Ciudad de México.- La diputada local por Movimiento Ciudadano en Veracruz, Ivonne Trujillo Ortiz, propuso una iniciativa para castigar en la entidad a servidores públicos que filtren, difundan, transmitan, expongan información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal sobre la víctima de un crimen.
Este 27 de julio, la diputada local por Movimiento Ciudadano en Veracruz y presidenta de la Comisión de Género del congreso de la entidad, Ivonne Trujillo Ortiz, informó en sus redes sociales que presentó una iniciativa conocida como #LeyIngrid.
Esta propuesta legislativa plantea reformar distintas disposiciones al Código Penal para establecer que la persona servidora pública que, de forma indebida, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información, documentos de lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con uno o varios hechos, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Estas sanciones incrementarían en una tercera parte si la información que se difunda tiene el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares, se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.
La iniciativa está basada en el feminicidio en la Ciudad de México el pasado 9 de febrero de 2020 de Ingrid Escamilla, cuyas imágenes de su cuerpo desollado fueron filtradas por funcionarios públicos a la prensa.
Tras esta filtración y luego de sendas protestas feministas afuera de Palacio Nacional, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) promovió una queja ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación, por la difusión de información e imágenes del crimen de Ingrid en diversos medios impresos.
La razón de la queja fue que atentaron “contra la dignidad de las mujeres, denigran y causan perjuicio a la sociedad en general”. Los medios de comunicación que serían investigados son “El Metro”, del Grupo Reforma; “El Gráfico”, de El Universal; “La prensa”, de Organización Editorial Mexicana (OEM); “Pásala”, del Grupo Editorial Notmusa; así como la edición de Jalisco del diario “Página 24”, de acuerdo con lo que respondió a Cimacnoticias la dependencia a través de una solicitud de acceso a la información. Cuatro meses de haber iniciado la queja, ninguno de estos medios había sido sancionado, como confirmó Comunicación Social de la Segob a esta agencia de noticias.
En el caso de los funcionarios que filtraron las imágenes, la Fiscalía General de la Ciudad de México dijo en febrero de 2020 que investigaba a 6 funcionarios por su probable responsabilidad; sin embargo, hasta ahora no se ha informado si esta investigación derivó en sanciones.
No obstante, también en febrero de ese año y basada en ese caso, la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, propuso crear la primera #LeyIngrid, la cual fue aprobada el pasado 21 de julio de 2021 por el Congreso local.
Igual que la propuesta de la diputada Trujillo Ortiz en Veracruz, la legislación de la CDMX establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en la difusión de información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal. Para proteger los derechos de víctimas, en especial de las mujeres, la ley permitirá que las personas servidoras públicas no filtren imágenes o videos de manera ilegal e incluso se comercialicen.
A diferencia de la llamada Ley Olimpia, que se refiere a la difusión de imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada, la #LeyIngrid castiga a quien difunda imágenes de víctimas de agresiones, particularmente niñas y mujeres, y pone énfasis en la sanción para quienes son funcionarios públicos.
Hasta julio de 2020, sólo la CDMX, Colima, Oaxaca y el Estado de México tenían legislaciones que penalizan la difusión de imágenes de víctimas de delitos, mientras que los estados de Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en estudio las iniciativas para sancionar dichas conductas delictivas en sus respectivos Congresos.
La iniciativa de Veracruz fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
21/AJSE/LGL
