Ciudad de México. Más de un millar de mujeres y organizaciones feministas de México y del mundo exigieron al gobierno mexicano detener de inmediato su política de violencia, represión y violación a los Derechos Humanos de las ciudadanas y menores de edad migrantes, originarios de Haití y Centroamérica, quienes han sido perseguidos, agredidos, encapsulados, deportados y detenidos ilegalmente por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).
En una carta pública titulada «No en nuestro nombre», demandaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a las instituciones responsables de la política migratoria, suspender las graves violaciones a los Derechos Humanos que están cometiendo el INM, la GN, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) contra mujeres y menores de edad migrantes que salieron de Tapachula, Chiapas, debido a que sus solicitudes de asilo no eran atendidas, vivían en condiciones precarias y no contaban con apoyo del gobierno mexicano para estudiar o encontrar un trabajo.
De enero a agosto de 2021, la COMAR ha recibido 18 mil 833 solicitudes de protección de personas haitianas y centroamericanas, sin embargo, este organismo se encuentra desbordado en trabajo y con poco personal, pues fue reducido su presupuesto y tarda más de un año en dar respuesta a una petición, a pesar de que debe hacerlo en menos de 3 meses, de acuerdo con información de Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
Las organizaciones detallaron que son conscientes de las deportaciones masivas contra las mujeres y menores de edad migrantes, lo que ha resultado en la separación de familias y aumenta el riesgo de que se contagien de la Covid-19 y han sabido de niñas y jóvenes que han fallecido en el centro de detención para migrantes cuando estaban bajo tutela judicial del gobierno mexicano. “Nos parece una forma concreta de violencia patriarcal por parte del Estado mexicano”, dijeron.
Resaltaron que el contenido de esta carta fue traducido a diferentes idiomas y distribuida entre las redes de albergues, refugios, y defensoras para que sea entregada directamente a las migrantes que han sobrevivido a estos actos de violencia y así ellas sean conscientes de que tienen apoyo y que toda persona migrante debe ser protegida y no violentada por el gobierno mexicano o sus agentes.
Recordaron que estas mujeres y menores de edad migrantes son sobrevivientes de altos grados de violencia criminal e institucional, de precariedad y empobrecimiento que padecieron en sus países originarios, por lo que merecen que su Derechos Humanos sean respetados y lo estipulado en la “Ley de Migración” sea aplicado por las y los agentes del gobierno mexicano.
“Firmamos este mensaje además para repudiar la violencia, para abrazar el caminar de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, sobre todo como un ejercicio de ternura, de hospitalidad radical, para reconocer la valentía y el coraje de nuestras hermanas y sus hijas e hijos que buscan, migrando, una vida que se pueda vivir y celebrar, como de por sí todas en este país buscamos alcanzar”, finalizaron.
Hace unos días, Imumi junto con otras organizaciones alertaron sobre las deportaciones masivas ilegales de mujeres, embarazadas, y menores de edad migrantes o solicitantes de asilo, quienes fueron detenidos por agentes del INM y la GN bajo el argumentos falsos, transportados en autobuses y trasladados en aviones a ciudades del sur de México, como Tapachula, Chiapas, Villahermosa, Tabasco para que cruzaran a pie hasta Guatemala.
Se estima que del 22 al 29 de agosto, según Imumi, 2 mil 61 personas han sido expulsadas a Guatemala, de las cuales 546 eran niñas y niños y las autoridades mexicanas empezaron a trasladar al menos 300 personas migrantes o de asilo de distintas nacionalidades, cada día, sin informarlas sobre sus Derechos Humanos.
Por su parte, la Alta Comisionada Auxiliar de la ACNUR, Gillian Triggs, dijo que el asilo se ha tratado de limitar a través de restricciones fronterizas preocupantes en Centroamérica y México, sin embargo, «los gobiernos y la sociedad están haciendo esfuerzos extraordinarios para hacer frente a estos desafíos».
En un comunicado, expresó que las prácticas restrictivas aumentan el riesgo de retornar a personas y familias que pueden tener necesidades urgentes de protección sin que tengan la oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades. «Escuché directamente a familias que se encontraban entre los miles de personas vulnerables expulsadas a Guatemala. Estas expulsiones pueden infringir la prohibición internacional de devolución a situaciones de violencia».
ACNUR, añadió, hace un llamado al gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del Titulo 42, bajo el cual han llevado a cabo estas expulsiones con la participación del gobierno mexicano.
Detalló que México ha pasado de ser un país de paso a uno de destino para miles de personas solicitantes, y este 2021 se enfrenta a una cifra récord de nuevas solicitudes, que podrían superar las 100 mil. Asimismo, agregó, más de 12 mil personas se han beneficiado de las iniciativas implementadas por la ACNUR de empleo, educación y ayuda psicosocial.
«Todos los países han acordado compartir la responsabilidad de proporcionar protección a quienes huyen del peligro y la persecución, en lugar de delegar ese deber», finalizó.
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21/AEG/LGL
