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¿Por qué acceder a la justicia en México es una carrera de obstáculos?

Por Edith González Cruz

“El sistema abreviado, cuando lo aceptas, estás aceptando que cometiste el hecho. Entonces, aunque no lo cometas, y aunque no lo cometí, pues tienes que aceptar y decir: ¿sabes qué? pues si me das veinte, pues mejor me quedo con ocho”. Mujer imputada por homicidio

Ciudad de México.- La organización Data Cívica publicó el informe “El acceso a la Justicia en México: una carrera de obstáculos. Reporte de investigación. Usos y abusos del procedimiento abreviado para las usuarias del sistema de justicia en México” el cual revela que el principal cuello de botella para acceder a la justicia se presenta en la etapa de investigación, lo que afecta a todo el procedimiento penal, ya que si en la primera etapa no se garantiza a las personas que el proceso es apegado a la ley, es muy probable que el resto estará viciado. Esta etapa es cuando se integra la carpeta, después de esto difícilmente se va a recolectar más información.

El acceso a la justicia en México es casi imposible, más si eres mujer, si tienes hijas o hijos, si eres pobre, si eres el sostén de tu familia, si eres de las zonas más alejadas de las principales urbes, si eres indígena, si eres joven, etc., generalmente las mujeres que enfrentan el sistema de justicia -por hechos cometidos o no-, deben librar una cadena de obstáculos para acceder a este derecho.

Por otra parte, al 75 por ciento de las personas privadas de la libertad no se les informa sobre el delito que se les imputa cuando les detienen, así como tampoco hay precisión sobre el objetivo de las audiencias posteriores, lo cual está fuertemente vinculado al acceso a una defensa inadecuada.

Este informe muestra los puntos ciegos de la rendición de cuentas de las autoridades, tanto en Fiscalía como en Poder Judicial, puntos que no permiten analizar con rigor estadístico dichos obstáculos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, particularmente, en relación a los procedimientos abreviados.

“Solo detectando dónde “no funciona” el sistema de justicia mexicano podremos empezar a entender por qué no funciona y presentar evidencia que permita remediar la falta de acceso a la justicia. Atender los obstáculos para el acceso a la justicia es crucial para el fortalecimiento del Estado de derecho en México, ya que, las deficiencias del sistema desincentivan la denuncia e impulsan la ya extendida situación de impunidad, además de dificultar la posibilidad de reparación para las víctimas” indica el informe.

Alguno de los obstáculos identificados, luego del análisis de varios casos, están: la falta de recursos presupuestales, deficiencias institucionales, requisitos formales excesivos, baja disponibilidad de defensas públicas, elevados costos de los procesos administrativos y judiciales, entre muchos otros. Luego entonces, las consecuencias de estos obstáculos son la revictimización y el abuso del procedimiento abreviado.

11 ataques sexuales contra 1

En lo correspondiente a delitos sexuales, las mujeres fueron las más vulneradas, con una tasa de incidencia de 3 mil 470 delitos por cada 100 mil, en el caso de los hombres, fue de 330 por cada 100 mil. Es decir, hay 11 delitos sexuales contra mujeres por 1 contra hombres.

El informe es esencial en un país donde reina la violencia e impunidad contra las mujeres. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2023), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 hay 11 delitos sexuales contra mujeres por 1 contra hombres y, del total de delitos cometidos el año pasado, sólo 10.9 por ciento se denunció, 92.4 por ciento no se investigaron, lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra.

En lo correspondiente a delitos sexuales, las mujeres fueron las más vulneradas, con una tasa de incidencia de 3 mil 470 delitos por cada 100 mil, en el caso de los hombres, fue de 330 por cada 100 mil. Es decir, hay 11 delitos sexuales contra mujeres por 1 contra hombres.

Por otra parte, entre los delitos más comunes, como fraude, robo o asalto en la calle o transporte público, la cantidad de mujeres que fueron víctimas de alguno de estos delitos sumaron 21 mil 675, contra 23 mil 648 en el caso de los hombres.  

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La ENVIPE revela que las razones para no denunciar delitos se atribuyeron a la autoridad en 59 por ciento; otras causas ocupó 40.3 por ciento. De las causas atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron: pérdida de tiempo, con 31.5 por ciento; desconfianza a la autoridad, 14.7 por ciento y trámites largos y difíciles, con 8.8 por ciento. Dentro de otras causas, los motivos más comunes fueron: falta de pruebas, porque se consideró un delito de baja importancia y por miedo del agresor (11.9, 11.2 y 5.7, respectivamente).

Al respecto, el documento señala que “El acceso a la justicia es un elemento clave para el desarrollo. Cuando el acceso a la justicia es diferenciado, los sistemas de justicia dejan de ser instancias de empoderamiento y se convierten en perpetuadores de la discriminación y la desigualdad, exacerbando la posición de vulnerabilidad de los grupos más desprotegidos de la sociedad”.

El procedimiento abreviado es una figura procesal que forma parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que entró en vigor en toda la República mexicana el 18 de junio de 2016. Es considerado como una forma de terminación anticipada, en la que la persona acusada acepta ser juzgada con base en los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en la investigación.

Se planteó como una alternativa para resolver los procedimientos vigentes, acelerar la impartición de justicia y desahogar la carga judicial. Si bien la terminación anticipada permite incluso la aplicación de medidas alternativas a la cárcel, al menos en la letra, aceptadas por la víctima, junto con la reparación que estimen los representantes del Estado, su abuso va en detrimento de los derechos de las personas imputadas toda vez que, aunque pueda significar menos tiempo en prisión o la posibilidad de evitarla, siempre implica aceptar la comisión de un delito, se haya cometido o no.

“Los testimonios de víctimas y personas sentenciadas con este recurso legal, recogidos para este estudio, muestran que el principal obstáculo para el acceso a la justicia se genera en la etapa de investigación, tanto inicial como complementaria, en los datos de prueba”, indica el informe de Data Cívica.

La construcción adecuada de los datos de prueba dependen de elementos, que por lo analizado, se hacen mal, como: falta una debida investigación, existe rezago tecnológico, falta de infraestructura y de recursos materiales y se privilegia la disuasión pasiva, es decir, la ineficiencia en la operación del procedimiento termina por hacer que se abandone el proceso o se desista.

“De manera recurrente se realiza un acortamiento del proceso o “atajo” en el curso de la investigación al ejercer presión a las personas usuarias a proporcionar información para construir la carpeta de investigación, no mediante la recolección de datos. Como parte de esta problemática podría considerarse la fabricación de delitos, en donde se omiten y/o tergiversan los datos de prueba para formular la imputación de un delito”.

A partir de la experiencia de las personas usuarias del sistema de justicia y de manera sintetizada, más no obligatoria, la organización identifica cinco ‘momentos de un proceso penal’ que son:

1) la detención o cuando se cita a una persona frente al Ministerio Público;

2) cuando la Fiscalía abre una carpeta de investigación;

3) corresponde a la primera instancia, es decir, cuando ya existe una vinculación a proceso frente a un juez en tribunales;

4) segunda instancia, es cuando se acude a un tribunal superior del Poder Judicial, ya sea por un amparo o un recurso ordinario y

5) cuando se dicta una sentencia y se le ejecuta.

Estas cinco fases son en lo general, porque no todas las personas transitan por los cinco momentos de la misma manera. Lo que sí es un lugar común es la falta de información sobre su proceso de justicia, sus derechos, tiempos, instancias de apoyo y lenguaje entendible (no jurídico) para todas las personas.

El informe “El acceso a la Justicia en México: una carrera de obstáculos. Reporte de investigación. Usos y abusos del procedimiento abreviado para las usuarias del sistema de justicia en México”, fue elaborado por Data Cívica en el marco del Proyecto para el Fortalecimiento de la Justicia Federal para los Derechos Humanos en México, implementado entre el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en México.

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