se relaciona con la idea de que el trabajo remunerado de las mujeres constituye un aporte secundario al ingreso familiar. Por contrapartida, el sesgo del “varón proveedor” presupone que existe una mujer cuidadora, y se expresa de las siguientes formas:
• Priorización de los sectores masculinizados en las políticas de generación de empleo (construcción, energía, entre otros);
• Condicionalidades en los programas de transferencias que cuentan implícitamente con el tiempo de las mujeres, y
• Ausencia de políticas que permitan una redistribución efectiva del trabajo de cuidado.
Al no incorporarse una perspectiva de género en las acciones de respuesta, se podrían profundizar las desigualdades de género. El diseño de respuestas centradas en el análisis de la economía del cuidado puede contribuir a que se mejore la calidad del empleo en el sector, se incentive la producción en otros sectores y se promueva la aspiración a un desarrollo sostenible con igualdad.
Quien cuida asume responsabilidades hacia la otra persona y realiza diferentes tipos de esfuerzos físicos, mentales y emocionales. El cumplimiento de esta responsabilidad crea un vínculo emocional entre quien cuida y quien recibe el cuidado.
En México como en otros muchos países el cuidado está feminizado y no es remunerado, es indispensable que el Estado tome cartas en el asunto y construya o fortalezca un andamiaje social de cuidados, institucional, que soporte el trabajo femenino y haga posible una sociedad más igualitaria. ¡Otro mundo mejor es posible!
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