Ciudad de México.– En México los derechos humanos de las mujeres son violentados, las autoridades les colocan obstáculos para acceder a la justicia y finalmente el gobierno busca reparar los daños provocados con una disculpa que poco o nada hace por la integridad ya lesionada de las víctimas.
Casos como el de Digna Ochoa y Plácido, Valentina Rosendo Cantú, Lydia Cacho Ribeiro o Jacinta Francisco Marcial, revelan una estructura de impunidad, machista y misógina que impera en todos los niveles de gobierno, la cual perpetúa la violencia contra mujeres, periodistas y defensoras de los derechos humanos.
Muchos de los casos pasaron por manos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, quienes no actuaron de manera diligente para brindar justicia a las víctimas. Y actualmente Andrés Manuel López Obrador sigue el mismo patrón que sus antecesores: ignorar y desechar las pruebas visibles de un país pintado de rojo.
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. La protección al Ejército
La misma fórmula aplicó el Estado mexicano en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por parte de miembros del Ejército mexicano.
Valentina Rosendo Cantú -mujer indígena me’phaa- fue agredida cuando tenía 17 años, hechos que ocurrieron el 16 de febrero de 2002. Ese día se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su casa –ubicada en la comunidad de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero- cuando miembros del Ejército la agredieron sexualmente.
Caso parecido ocurrió a Inés Fernández Ortega -mujer indígena me’phaa- quien el 22 de marzo de 2002 se encontraba en su domicilio, cuando un grupo de aproximadamente once militares ingresaron a su hogar y abusaron sexualmente de ella frente a sus cuatro hijos.
Aunque ambos casos son independientes, en los dos se puede observar elementos similares: por ejemplo, las dos mujeres acudieron a denunciar; sin embargo, las investigaciones estuvieron plagadas de omisiones y negligencias.
En el caso de Valentina, el personal de salud pública de su comunidad se negó a revisarla para evitar “problemas” con los militares. Mientras que a Inés las autoridades la llamaron “mentirosa”, lacerando aún más las lesiones que la agresión le había dejado.
Por el nulo apoyo estatal, ambos casos llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El de Valentina fue presentado en 2003, seis años después la CIDH acreditó la violación perpetrada en su contra y responsabilizó al Estado mexicano por las irregularidades cometidas durante la investigación. Aún con dicho anuncio el gobierno federal no tomó acción alguna, por lo que en 2010 el caso es llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ordenó reabrir el caso que había sido archivado en 2004.
16 años después de la agresión sexual contra Valentina, finalmente se condenó a los responsables a 19 años de prisión. Casi el mismo tiempo que la mujer luchó por ser escuchada y recibir justicia.
Inés Fernández Ortega también tuvo que recurrir a la CIDH y en 2006 la Comisión dio al Estado mexicano dos meses para adoptar una serie de medidas que tuvieran por objetivo la reparación integral de los derechos violados. Autoridades no ejercieron acción alguna, por lo que se les otorgó una prórroga de tres meses, tiempo en el que tampoco hubo resultados. Fue así que en 2009 se decidió someter el caso ante la CorteIDH.
En una sentencia dada a conocer el 30 de agosto de 2010, la Corte declaró al Estado como responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada de Inés, dando así pie a una disculpa pública realizada en 2012 por el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
Mientras que en el caso de Valentina Rosendo el acto de reconocimiento se realizó un año antes (en 2011) donde las mismas autoridades reconocieron su responsabilidad en el actuar negligente que violó los derechos humanos de la mujer.
Pero, ¿y la justicia? Aunque en 2018 Valentina pudo escuchar las sentencias a sus agresores, la revictimización que vivió marcó su ser y el anhelo por obtener justicia obligó a luchar “casi media vida”.
“Nunca me imaginé tener que aprender a hablar español para buscar justicia, para que mi gobierno me creyera. Yo hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad, los funcionarios siempre se burlaban de mí”.
En el caso de Inés, aún cuando las autoridades se disculparon hace 10 años, el proceso avanza a marchas forzadas. Y es que la audiencia que se realizaría el 17 de octubre contra uno de sus agresores fue suspendida debido a que, nuevamente, el personal encargado de impartir justicia opera de manera negligente para brindar una porción de justicia a la mujer abusada hace dos décadas.
Jacinta Francisco Marcial, una “culpable” fabricada
Las cárceles en México están ocupadas por personas que han delinquido pero también por inocentes, “culpables” fabricados a base de torturas, amenazas y diversas violaciones al debido proceso. Así le ocurrió a Jacinta -indígena hñähñú (otomí) del estado de Querétaro– quien fue detenida de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006 y acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que –seis meses antes- realizaron un operativo para decomisar mercancía apócrifa en el mercado central de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
“Tras un proceso en el que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, Jacinta fue sentenciada injustamente a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos. El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos: la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias. Hubo, además, irregularidades relativas a su condición étnica: en el momento de su detención su comprensión del español era el mínimo indispensable para realizar operaciones prácticas, por lo que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución mexicana era necesario que se le hubiera proporcionado un traductor para asistirla. Sin embargo, ningún intérprete la asistió”, narra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh).
Aunque en septiembre de 2009, después de que se ordenó reponer el procedimiento y de que la PGR (que nunca tuvo pruebas) decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra, Jacinta permaneció privada de su libertad durante 37 meses.
10 años después de la injusta condena (en 2016) el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México confirmó que la PGR debía reparar el daño, “mediante la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado”.
Fue así como en febrero de 2017 el acto de reconocimiento se llevó a cabo por parte del entonces titular de la PGR, Ricardo Cervantes Andrade. Pero aún con esto, ¿cómo se devuelven más de dos años a la vida de Jacinta?
“No nos vamos a disculpar dos veces”: Caso Atenco
En 2006, luego de un conflicto de autoridades municipales de Texcoco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en dicho municipio y en San Salvador Atenco, que terminó en la detención de 47 mujeres que en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías en los vehículos utilizados para trasladar a las y los detenidos a un centro de reclusión.
Los agentes aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias; 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) ‘Santiaguito’ de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente.
CentroProdh
En un inicio solo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor, pero semanas después todos fueron absueltos. Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 de las mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2008 la CIDH ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluyera a todas las personas involucradas a nivel federal y estatal.
Cinco años después de esta sentencia, la entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, extendió una disculpa pública ante la CIDH a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto por las violaciones perpetradas en la comunidad de Atenco en 2006.
“Deseo transmitir la voluntad del Estado mexicano de resolver esto como una solución amistosa”, destacó la funcionaria.
Sin embargo, las palabras solo intentaron ocultar que el Estado seguía sin investigar los hechos, tal como lo había recomendado la comisión, por lo que el caso fue presentado ante la CorteIDH, organismo que en 2018 dictó sentencia y declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las once mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia.
En el documento se destaca la necesidad de un acto de reconocimiento y una disculpa pública por los hechos; pero el Estado manifestó que ya había efectuado un reconocimiento público de su responsabilidad, por lo que se consideró como suficiente “la buena voluntad” expresada en 2013.
A más de 15 años de los hechos, el CentroProdh destaca que no hay avances sustanciales en el caso y el acceso a la justicia cada vez resulta más imposible para las víctimas.
Así es como por medio de actos de reconocimiento se nombran las violencias, pero no se erradican de fondo y tampoco se brinda una justicia expedida, quedando solo en un: «disculpe usted» por los daños a su vida.
