Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sí envió al Congreso de la capital observaciones para que las y los legisladores revisen nuevamente la Ley de Salud y eviten así obstaculizar el acceso al aborto para víctimas de violación.
De acuerdo con un oficio del que Cimacnoticias tiene copia, el pasado 3 de junio, la jefa de gobierno pidió a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México hacer un “análisis riguroso” al artículo 6, fracción XXV, del decreto por el que se expide la nueva Ley de Salud de la CDMX.
Como alertaron organizaciones civiles feministas, este artículo establece una definición de “Interrupción Voluntaria del Embarazo” en la que se limita el acceso al aborto para víctimas de violación hasta las 20.6 semanas de gestación. No obstante, este límite de tiempo no está establecido en la Norma Oficial Mexicana 046 (sobre criterios de atención a víctimas de violencia) ni en la Ley General de Víctimas.
En su oficio, Sheinbaum reconoce que este artículo “no es acorde con el marco jurídico nacional, particularmente lo relativo a la NOM-046-SSA2-2005, ni a lo que establece la Ley General de Víctimas, por lo que es menester un análisis riguroso de dichas normas que permiten homologar los derechos de las mujeres así como su acceso a los servicios de salud”.
Estas observaciones fueron remitidas a la Comisión de Salud del Congreso Capitalino, quien deberá dictaminar nuevamente. En caso de que se acepten los cambios propuestos por la jefa de gobierno, el decreto pasaría nuevamente al pleno para su eventual aprobación. Todo este proceso debe cumplirse en un plazo no mayor a 45 días hábiles, después de que la Comisión haya recibido las observaciones.
En una entrevista pasada con Cimacnoticias, la Coordinadora del área de incidencia y acceso comunitario en Ipas CAM, Fernanda Díaz de León, explicó que imponer un límite de tiempo a las víctimas de violación no es un derecho nuevo ni representa un avance para las mujeres como se ha anunciado en medios de comunicación, toda vez que las víctimas de violencia tardan en identificar el embarazo, en procesar lo sucedido e incluso en acudir a los servicios de salud para obtener un diagnóstico de embarazo.
Aunque son pocos los casos de mujeres víctimas de violación que requieren interrumpir sus embarazos después de las 20 semanas de gestación, explicó la experta, son “dramáticos”, toda vez que muchas veces son niñas que viven violencia en sus casas, la cual generalmente no se identifica ni se denuncia. “De pronto se dan cuenta del embarazo cuando la niña tiene 22 o 23 semanas, cuando la vida de la niña está en riesgo”, por lo que la decisión de hasta cuándo se debe practicar un aborto debe considerar la edad y condición de cada mujer, es decir, debe ser clínica y no jurídica o impuesta en una ley, detalló Díaz León.
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