Inicio AgendaCuerpo Por COVID-19, México retrocederá 22 años en satisfacción de anticonceptivos para mujeres

Por COVID-19, México retrocederá 22 años en satisfacción de anticonceptivos para mujeres

Ciudad de México.- Por efecto de la COVID-19, se estima que el porcentaje de mujeres con necesidades insatisfechas de anticonceptivos en México pasará de 12 a 14.2 por ciento, lo que representará un retroceso en este rubro de 22 años y aumentará las cifras de muerte materna, aborto y embarazos no deseados, informó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Al propósito del Día Mundial de la Población –que se conmemora cada 11 de julio y cuyo lema de este año es “las opciones y los servicios son la respuesta para reducir las brechas en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de COVID19″– la representante de UNFPA en México, Leonor Calderon, reconoció que durante la pandemia se puso en riesgo, en particular, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Tan sólo en México se registró que, por la pandemia, un total de 878 mil 579 mujeres descontinuarán el uso de métodos anticonceptivos de corta duración, las cuales se suman a las 4.2 millones de mujeres que estaban en esta situación a inicios de 2020, previo a la pandemia; en total, a finales de 2021 serán más de 5 millones de mujeres con necesidades insatisfechas de anticonceptivos. Frente a este panorama se estima que ocurran en el país 114 mil 600 embarazos no planeados; 52 mil 700 abortos; 200 muertes maternas y 2 mil 636 muertes neonatales. 

No obstante, a 15 meses de pandemia, el rezago en servicios sexuales y reproductivos ya cobró factura. Para la semana epidemiológica 52 del 2020 (la última semana de diciembre de ese año), la razón de muerte materna en México fue de 46 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento de casi 40 por ciento respecto de la misma semana pero de 2019. En lo que va de 2021 ya se han reportado 436 muertes maternas, de las cuales 38 por ciento se deben a COVID comprobado o probable, lo que supera cualquier otra causa de muerte materna.

“Sabemos lo difícil que ha sido mover el indicador de mortalidad materna, y por lo tanto tener un retroceso en este momento nos pone en una situación de salud pública muy complicada porque es un indicador difícil de mover”, explicó la representante para México de Unfpa.

La situación no es sólo para México. A nivel mundial se estima que, también por efectos de la COVID-19, 47 millones de mujeres en 114 países de ingresos bajos y medios no podrán acceder a anticonceptivos modernos; 7 millones de embarazos no deseados; y por cada 3 meses de confinamiento, hasta 2 millones adicionales de mujeres no podrán usar anticonceptivos, es decir, no tendrán opciones para evitar embarazos o una Infección de Transmisión Sexual. 

Calderón explicó que esto es consecuencia de distintos factores, entre ellos que el confinamiento y el miedo al contagio de la COVID-19 limitó la demanda de servicios, además de que en este contexto aumentó la violencia contra las mujeres y se perdieron sus redes de protección. A esto se suma que, según datos documentados por UNFPA, casi la mitad de las mujeres en el mundo no tienen aún el poder de tomar sus propias decisiones y, cuando la tienen, las opciones de servicio han dejado de estar a su alcance o no son accesibles porque no en todas las partes son gratuitas.  

La Secretaria General del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez, explicó que la pandemia limitó las oportunidades educativas para las y los adolescentes y se observó una educación sexual integral limitada, inasistencia a clases virtuales y, entre otros, abandono de los estudios vinculado con la ausencia de herramientas tecnológicas.

La funcionaria explicó que desde el inicio de la pandemia se registraron 120 mil nacimientos adicionales y cerca de 29 mil nacimientos adicionales en adolescentes. Al considerar este rezago educativo, se estima un aumento, no de 20 como se había pronosticado previamente, sino 30 por ciento de embarazos no intencionados entre personas adolescentes, lo que se suma a los más de mil nacimientos diarios de madres menores de 19 años que se registran actualmente en México. 

Rodríguez explicó que, a fin de hacer frente a esta situación, México declaró como esencial los servicios sexuales y reproductivos; y aseguró que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva mantuvo abiertos los servicios de consejería y aseguró el abasto a una abierta gama de métodos anticonceptivos, incluyendo medicamentos para la interrupción del embarazo, y fortalecimiento de los más de 200 centros amigables para adolescentes. 

También dijo que, entre otras acciones, el gobierno federal fortalece la oferta de servicios en comunidades lejanas, enfatizando la doble protección anticoncepción de emergencia; la prevención de prácticas sexuales de riesgo por consumo de bebidas alcohólicas y la corresponsabilidad de los hombres adolescentes en su vida reproductiva. 

Por su parte, la directora de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C (Elige), Valeria Vázquez, explicó que antes de la pandemia había “servicios amigables” (espacios diseñados especialmente para la atención de salud sexual y reproductiva para adolescentes) que no se utilizaban, pero durante la pandemia se observó que varios de éstos se convirtieron para la atención COVID-19; a esto se sumó que la educación salud sexual integral no se garantizó en el modelo virtual ni se garantizó la atención a la salud mental de las y los jóvenes. 

Vázquez recomendó seguir apostando por acciones virtuales, impulsar la asistencia a los servicios amigables a través de plataformas digitales, seguir atendiendo la prevención de la violencia, escuchar a la juventud como sujetas políticas, entre otras. 

Al respecto de esta problemática, la senadora Malú Micher Camarena, de Morena, explicó que ella y otras legisladoras presentaron una iniciativa integral para reformar cinco leyes con el fin de reconocer los derechos sexuales y reproductivos más allá de la planificación familiar y ampliar las obligaciones del Estado. Por ejemplo, en la Ley General de Salud se propuso establecer el deber de garantizar el acceso a la atención integral con respeto a la dignidad, la autonomía, libertad de conciencia y sin prejuicios, incluyendo a los servicios de aborto.  

21/AJSE/

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