En su informe El Impacto del Crimen Organizado en las Mujeres, Niñas y Adolescentes en los países del Norte de Centroamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó que, a las altas cifras de violencia de género que enfrentan las mujeres en Guatemala, Honduras y El Salvador, se suma la violencia deshumanizada ejercida por las maras y pandillas. Además, destacó el riesgo acentuado que enfrentan las mujeres como consecuencia de las políticas de lucha contra el crimen.
La Comisión destaca que, en el caso específico de los países del Norte de Centroamérica, existe un complejo contexto marcado por elementos interrelacionados como: presencia de grupos de criminalidad organizada, alarmantes niveles de violencia social en inseguridad ciudadana, debilitamiento de la institucionalidad democrática y prevalencia de la corrupción.
Lo anterior, aunado a un escenario de alarmantes niveles de violencia de género, que encuentran su causa y consecuencia en la discriminación histórica y estructural contra las mujeres y que, derivado de estas estructuras de discriminación, tiende a agudizarse en contextos de crisis como los mencionados anteriormente.
“De esa manera, la violencia contra las mujeres basada en su género es continua y está siempre presente en todas las etapas de sus vidas y en diferentes contextos”, destacó la CIDH.
En ese sentido, el informe también destaca la violencia contra las mujeres en contextos de criminalidad organizada no ha sido aún analizada en profundidad y tampoco ha sido abordada adecuadamente desde los Estados.
Mujeres enfrentan múltiples formas de violencia en contextos de criminalidad organizada
El informe señala que las mujeres, niñas y adolescentes se encuentran “en una compleja situación marcada por diversas formas de interacción con los grupos del crimen organizado”.
Lo anterior ocasiona escenarios de extrema crueldad y violencia contra ellas por razón de su género. Entre estas múltiples formas de violencia se encuentran: agresiones sexuales, feminicidios, uniones forzadas, control de sus procesos reproductivos – como embarazos y abortos forzados – desapariciones, torturas, formas análogas a la esclavitud y trata de personas en diferentes modalidades.
Además, el control ejercido por estos grupos, las amenazas y la violencia que ejercen contra las mujeres y las niñas también ha contribuido al desplazamiento interno y a la migración a través de las fronteras regionales de miles de ellas, buscando huir de la violencia u obtener protección internacional.
Como personas en situación de movilidad, muchas de ellas enfrentan también formas adicionales de violencia y discriminación de género, evidenciado la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres migrantes en la región.
La CIDH también ha advertido que, a los numerosos obstáculos estructurales que prevalecen en la región para que mujeres, niñas y adolescentes accedan a la justicia, se suman los específicos generados en contextos de crimen organizado, entre ellos el miedo a las represalias, las amenazas, las intimidaciones y la corrupción, lo cual impide que las víctimas y sus familiares denuncien hechos de violencia, y también impiden que estos actos sean debidamente investigados, sancionados y reparados.
Por ello, destaca la Comisión, es necesario reforzar las capacidades del Estado en materia de acceso a la justicia para las víctimas, las capacidades de los entes investigadores y la protección efectiva para todos ellos. Lo anterior de acuerdo con los estándares interamericanos en materia de debida diligencia reforzada ante hechos de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes.
Estados deben integrar la perspectiva de género en políticas de seguridad ciudadana
Entre sus recomendaciones, la CIDH exhorta a los Estados a implementar mecanismos de participación donde mujeres, niñas y adolescentes contribuyan en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas de seguridad ciudadana, particularmente las relacionadas con el crimen organizado, desde los ámbitos de la sociedad civil, academia, expertas en derechos de las mujeres y seguridad ciudadana, entre otras.
Además de “fortalecer las fuerzas policiales bajo una lógica de seguridad ciudadana con el objetivo de incrementar la eficacia y eficiencia de su labor, así como la confianza entre la policía y la ciudadanía, particularmente en zonas o territorios con altos niveles de violencia e inseguridad derivado de la presencia de grupos criminales”.
Aunado a ello, la Comisión llama a redoblar esfuerzos en el combate a la corrupción con el objetivo de eliminar la impunidad que caracteriza la violencia de género contra las mujeres, las niñas y las adolescentes, particularmente la ocurrida en territorios dominados por el crimen organizado.
Fortalecer las instancias de cooperación interinstitucionales a nivel nacional y regional; adecuar los marcos normativos existentes a los estándares interamericanos e internacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, incluyendo los relacionados con la seguridad ciudadana y el
impacto negativo del actuar de grupos del crimen organizado, además de “tomar las medidas necesarias para investigar, juzgar, sancionar y reparar los actos de violencia y discriminación de género contra las mujeres”.
