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#28S: Por la libertad de las mujeres

Por Lucía Melgar Palacios
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Este Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe fue tal vez más significativo que otros en cuanto se han dado en la región algunos avances hacia el pleno acceso de las mujeres a una maternidad libremente decidida.

La despenalización del aborto en Argentina hasta la semana 14, así como las recientes determinaciones de la Suprema Corte de Justicia  en México, sin olvidar la despenalización del aborto en Veracruz, representan un reconocimiento de que la maternidad no puede imponerse por creencias religiosas, normas morales o leyes constrictivas.

Estos logros del feminismo y de los movimientos de mujeres no son, sin embargo, suficientes. En América Latina susbisten feudos patriarcales donde la prohibición del aborto es total y en México mismo falta un largo trecho para que las decisiones de la SCJN y, sobre todo, para lograr la despenalización del aborto en todo el país, indispensable para que las mujeres y niñas puedan realmente ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

En América Latina, el aborto en las primeras semanas del embarazo sólo es legal en  seis países, entre ellos Uruguay y Argentina-  donde se logró el año pasado gracias al trabajo del movimiento feminista bien organizado. En cambio, cinco países lo prohiben sin matices: Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Haití.

Aunque en todos éstos pesan el conservadurismo y la presión clerical, no está de más señalar el carácter autoritario de los tres primeros, en particular en Nicaragua, donde el líder surgido de la revolución sandinista se ha convertido en un sátrapa y está acusado, además de violar a su hijastra.

En el resto de la región, como en México, varían las causales que lo permiten, ya sea sólo cuando la salud y la vida de las mujeres está en peligro (como en Perú), cuando el producto es inviable, o cuando el embarazo se debe a violación, incesto, inseminación forzosa, etcetera.

Para los autoritarismos, el control del cuerpo de las mujeres representa un medio de mantener subyugada a la mitad de la población, aun cuando no restrinjan también su acceso a la educación o al trabajo. Sin posibilidades de elegir si quieren ser madres, cuándo y cuántas veces, las mujeres ven coartadas sus libertades, cancelado u obstaculizado su proyecto de vida. Sabemos además que en variadas circunstancias pueden correr graves riesgos para su vida y su salud física y mental.

México se precia de ser un país democrático y así parece confirmarlo que la SCJN determinara la inconstitucionalidad de la prohibición total del aborto y  de la “protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, utilizada en Sinaloa y otros 22 estados para limitar los derechos de las mujeres (y la eutanasia); y la necesidad de delimitar con claridad la “objeción de conciencia médica”, laxamente regulada en la Ley de salud aprobada en 2018.

Estos cambios legales, sin embargo, no son suficientes en un país donde la letra de la ley no suele corresponder a la práctica, donde se ha permitido que las iglesias se inmiscuyan en asuntos públicos, donde más de un agente político oportunista ha votado a favor de iniciativas de sesgo confesional y donde el propio presidente de la República mantiene un discurso conservador y autoritario.

Así, aunque la Secretaría de Gobernación haya solicitado al poder judicial que libere a mujeres presas por abortar , falta asegurar que se libere tmabién a quienes han sido falsamente acusadas de “homicidio agravado en relación de parentesco”, en vez de aborto, para condenarlas a décadas en prisión.

También hará falta vigilar que el Congreso legisle conforme a los lineamientos de la SCJN y no vuelva a ceder a la presión de grupos antiderechos que se movilizarán desde mañana, domingo, azuzados por el Episcopado Mexicano (al que Segob ya debería recordar el carácter laico de esta república  – artículo 40 de la Constitución).

Aun queda pendiente, por otra parte, que la Secretaría de Salud garantice el acceso a la ILE en todos los casos de violación e incesto, y que se sancione al personal médico que niegue este derecho contraviniendo la ley que lo permite.

En la capital es preciso que las instituciones de salud federales dejen de funcionar como si no estuvieran ubicadas en una ciudad donde la Ley de salud local permite la ILE hasta la semana 12.

¿Acaso son ínsulas que flotan en el aire o donde les convenga?

En una verdadera democracia y en un Estado laico, el aborto legal y seguro debe ser un derecho reconocido, garantizado y protegido por la ley.  

21/LMP/LGL

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