Inicio Columna Hacia el #8M. Por un sistema electoral confiable

Hacia el #8M. Por un sistema electoral confiable

Por Lucía Melgar Palacios

El 8 de marzo millones de mujeres en el mundo tomarán las calles y unirán sus voces contra la desigualdad, la opresión y los agravios que mutilan la vida, el desarrollo y las libertades de tantas. En México, una vez más, resonarán las denuncias y reclamos que ningún gobierno ha atendido con determinación y que éste, permeado de autoritarismo, suele descalificar.

Así, aunque la indiferencia oficial ante las violencias machistas, el militarismo, la desconfianza hacia la sociedad organizada y la misoginia del discurso oficial hayan erigido una muralla ( a veces muy visible) entre los gobernantes y la realidad, la sociedad podrá escuchar una pluralidad de voces críticas, constructivas, desesperadas, enojadas, las voces de quienes no pueden conformarse con sobre-vivir o vivir en un limbo y se rebelan contra la normalización de las desigualdades, la discriminación, la pobreza, la precariedad, la violencia y el machismo cotidiano.

A las adversidades más evidentes que enfrentan millones de mexicanas, se suman enormes dificultades, menos visibles, para el ejercicio de una ciudadanía plena. Ninguno de estos problemas es nuevo pero, bajo un gobierno que se dijo progresista y que, en los hechos, carece de política de género, desprecia a las feministas y descalifica a periodistas y defensoras, se han agravado los daños de la violencia y la impunidad, crecen las amenazas a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos,  y se alza, inminente, el riesgo de que nuestro derecho a participar en elecciones confiables y transparentes se convierta en letra muerta.

Si acaso la defensa del sistema electoral pareciera ajena a la causa de las mujeres, bastaría recordar que muchas dedicaron su vida a exigir y defender el derecho a votar y a ser electas, desde Hermila Galindo y sus antecesoras hasta las maestras y activistas del Frente Único pro Derechos de la Mujer y Amalia de Castillo Ledón, entre otras. Una vez ganado, que no concedido, este derecho, las que osaron postularse a cargos de elección popular, y ejercerlos, enfrentaron discriminación y acoso. Además, organizaciones y activistas impulsaron, desde loa años 90 hasta 2014, cambios legislativos que aseguraran  un mayor porcentaje de candidaturas femeninas, pese a la resistencia y triquiñuelas de líderes partidistas que veían en las mujeres a organizadoras de base y no a compañeras con igual derecho a participar en la politica. 

Sin las reformas electorales progresivas y sin la insistencia de mujeres organizadas de todos los partidos, que supieron ganar aliados, no se habría logrado la paridad, ni se habría reconocido la violencia política por razones de género. Sin legisladoras comprometidas con las mexicanas, tampoco se habrían impulsado las leyes de igualdad, contra la violencia, ni los presupuestos etiquetados y otras medidas que han cristalizado en acciones afirmativas o cambios tan importantes como la despenalización del aborto ya en diez estados. 

Reconocer lo logrado no implica ocultar las deficiencias que aún dificultan el ejercicio de la ciudadanía para las mujeres ni el abismo entre la letra de la ley o la política pública y la realidad. Lejos estamos del país al que aspiraban nuestras antecesoras. No pocas gobernantes y legisladoras se someten a la voz del poder e ignoran las necesidades de las mujeres. Sin embargo, para ejercer libremente la ciudadanía necesitamos más igualdad,  más autonomía, justicia y paz. Necesitamos gobiernos democráticos,  dispuestos a dialogar con una sociedad plural y crítica, capaces de enfrentar la pobreza, la violencia y el machismo con acciones concretas. 

Tener elecciones confiables no garantiza gobiernos dignos, los partidos siempre pueden apostar por candidaturas impresentables. Pero, sin un sistema electoral coherente, democrático  y abierto a la ciudadanía, ni siquiera sabremos si nuestro voto (por quien sea) contó o lo trituró la maquinaria, si vivimos en el siglo XXI o retrocedemos hacia el XIX. Defender el derecho a elecciones confiables es, por tanto, defender también nuestro voto y nuestras causas. Este 26 de febrero es una oportunidad para hacerlo. 

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