La violencia contra mujeres y niñas es un problema de salud pública en todo el mundo. Así lo han reconocido Naciones Unidas y la OMS. Es también una violación a los Derechos Humanos, que los Estados deben prevenir, sancionar y evitar, conforme a un marco internacional cuyos lineamientos unos países respetan más que otros.
México es uno de los peores países para las mujeres por el machismo y la violencia que se ejerce contra ellas. Plantear que en Afganistán están peor o que en España también hay feminicidio sería un despropósito. Trivializar violaciones de Derechos Humanos que afectan más a un sector de la población femenina porque en otros «también suceden», con variantes, es errar en el diagnóstico y evadir dar respuesta a quienes, además de hondas desigualdades, sufren todo tipo de agravios
Gobiernos van y vienen y la situación de las mujeres y niñas mejora poco. En vez de diseñar e instrumentar políticas públicas integrales, se han tomado medidas fragmentadas, sin coordinación ni evaluación. Así, se han creado organismos para la protección de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, que podrían avanzar más si todas las instancias que las conforman estuvieran mejor coordinadas, si existiera un compromiso real con la igualdad y la justicia en todos los niveles de gobierno, y si la sociedad fuera menos tolerante hacia la violencia machista y hacia la negligencia gubernamental.
Sin duda se han logrado avances pero éstos son relativos e insuficientes ante la gravedad de las desigualdades y de una violencia que no sólo proviene de la criminalidad organizada o común, y de una sociedad machista, sino también de la indiferencia estatal, agudizada desde 2018, hacia las necesidades y demandas de las mujeres y las niñas.
Los problemas que enfrentamos son alarmantes. La situación de niñas y adolescentes es desoladora. Según el «Sexto y Séptimo Informe combinado de cumplimiento de la convención de los derechos de los niños» (octubre 2020, SIPINNA), 49.6 por ciento de niños, niñas y adolescentes vivía en la pobreza en 2018 – antes de la pandemia y del empobrecimiento actual.
Delitos contra menores de 18 años, como la «corrupción de menores», la extorsión, el feminicidio, los delitos contra la libertad, la vida y la integridad, aumentaron en 2018 y 2019. La violencia sexual contra NNA, cuyas víctimas son sobre todo mujeres, aumentó casi al doble entre 2015 y 2019. Los delitos de tipo sexual documentados en este informe incluyen: abuso sexual, violaciones, pederastia, acoso y hostigamiento sexual, pornografía infantil, trata con fines de explotación sexual y prostitución.
Ni la niñez de 0 a 4 años escapa a estas infamias. Por otra parte, las tasas de embarazo adolescente han descendido, pero son más altas, por mucho, entre niñas y adolescentes indígenas, en un país donde apenas si se habla del incesto o del matrimonio forzado, y donde el aborto se ha negado a niñas de 9 años, una tortura.
El aumento de estas violencias se relaciona en parte con el ascenso de la violencia del crimen organizado, lo cual no la justifica sino sugiere la urgente necesidad de combatirla y no tolerarla. También se debe a las fallas del sistema de justicia y a la omisión gubernamental ante desigualdades estructurales, como la discriminación.
Así lo sugirió en 2018 el Comité CEDAW que, entre otras observaciones a México, lamentaba que por «falta de mecanismos eficaces» y de presupuestos adecuados para promover la igualdad de género, no se hubiera puesto fin «a la discriminación […] en particular a la que afecta a las mujeres indígenas, las afromexicanas», entre otras.
También planteaba la necesidad de realizar «amplias campañas de concienciación para contrarrestar las actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz» (antes de los 18 años) e implantar «mecanismos de registro de todos los matrimonios, especialmente en las zonas rurales y remotas y en las poblaciones indígenas».
Si bien la venta de niñas y matrimonios forzados o matrimonios de menores de edad no son lo mismo, la normalización del matrimonio temprano (o del concubinato para el caso), puede facilitar la aceptación de esta práctica.
Las violencias que infligen la venta de niñas, la trata – que las afecta en particular- el incesto, el abuso sexual y todas las violencias que mutilan la vida de niñas y adolescentes, en distintas formas y grados, en todo el país, exigen un compromiso serio del Estado con todas las mujeres, no invocar «valores» ni minimizar el machismo que afecta más a las más vulnerables.
21/LMP/LGL
