Estamos enfrentando un código rojo que llama al Estado mexicano a actuar ya. La amenaza contra la periodista Azucena Uresti y su equipo dimensiona el monstruo que enfrentan muchos periodistas en nuestro país, y se le tiene que poner un alto.
Asumiendo, además, que ejercer una profesión de riesgo como se ha convertido el periodismo en México y el ser mujer, en un país que ha naturalizado la violencia feminicida, son elementos que combinados potencian el riesgo en nuestra contra. Esto tiene que parar ya.
Por eso, la amenaza contra la periodista Azucena Uresti hace sonar todas las campanas para que el Estado Mexicano, con todas sus instituciones, sus tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, con todos los poderes, cierren filas para garantizar la libertad que requerimos para informar sin tener que voltear a ver quién está detrás nuestro. Un gran pacto por la libertad de expresión.
Desde hace una década se dijo que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En los últimos años hemos visto crecer las agresiones contra periodistas en todo el país y los asesinatos, incluso de quienes estaban bajo el cobijo del mecanismo de protección, lo cual para nada es buena señal.
Hace nueve años se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante la emergencia que se enfrentaba por los atentados contra periodistas y personas defensoras; la emergencia no ha disminuido, por el contrario, cada sexenio se vuelve peor que el anterior.
En la primera Junta de gobierno que se realizó a finales de 2012 se analizaron dos casos que eran los únicos que se tenían; hoy el Mecanismo tiene mil 400 personas bajo su cobijo y no puede más, necesita que su actuar sea acompañado por una política de Estado que coloque en el centro el derecho a informar a la sociedad como prioridad y que destierre las causas estructurales que permiten las agresiones contra periodistas.
Cuando llegó esta administración, el Mecanismo tenía bajo su cobijo 798 personas; en tres años del actual gobierno se sumaron 516, de las cuales 426 son periodistas, de estas, 114 son mujeres periodistas.
Que del total de personas que pidieron ser protegidas por el Mecanismo, 8 de cada diez fueran periodistas, cuando han sido el grupo de mayor resistencia para ingresar, debió de ser leído como un foco rojo.
Este ingreso masivo de periodistas no se leyó bien, prefirieron quedarse con la idea de que el incremento se debía a la confianza del nuevo gobierno y no al aumento de la violencia. Aquí tenemos los resultados.
Tampoco se ha leído bien lo que ocurre con las periodistas. Ellas han levantado la voz una a una y en colectivo para mostrar que la misoginia lacera el derecho a expresarse y el machismo mata. Y no pasa nada. Ya es momento de que pase para ir hacia el problema estructural.
Al gobierno federal le toca encabezar la defensa de la libertad de expresión, del derecho de las periodistas a ejercer su profesión, libres de todo tipo de violencia, pero a los estados y municipios también les toca actuar para respetar y garantizar que el ejercicio periodístico se realice en libertad. No olvidemos que de cada 10 agresores, 6 son funcionarios públicos.
Ya no hay peros que valgan, ni disputas estériles de reproches ni culpas, se necesita pacificar este país con acciones coordinadas. La amenaza contra la periodista Azucena Uresti y periodistas de su equipo es parte de las alarmas ensordecedoras que más valen que se escuchen y se actúe en consecuencia.
