Puebla, Pue. Una educación sexual con perspectiva de género y con información científica es un derecho de las infancias y adolescencias, sobre todo para prevenir la violencia sexual en contra de estos grupos y que deriva en embarazos no deseados y abortos inseguros, fue el resumen de la discusión del eje Derechos sexuales y reproductivos en la familia y la niñez, durante el Parlamento sobre el aborto en Puebla.
La discusión se desarrolló durante los días 8 y 9 de abril, con la participación de Adriana Jiménez Patlán, Karla Miriam Mayagoitia, María Fernanda Pérez Pérez, Malinalli García Ruiz, Eros Altamirano Lugo, Sabrina Gaucher Troncoso, Natalí Hernández Arias, Martha Patricia Ortega Medellín, Julieta Zacatenco Herrera y María Luisa Galicia Morales, por parte de las organizaciones, colectivas y especialistas que están a favor de los derechos humanos de las mujeres.
El jueves 8 de abril, Jiménez Patlán, representante de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, manifestó que para reconstruir
el tejido social se debe poner énfasis en los derechos de niñas, niños y adolescentes, para evitar así que sean blanco de distintas violencias y, entre ellas, la violencia sexual. Desde su punto de vista, una parte fundamental para ello es la impartición de la educación sexual integral, tal cual lo marca el artículo 3 de la Constitución Mexicana.
Además de ello -dijo Adriana Jiménez- se debería garantizar que las niñas y adolescentes que sean víctimas de violencia sexual y como consecuencia de ello presenten un embarazo, accedan a las interrupciones legales, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal 60 por ciento de los agresores son mayores de 20 años o más, lo cual significa que la relación sexual no siempre fue consentida por la menor de edad.
Por su parte, María Fernanda Pérez destacó que una educación sexual integral impacta directamente la vida de las y los jóvenes, así como
en su desarrollo personal, por ello no sólo es importante que tengan acceso a métodos anticonceptivos, sino también información clara,
concisa y científica que les ayude a tomar decisiones.
Para María Fernanda, de Red Define, el embarazo adolescente es uno de los resultados de la falta de información sexual, pero también de
cuestiones sociales y de clase, ya que no todas las personas tienen el mismo acceso a los métodos anticonceptivos. Por ello, sería importante garantizar el aborto legal, seguro y gratuito, pensando en aquellas niñas y jóvenes que viven violencia sexual o que están en entornos de pobreza, que les impiden ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.
Malinalli García expuso que el Estado mexicano es laico y por ello desde el Congreso de Puebla se debe legislar dejando de lado las
creencias religiosas y tomando el marco jurídico de Derechos Humanos a la no discriminación, al interés superior de la niñez y reconocimiento de las capacidades de las infancias, dependiendo de sus intereses y necesidades. Recordó que iniciativas como el PIN parental no sólo son inconstitucionales, sino que vulneran los derechos de las infancias al no reconocerles como sujetas de derechos.
En su ponencia del 9 de abril, la académica Sabrina Gaucher expuso que no basta con vivir, sino que las niñas y adolescentes necesitan una
vida digna y ello significa no tener miedo del violentador, no dejar de estudiar para ser madres o no arriesgar la vida en el parto, de
allí la importancia de que la maternidad sea deseada. “Con esta sociedad violenta, misógina, no basta con desear, se requiere con urgencia condiciones para maternar a plenitud y dignamente”, agregó.
Julieta Zacatenco manifestó que no está a debate de la vida de las mujeres que dicen abortar o el rumbo de sus vidas, sino las condiciones de desigualdad con que lo hacen y por ello el diálogo debería estar centrado en la cobertura universal de salud, así como la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, durante la pandemia se incrementó el porcentaje de menores de edad y mujeres víctimas de abuso sexual y violación, de allí la urgencia de que se legisle a favor de la salud y los derechos de las mujeres.
Por su parte, Natalí Hernández sostuvo que los hogares muchas veces no son lugares seguros para las mujeres y se debe eliminar la violencia que allí se reproduce, donde tíos y primos son los principales violadores de niñas y adolescentes. “La familia cómplice, la familia que calla y que no protege a las víctimas, de esas también hay que hablar cuando hablamos de los derechos sexuales y
reproductivos en la familia y la niñez”, dijo.
Por eso es fundamental el cumplimiento a la NOM046 para garantizar el acceso a los servicios de salud e interrupciones legales de los
embarazos a las niñas y adolescentes que vivan violencia sexual, pero además comprender por qué muchas de las víctimas no denuncian el abuso o la violación: la falta de información, el desconocimiento de sus derechos, las dinámicas familiares los estigmas y la relación con el
violentador.
21/SPG/LGL
