Hace unos días conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las calles de este país se pintaron de violeta y las voces de miles de mujeres hicieron eco, por ellas, por ti, por mí, y por las que ya no están.
Este país, esta sociedad, no puede seguir impávida frente al incremento de la violencia contra las mujeres, y la invisibilidad de las violencias contra las migrantes. Acceder a la justicia en México es casi imposible, los datos nos dicen que el 98 por ciento de los casos denunciados permanecen en impunidad; y para las migrantes se vuelve una utopía en la mayoría de los casos, o por el contrario denunciar es un proceso tortuoso porque su derecho a la justicia se ve supeditado a un documento migratorio.
La falta de acceso a la justicia para las mujeres migrantes es alarmante, considerando el aumento en los números de las migrantes transitando y viviendo en México. Hasta septiembre de 2023, el Instituto Nacional de Migración realizó 501 mil 709 eventos de detención de personas migrantes, de los cuales 151 mil 669 fueron de mujeres, lo que representa un incremento del 74 por ciento en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2022.
En cuanto a delitos, entre 2021 y el primer semestre de 2022, se contabilizaron 5 mil 382 delitos cometidos en contra de personas migrantes, de los cuales el 20 por ciento fueron contra mujeres. Los delitos más frecuentes fueron el abuso sexual, la violencia familiar, el secuestro y el feminicidio.
Del total de los delitos cometidos, solo 116 resultaron en una sentencia definitiva, aunque no necesariamente condenatoria, lo que representa una tasa de efectividad en el acceso a la justicia para la población migrante de apenas el 2 por ciento, muy parecida a la tasa nacional. Aunque de vez en cuando una pequeña luz de esperanza aparece, y se convierte en el impulso para seguir luchando por las niñas, las adolescentes y las mujeres migrantes en México.
El pasado 19 de octubre, Lucía, una adolescente migrante, pudo acceder a la justicia y la reparación del daño. El Tribunal de Juicio Oral Penal de Tulum, Quintana Roo sentenció a 10 años de prisión al hombre que abusó sexualmente de ella. La sentencia también contempló el pago de la reparación del daño, el cual será establecido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo.
Lucía fue víctima de violencia sexual en este país. Ella, junto con su hermana y su madre migraron huyendo de la violencia de género en El Salvador. En México su suerte no fue distinta. La política migratoria mexicana no le dio la oportunidad de regularizar su estatus migratorio o de ser reconocida como refugiada. Su madre fue víctima de feminicidio.
La adolescente decidió denunciar el abuso que vivió, enfrentar a su agresor y al sistema de justicia mexicano. El proceso no fue sencillo, duró dos años y se requirió de la suma de voluntades. Este juicio permitió articular una ruta de acceso a la justicia transnacional que involucró a autoridades salvadoreñas, como la Corte Suprema de Justicia, a través del Instituto de Medicina Legal; y a las autoridades mexicanas, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo.
Esta articulación, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, fue fundamental para que se hiciera justicia y generar un ambiente seguro donde Lucía pudo participar en el proceso legal, y cuidar su salud psicoemocional.
Este logro, producto del litigio estratégico que realizan Asylum Access México (AMXX), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Fundación para la Justicia (FJEDD), y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), es parte del trabajo conjunto que desde hace más de un año articula este consorcio de organizaciones para la defensa integral de los derechos de las mujeres migrantes víctimas de violencias de género, a través de la representación legal gratuita, servicios psicológicos, médicos y orientación sobre trámites migratorios, con la finalidad de que las niñas, las adolescentes y las mujeres migrantes accedan a la justicia en México.
Este caso nos inspira a seguir trabajando para que ninguna niña o adolescente migrante en el país vea obstaculizado su acceso a la justicia, además de fomentar la cooperación internacional en casos de violaciones a derechos humanos contra personas migrantes. Esta sentencia condenatoria da un mensaje contundente: las niñas y las adolescentes no se tocan, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, y si eso sucede habrá justicia y reparación del daño hasta que la dignidad se haga costumbre.
El 25 de noviembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde entonces, cada año se vuelve una oportunidad para recordarle al gobierno mexicano que la vida de las mujeres, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, importa y que su compromiso es garantizarles una vida libre de violencia a través de mecanismos, políticas y acciones concretas.
