Ciudad de México.- Cerca de cumplirse medio año de que policías municipales en Tulum, Quintana Roo, asesinaran por uso excesivo de la fuerza a Victoria, una salvadoreña refugiada en México, el gobierno mexicano aún no garantiza justicia para su familia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no la toma en cuenta.
Este 29 de septiembre se cumplen seis meses desde que un grupo de cuatro policías municipales en Tulum, Quintana Roo, asesinaron por uso excesivo de la fuerza a Victoria, una mujer migrante proveniente de El Salvador que ya había sido reconocida como refugiada en México.
Pese a que el asesinato de Victoria llamó la atención nacional e internacional porque el maltrato del que fue víctima consta en videos, el acceso a la justicia para su familia y las organizaciones que la acompañan legalmente ha estado plagada de burocracia y no es expedita, explicó en entrevista la abogada y coordinadora del área de Litigo Estratégico en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Yesenia Valdéz, quien junto con el Instituto para las Mujeres en la Migración, Asylum Access y Así Legal, acompañan el caso.
Por ejemplo, relató Valdéz, las autoridades de El Salvador retrasaron la entrega de documentos que reconocían a las organizaciones civiles como la defensa legal de Victoria para que pudieran acceder al expediente del enjuiciamiento de los policías implicados; una vez que consiguieron y pagaron el traslado de estos documentos, el poder judicial de Quintana Roo se negó a reconocerlos y requirió a la familia que ratificara.
Éste es sólo uno de los obstáculos que han enfrentado las organizaciones y la familia para que se procure una sentencia a los perpetradores y una reparación integral del daño a las víctimas, explicó la abogada.
De acuerdo con Valdéz, si bien las organizaciones se han reunido con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, no han logrado tener contacto con la Comisión Ejecutiva Nacional ni la Secretaría de Gobernación, organismos que aseguraron públicamente que harían la reparación del daño a la madre e hijas (dos menores de edad) de Victoria.
Actualmente las organizaciones civiles buscan que se reconozcan plenamente los derechos como víctimas de la madre de Victoria, sus dos hijas menores de edad, y sus dos hermanos, quienes tuvieron que regresar a El Salvador.
CNDH no consideró la voz de la familia
El pasado 24 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 34/2021 por el asesinato de Victoria. En ella, el organismo nacional determinó que hubo violaciones a los Derechos Humanos, a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la vida, atribuibles a servidoras y servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Quintana Roo.
Esta Recomendación estableció el deber de las autoridades de considerar la condición de vulnerabilidad de Victoria por ser mujer, en contexto de migración internacional y víctima de delito; y recomendó que se inscriba a su familia en el Registro Estatal de Víctimas; se le otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran; se colabore en la presentación y seguimiento de la queja contra los policías correspondientes; y que se diseñe e imparta en un plazo de tres meses siguientes a la aceptación de la Recomendación, un curso de capacitación obligatorio en DH al personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Quintana Roo, que realiza funciones de seguridad pública.
También se recomendó que en caso de que se determine responsabilidad administrativa contra los policías, se incorpore una copia de eso en sus expedientes laborales para constancia de las violaciones a los DH en las que incurrieron; que dentro del plazo de 30 días siguientes a la aceptación de la Recomendación, se ofrezca una disculpa pública institucional a la familia de Victoria, además, implique el reconocimiento de las 48/49 violaciones a Derechos Humanos en que incurrió el personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Quintana Roo; y se designe a la persona servidora pública de alto nivel que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.
Al respecto de esta Recomendación, la abogada Valdéz reveló que la CNDH no informó sus conclusiones directamente a la familia y que durante el proceso de su elaboración no la llamó para escuchar de viva voz y conocer su perspectiva de las violaciones a los DH.
La Fundación también consideró que es una Recomendación “muy general”, sin un análisis a detalle sobre cómo las autoridades deben cumplirla. Además de que en el plazo de 30 días que se designó para que las autoridades den una disculpa pública a la familia de la migrante no se habrá garantizado todavía la justicia ni la verdad sobre cómo sucedieron los hechos, ni la reparación integral.
“Pareciera que con eso ya se cerró el caso, ya las autoridades cumplieron. No, estamos empezando y por supuesto que las víctimas no aceptan esa disculpa pública en tanto no se haga justicia, en tanto no haya una sentencia condenatoria, en tanto no haya una reparación integral y en tanto no se reconozca los derechos como víctimas de la familia de Victoria“, criticó la abogada.
De acuerdo con Valdéz, el caso de Victoria es emblemático de los obstáculos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas cuando son víctimas de delito en México.
En el informe “En la boca del Lobo”, que elaboraron las mismas organizaciones que participan en la defensa de Victoria, se explica que existe una invisibilidad de los casos de feminicidio de mujeres migrantes, lo cual tiene sus raíces en investigaciones viciadas, prácticas que impiden el acceso a la justicia, y personal de atención e investigación sin sensibilidad y formación en investigaciones por violencia de género.
Además, documentó el informe, el Ejecutivo Federal redujo el presupuesto en rubros importantes relacionados con la justicia y la atención a víctimas, extinguió 109 fideicomisos destinados a la cultura, la investigación científica y la protección de víctimas.
La abogada recordó que la Constitución mexicana es protectora para todas las personas que están en el territorio mexicano, sin distinción de su nacionalidad. Todos los derechos son aplicables para las personas migrantes, y cuando son víctimas de delitos se les deben garantizar sus derechos como cualquier otra ciudadana; sin embargo, esto no es así, las investigaciones son lentas, los procedimientos para asilo son lentos, o enfrentan trabas legales.
Además, dijo, las autoridades de migración, de investigación, de atención a víctimas, siguen siendo insuficientes para responder a la necesidad que surge a las personas migrantes. “México se ha convertido en un país de destino y esto no va a cambiar con una ley porque la necesidad de migrar es real; los gobiernos deben solucionar esto sin medidas militares”, detalló.
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