La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos reimpuso el programa «Quédate en México» que el gobierno de Biden había considerado suspender. Ese legado de Trump persiste gracias a una corte conservadora y al gobierno mexicano que defiende una «soberanía» que no incluye la garantía de los Derechos Humanos en su territorio.
Mientras en el norte se agrava la crisis humanitaria, en el sur, unos 700 transmigrantes hartos de deportaciones arbitrarias, falta de protección, tortuguismo y corrupción en trámites migratorios, con la esperanza de pedir asilo en el vecino país ( y algunos con documentos de tránsito) iniciaron el fin de semana pasado una caminata hacia el norte, reprimida con una violencia que exhibe la falta de capacitación de la Guardia Nacional y el INAMI en control de multitudes, trato con civiles y Derechos Humanos.
Las imágenes difundidas en redes y medios son contundentes. Militares/Guardia Nacional persiguiendo y golpeando a un hombre con un niño en brazos, un agente del INAMI pateando en la cabeza a un hombre tirado en el suelo. Las acciones «institucionales» previas no son menos indignantes: deportaciones indiscriminadas a la frontera guatemalteca, nula o escasa atención médica y humanitaria, retención impuesta por meses. A estos hechos, condenados por Naciones Unidas, han seguido nuevos ataques a transmigrantes, sobre todo de origen haitiano y redadas en hoteles de Chiapas, todo con la finalidad de impedir el paso de personas migrantes hacia el norte.
Estos hechos violentos y discriminatorios son sólo un ejemplo patente de la necropolítica migratoria que organizaciones civiles y medios han denunciado y que en el lenguaje burocrático se expresa en estadísticas cargadas de elisiones: 60,315 «devoluciones» en 2020, 54 mil 231 en enero-julio2021.
¿Cuántas de estas deportaciones violaron los derechos de potenciales refugiados o asilados por falta de información, impedimento o interrupción forzosa del proceso?¿Cuántas personas fueron «devueltas» a un nuevo infierno? Legisladores y organizaciones de Guatemala han protestado precisamente contra la deportación indiscriminada a la región de El Ceibo, donde no hay presencia del Estado guatemalteco y han pedido la intervención urgente de ACNUR.
Ni a los gobiernos de Estados Unidos (de Obama a Biden) ni a los de México les han importado las vidas de las mujeres y niñas que huyen de violencia familiar o de pandillas, de familias que huyen de los efectos del cambio climático y del capitalismo depredador.
La distinción retórica entre «migrantes económicos» y » asilados políticos» con que se pretende justificar la diferencia de trato hacia personas de una u otra región pasa por alto la violencia estructural y criminal que asuela Centroamérica. Aun ante éstas y otras evidencias de violencia institucional, el presidente López Obrador insistió en su informe que en México «ya» no se violan Derechos Humanos» y luego afirmó que sólo se busca contener, cuando esta contención es en sí adversa al derecho a la movilidad de las personas.
A su vez, por xenofobia y/ o racismo, sectores de la sociedad mexicana aprueban o trivializan la violencia institucional. Los comentarios en redes a las imágenes de la represión a la caravana migrante expresan en muchos casos indignación pero también rechazo hacia las personas «extranjeras», acusadas de provocar «caos», de «infestar» la frontera sur o de atacar a buenos ciudadanos, rechazo agudizado contra los haitianos por su color.
Lejos de su «tradición de asilo y refugio», México es una «frontera vertical». Un hoyo negro donde al agredir, deportar masivamente o recluir en estaciones migratorias sobrepobladas e insalubres o aceptar retener en su territorio a cientos de miles de personas que ya han sufrido violencia y precariedad, el gobierno viola Derechos Humanos y colabora en la necropolítica que, bajo diversas manifestaciones, los gobiernos de E.U. han impuesto en países de Centroamérica y el Caribe, fomentado en el nuestro y desarrollado en su propio territorio (donde ha separado familias y enjaulado a niños(as), por ejemplo).
Lejos de actuar con «humanismo» o respeto a los Derechos Humanos, nuestro gobierno ahonda la violencia antimigrante bajo el manto de la «contención», subordinándose al mandato del gobierno estadounidense, al que poco importará la degradación democrática en México mientras se obstaculice el paso de caravanas y se retenga a transmigrantes deportados, así sea con crueldad.
Las recurrentes manifestaciones de violencia institucional, veladas tras discursos falaces, contribuyen a alimentar la tolerancia a la violencia. Habría que recordar que la violación sistemática de Derechos Humanos de otros mina los derechos de todos y puede afectar un día a quienes hoy la justifican.
21/LMP/LGL
