Para 2022 se presenta un proyecto de presupuesto para la igualdad (Anexo13) del orden de 232 mil millones de pesos, cifra aparentemente muy alta pero que al desagregarse por programas se pueden apreciar claramente las prioridades para la crisis de salud y económica, con fuertes afectaciones para las mujeres.
Para iniciar, el programa para adultos mayores (pensión no contributiva) refleja una previsión de 127 mil 174.5 millones de pesos, es un incremento del 70 por ciento (véase gráfica) derivado de la ampliación de cobertura que tendrá este programa al pasar de 68 a 65 años las personas beneficiadas. El objetivo es cubrir a toda la población femenina que no accede a una jubilación por carecer de seguridad social.
¿Quiénes no tienen seguridad social? A nivel general o en promedio son 56.07 por ciento del total de trabajadoras, pero hay entidades como Chiapas (72.5); Puebla (73.04); Guerrero (73.5) y Oaxaca, con 81.06 por ciento. Todas estas muy por encima del promedio nacional, en donde la pensión contributiva es la única opción de tener un ingreso en la vejez, aunque sea mínimo.
Desde luego es una evidencia más de la inmensa precariedad laboral en que viven las mujeres. México está en proceso y obligación de corregirlo, atendiendo los compromisos del Anexo 23 del TEC-Mec.
En esa misma línea está el incremento del 12 por ciento de recursos disponibles en programas que les permiten acceder al derecho al trabajo. Sin embargo si no se atienden las barreras para acceder al remunerado, ellas seguirán siendo mayoría en el desempleo o la informalidad.
Y la barrera central radica en la carga intensa de los trabajos de cuidados, algo que se evidenció y/o acentúo ahora con la pandemia y el teletrabajo. Se propone un Sistema Nacional de Cuidados, para ello es indispensable contar con una oferta de servicios de calidad en la primera infancia y con adultos mayores, los dos extremos de la cadena demográfica acompañada de una estrategia educativa, política y cultural en materia de nuevas masculinidades. Construir nuevas masculinidades es imperativo para alcanzar igualdad y equidad.
Ahí esta la esencia de la brecha laboral que padecen las trabajadoras, no sólo es una barrera para acceder, sino que además estando dentro del mercado laboral genera una brecha de género impresionante, ya sea en condiciones laborales, de derechos o salario.
Esta recuperación de empleos que se ha presentado en 2021 se caracteriza por una pérdida importante de calidad, ya que los empleos que se han generado son especialmente en los niveles salariales más bajos, con pobreza laboral.
Para el próximo año se proyecta 12 por ciento más en los programas que permitirían a las mujeres acceder y permanecer en un empleo, o una actividad que les genere ingresos, implica un aumento nominal de 5 mil 564 millones de pesos. Estos recursos están desagregados en diferentes Secretarías de Estado, pero son los mismos que existían antes del COVID-19.
¿Por qué no se han hecho cambios – cuantitativos y cualitativos-, acordes a una nueva realidad de niñez y mujeres? Una realidad cambiante en lo económico, cultural y político.
La recuperación que han tenido las mujeres en el empleo obedece a varios factores: reinicio en actividades que son nichos laborales femeninos, nuevamente clases presenciales; extensión de vacunación y el outsourcing que se refleja en las estadísticas.
Al entrar en vigor la Ley de Outsourcing, el número de trabajadores y trabajadoras que cambiaron de empleador se disparó en julio y agosto. Fueron 2.5 millones de adicionales (12 por ciento del total en el IMSS), no es generación de nuevos empleos, sino la incorporación de trabajadoras al empleo formal, registradas por su empresa.
El impacto que tiene el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para 2022, sus recursos se amplian en un 12 por ciento. En contraste “Profesionales docentes” y Refugios para las Mujeres víctimas de violencia crecieron muy poco 3.0 y 3.7 por ciento, respectivamente (véase gráfica).
Por supuesto son insuficientes para la dimensión tan amplia que tiene la violencia contra las mujeres, como otra pandemia que corre en paraleo a las crisis de salud y económica.
Destaca por su importancia y volumen de gasto el apoyo estimado para 2022 a guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sus recursos pasaron de 13 mil 090 a 14 mil 450 millones de pesos, de los cuales 7 de cada 10 centavos está destinado para beneficio a mujeres, significa un crecimiento en el gasto de 75 por ciento (veáse gráfica).
¿Pero de cuáles mujeres? Solamente las que tienen seguridad social, una minoría; en tanto que la gran mayoría -73.5 por ciento en Guerrero- están fuera de este beneficio porque trabajan en la informalidad laboral y no pueden acceder a este tipo de guarderías, por lo consiguiente, es una solución muy limitada para el problema de la carencia de guarderías y todas sus implicaciones en la primera infancia y en la vida laboral femenina.
Debe ampliarse el beneficio de guarderías para las trabajadoras informales, universalizar los derechos es indispesable, en especial cuando se tiene un mercado laboral dual como el del país, que posibilita recrudecer las desigualdas y brechas de género, en todas las esferas.
Otro de los programas esenciales del proyecto gubernamental es el programa “Sembrando Vida”, catalogado por el Coneval como “fuertemente relevante” para el acceso al trabajo. Dicho programa tuvo un aumento para las mujeres de 1 mil 116 millones de pesos. En 2022 operará con 29 mil 446 millones de pesos, y 35 por ciento, es decir, 10 mil 306 millones de pesos, debe ser ejercido en beneficio de las mujeres.
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, otra estrategia relevante, también tiene una partida destinada a las mujeres. De hecho es un programa feniminizado y se previó un incremento de 5.3 por ciento para 2022; pasa de 9 mil 942 a 10 mil 472 millones de pesos.
Un renglón que enfrentó y enfrenta serias iregualaridades es salud materna, sexual y reproductiva; aquí la asignación prevista es de 2 mil 103.5 millones de pesos, que son apenas un ligero paliativo para la atención satisfactoria de un elemento central en la salud de las mujeres, ya no digamos en un proyecto de igualdad o equidad de género.
En tanto que el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, pasó de poco más de 8 a 8.4 millones de pesos. De hecho, el presupuesto para ellas en ese esquema sólo es de 3 por ciento.
De los esquemas con un aumento más acotado para las mujeres trabajadoras está el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, que pasó de poco más de 8 a 8.4 millones de pesos, un muy ligero incremento 3 por ciento.
Lo mismo sucede con otra acción estratégica en la dimensión de vida y vida laboral para mujeres víctimas de violencia. Es el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sustentado en el Convenio 190 de la OIT. La previsón que se contempla para 2022 es de un 3.7 por ciento de crecimiento, francamente crítico.
En síntesis, tanto el diseño del PEEF como el Anexo 13 no cumplen cabalmente con su objetivo; la recuperación que había mostrado la economía ya presentó su primer declive en el mes de agosto, combinado con inflación creciente. De ninguna manera se pueden echar las campanas a vuelo, la educación está en crisis y presupuestalmente olvidada. Para las mujeres el camino de la igualdad es cuesta arriba con apoyos tan limitados y mal concebidos.
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