Ciudad de México.- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene hasta este sábado 5 de junio para echar atrás la Ley de Salud que propone limitar a 20 semanas de gestación el acceso al aborto para víctimas de violación en la Ciudad de México, de no hacerlo, el Congreso de la Ciudad tiene la facultad de publicarla tal como está, lo que significa un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres.
Como Cimacnoticias documentó en notas pasadas, en la capital del país se prepara una nueva Ley de Salud en la que se propone establecer un límite de 20 semanas para que las víctimas de violación interrumpan un embarazo. Esta ley ya fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México pero aún espera observaciones por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Al respecto, la Coordinadora del área de incidencia y acceso comunitario en Ipas CAM, Fernanda Díaz de León, explicó en entrevista con Cimacnoticias que el pasado jueves 27 de mayo, diversas organizaciones civiles feministas, entre ellas Ipas, se reunieron con diversas funcionarias y funcionarios federales y de la Ciudad de México para explicarles por qué la nueva Ley de Salud es regresiva con respecto a los derechos de las mujeres.
En esa reunión participó la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann; la titular de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, Ingrid Gómez Saracíbar; la titular de la Secretaría de la Salud de la CDMX, María Guadalupe Moreno Saldaña; así como el Consejero Jurídico de la capital, Néstor Vargas.
De acuerdo con Díaz de León, en esta reunión las organizaciones pidieron que la jefa de gobierno emita comentarios al decreto de la Ley de Salud y solicite concretamente eliminar la nueva definición de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en la que se establece un límite de hasta 20.6 semanas de gestación para que una víctima de violación acceda a un aborto.
La experta de Ipas agregó que las organizaciones civiles fueron vigilantes del proceso legislativo que derivó en la nueva Ley de Salud, especialmente en lo referente a los servicios de interrupción del embarazo; no obstante, precisó, la definición de la IVE fue un añadido de último momento que hizo alguien que “o desconoce el marco legal de los derechos de las mujeres o tiene mala intención”.
Días de León recordó que la Ciudad de México es la única entidad que detalla los servicios de aborto en su Ley de Salud, lo que la coloca en la vanguardia en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en materia de interrupción del embarazo.
La experta también explicó que imponer un límite de tiempo a las víctimas de violación no es un derecho nuevo ni representa un avance para las mujeres como se ha anunciado en medios de comunicación, toda vez que las víctimas de violencia tardan en identificar el embarazo, en procesar lo sucedido e incluso en acudir a los servicios de salud para obtener un diagnóstico de embarazo.
Aunque son pocos los casos de mujeres víctimas de violación que requieren interrumpir sus embarazos después de las 20 semanas de gestación, explicó la experta, son “dramáticos”, toda vez que muchas veces son niñas que viven violencia en sus casas, la cual generalmente no se identifica ni se denuncia. “De pronto se dan cuenta del embarazo cuando la niña tiene 22 o 23 semanas, cuando la vida de la niña está en riesgo”, por lo que la decisión de hasta cuándo se debe practicar un aborto debe considerar la edad y condición de cada mujer, es decir, debe ser clínica y no jurídica o impuesta en una ley, detalló Díaz León.
A estas circunstancias se suma que tanto la Ley General de Víctimas, el Código Penal, así como la Norma Oficial Mexicana 046 (que señala los criterios para la atención sanitaria de mujeres víctimas de violencia) no establecen ninguna limitante para que una víctima de violación acceda a un aborto.
Si bien otras entidades como Quintana Roo o Guerrero establecen en sus Códigos Penales (no en su Ley de Salud), limitantes para el acceso al aborto en casos de violación, la Constitución mexicana ordena a las y los funcionarios, basarse en las legislaciones que menos requisitos imponen a las mujeres a fin de garantizar los servicios y sus derechos. Esta interpretación incluso ha sido respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La fecha final para que Sheinbaum presente alguna reserva al decreto de esta nueva Ley de Salud es el próximo sábado 5 de junio; en caso de que ella no presente comentarios, el Congreso de la Ciudad de México podría publicar de manera oficial esta nueva legislación así como está redactada hasta ahora.
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