Ciudad de México.– Ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por declarar inconstitucional que el Estado castigue con pena de prisión a las mujeres que deciden terminar un embarazo no deseado o a quien las ayude a abortar.
Este martes ocho ministros coincidieron en que el tipo penal de aborto en el estado de Coahuila violenta los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres. Con esas intervenciones se perfila una mayoría a favor de declarar inconstitucional esta norma.
Los ministros Luis María Aguilar Morales, quien elaboró el proyecto de resolución, Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar, José Luis González Alcantára Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña Hernandez y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se sumaron a los argumentos a favor de eliminar esta porción normativa del Código Penal de esta entidad.
Aunque el análisis continuará este martes y aún falta escuchar los argumentos de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y los ministros José Fernando Franco y Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como conocer los alcances de esta resolución, se necesitan ocho votos a favor para declarar inconstitucionales estos artículos.
“No se trata de derecho al aborto”
Actualmente el artículo 196 del Código Penal de Coahuila establece que “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” y el artículo 196 indica que se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente se practique un aborto o a la persona que la ayude a abortar.
En 2017 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad (148/2017) en contra de estos artículos, por considerar que se viola la libertad reproductiva de las mujeres. El proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales propone dar la razón a esta institución.
Esta es la primera vez que el alto tribunal mexicano dirá si es constitucional o no que el Estado use el derecho penal para sancionar con cárcel a las mujeres que deciden abortar, por lo que el ministro Luis María Aguilar precisó que su proyecto se basa en los principios de democracia, laicidad, pluralidad y una narrativa de Derechos Humanos y desde la razón pública.
En medio de la inconformidad de grupos religiosos y conservadores, en esta primera sesión para revisar este tema, el ministro Aguilar Morales destacó que este proyecto no se trata de “establecer o defender un supuesto derecho al aborto” sino del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo al determinar si ejercen o no la maternidad.
El ministro dijo que el derecho a decidir reconoce a las mujeres como las únicas titulares en su plan de vida, por tanto, si el Estado las sanciona por decidir deja de considerarlas personas independientes y las ve como instrumentos de procreación porque se cree que necesitan ser protegidas de su toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva.
El ministro Aguilar Morales también argumentó que si se quiere salvaguardar la vida en gestación se debe desplegar una política gubernamental para todos los derechos y bienes involucrados. Agregó que nadie puede obligar a nadie a la interrupción del embarazo, pero debe existir la opción para quienes deseen hacerlo sin que sean consideradas delincuentes.
«Estado no debe criminalizar a las mujeres»
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, expuso que en su opinión si hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. También agregó que hay un falso debate a favor de la vida, pero afirmó que algunos, como él, están a favor de que en la vida de las mujeres se respete su dignidad, ejerza con plenitud sus derechos y no vivan violencia.
El Estado, agregó, no sólo no puede criminalizarlas ni obstaculizar el ejercicio del aborto, sino que tiene la obligación de adoptar medidas para que tengan acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias, por ello propuso ir más allá e invalidar todo el capítulo sobre aborto en el Código Penal de Coahuila.
El ministro Arturo Zaldívar dijo que dicho apartado de la legislación local parte de que toda interrupción del embarazo es un delito y únicamente establece algunos supuestos en los que no se impondrán penas a esa conducta. Una conducta, dijo, no puede ser el ejercicio de un derecho y al mismo tiempo, ser un delito.
Las y los ministros señalaron que no se puede estigmatizar a las mujeres por tomar una decisión sobre su maternidad y que criminalizar el aborto es violencia de género. En la siguiente sesión se escucharán todos los argumentos y si es necesario que la Suprema Corte defina un plazo mínimo para permitir la interrupción legal del embarazo.
21/AGM/LGL
