Ciudad de México. Después de que el Estado colombiano acusó a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de falta de objetividad e imparcialidad en el juicio por el secuestro, violación y tortura sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima, ocurrido el 25 de mayo del año 2000, este martes los representantes de aquel país pidieron perdón a la víctima.
En la última audiencia en línea que se realizó por este caso ante la Corte Interamericana, este 23 de marzo, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien días antes acusó a los jueces de falta objetividad, reconoció la responsabilidad de Colombia por la falta de debida diligencia en las investigaciones de las amenazas contra la periodista en 1999 y su posterior secuestro y violación sexual.
Sin embargo, el funcionario pidió no desconocer los esfuerzos de su país para defender los derechos de las mujeres y proteger la libertad de prensa. “Aquí el Estado no es el enemigo, son los perpetradores y los violentos”, declaró en la última de tres audiencias que se realizaron el 15, 22 y 23 de marzo.
En contraste con esta declaración, la periodista y su defensa legal sostuvieron que fue secuestrada gracias a la colusión entre jefes policiales y de grupos paramilitares. Además las indagaciones personales de Bedoya encontraron que fue atacada como mensaje de lo que les pasa a los periodistas que investigan lo que no deben.
Una vez concluida la audiencia, la periodista dio una conferencia de prensa en la que aseguró que el perdón parcial que ofreció el Estado fue «una bofetada más. Reconocer solamente que en 12 oportunidades me hicieron declarar mi violación, que no hubo investigación en las amenazas y que no admiten las reparaciones que yo he presentado es como los casos que denuncio todos los días, donde el marido golpea a la mujer y al otro día le dice ‘perdóname, te quiero pero estaba de mal genio’. Eso es lo que el Estado ha hecho conmigo ante la Corte»,
Bedoya consideró que «un perdón total es reconocer que hay una ausencia de todas las líneas de investigación pero, sobre todo, de todo el apoyo que se le puede dar a una mujer que ha sufrido la peor violencia que se pueden ensañar contra un ser humano, la violencia sexual».
En el año 2000 la periodista realizaba una investigación sobre la cárcel Cárcel Nacional Modelo. A propósito de estas indagatorias, agentes de la policía le sugirieron entrevistarse con jefes paramilitares en la cárcel. El encuentro, el 25 de mayo de ese año, fue una trampa para secuestrarla. El crimen en su contra no fue investigado.
No es hora de callar
En la última audiencia ante los jueces, Jineth Bedoya reiteró que no es hora de callar. “Se nos ha dicho a las mujeres, de todas las formas posibles, que somos propiedad de alguien y que se nos debe corregir y castigar para que seamos correctas. Una de esas formas es la violencia sexual, que en Colombia alcanza el 98 por ciento de impunidad”.
Después de más de 20 años de buscar sanción a sus agresores, este martes la periodista pidió a la Corte Interamericana que ordene al Estado colombiano publicar datos desglosados sobre violencia de género y violencia contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, a fin de ayudar a comprender los obstáculos que impiden la justicia.
Bedoya hizo esta petición porque aseguró que la violencia en su contra frenó la posibilidad de que cientos de víctimas visibilizaran sus historias a través del trabajo periodístico que realizaba, y con ello no se pudo evidenciar las graves violaciones que ocurrían en aquella cárcel colombiana que permanece en funciones.
La también defensora de Derechos Humanos pidió que en la próxima resolución que emita la Corte Interamericana, que podría tardar varios meses, se recomiende al Estado investigar las amenazas en su contra, que se le garantice protección para ella y su madre y se cierre y reivindique la cárcel Modelo, donde fue secuestrada.
En la etapa final de alegatos la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que acompañó la denuncia ante el tribunal internacional, Viviana Krsticevic, destacó que en estas audiencias se escuchó la historia de coraje y valentía de una periodista y defensora que ha enfrentado a grupos de poder, la ilegalidad y la injusticia en Colombia.
El testimonio de Bedoya, dijo, amplificó la voz de miles de víctimas de violencia sexual porque se presentó con la convicción de que la justicia transforma y que su dolor y reclamo puede ayudar a cambiar una realidad que silencia, discrimina y desampara.
De acuerdo con Cejil, el testimonio de una sobreviviente de violencia, junto con el de dos periodistas que se presentaron como testigos, da cuenta de lo que ha vivido una periodista que documentó violaciones a Derechos Humanos desde una cárcel, y con ello reveló vínculos de poder dentro y fuera de ese lugar.
En 20 años, desde que ocurrió el crimen, Bedoya ha vivido amenazas, agresiones y atentados, todo ante el desamparo y hostigamiento judicial. Viviana Krsticevic destacó que pese a que el Estado conocía los riesgos que vivía la reportera no adoptó medidas de protección ni investigó los hechos de tortura sexual, por el contrario trató de silenciarla.
La representante de Cejil consideró preocupante que el Estado de Colombia no reconozca ni acepte sus responsabilidades, salvo el hecho de hacerla declarar en 12 ocasiones. Expuso que en la actitud del Estado colombiano en las audiencias, al hacer cuestionamientos infundados y retirarse de manera esperada en la sesión del 15 de marzo, pretendió socavar la legitimidad de la Corte y silenciar y revictimizar a la víctima.
En este contexto, Krsticevic destacó que Colombia es uno de los países con uno de los niveles mas alarmantes de violencia sexual, su propia Corte Constitucional, recordó, ha reconocido la existencia de esta práctica de forma habitual, extendida, sistemática e invisible en el conflicto armado colombiano.
Acoso contra periodistas
La directora de Cejil expuso que a través de peritas expertas se identificó que las mujeres periodistas están en el epicentro del riesgo, un riesgo generado por su género y su profesión. En estos casos el uso de la violencia sexual se suma a las amenazas, estigmatización y acoso, actos que se ejercen para inhibir el ejercicio periodístico y con ello el debate sobre violaciones a Derechos Humanos y actos de corrupción.
Por ejemplo, la abogada y ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que en Colombia la prensa fue sistemáticamente atacada por actores del conflicto armado, quienes recurrieron a la violencia sexual como arma de silenciamiento, intimidación y control. Además, previo a la violación sexual de Bedoya ocurrieron asesinatos de periodistas.
La misma periodista, Jineth Bedoya, declaró en su testimonio que en su país 6 de cada 10 mujeres periodistas sufren acoso, persecución y estigmatización, y 8 de cada 10 deciden censurarse para no ser víctimas de violencia. A esto se suma la impunidad.
El director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), organización que junto con el Cejil lleva la defensa legal de la periodista, Jonathan Bock, expuso que Colombia no cumplió con su responsabilidad de prevenir la violencia contra Bedoya y recordó que antes del 25 de mayo del 200 ella fue amenazada, incluso en estas audiencias el Estado aceptó que conocía el riesgo en el que vivía la ahora víctima.
Bock mencionó que desde que ella comenzó a cubrir temas judiciales recibió amenazas por teléfono, personalmente y hasta le mandaron un animal muerto. Estas amenazas alcanzaron a compañeros periodistas, pero cuando reportó los hechos ante instituciones del Estado, lo único que se le entregó fue una cartilla de seguridad y una comunicación de una Unidad especializada en Derechos Humanos donde se le informó que los periodistas no eran parte de la población sujeta de protección.
Después de esta audiencia viene un periodo de análisis, por lo que se espera una sentencia en los próximos meses. En tanto, este 24 de marzo la Corte Interamericana ordenó al Estado colombiano implementar, de forma inmediata, todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Jineth Bedoya Lima y su madre, Luz Nelly Lima.
21/AGM/LGL
