Ciudad de México.-El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México otorgó un amparo que retrasa la aprehensión de los políticos priístas Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Sandra Esther Vaca Cortés y Roberto Zamorano Pineda, implicados, desde 2014, en una red de trata de mujeres en la capital del país.
Ya han pasado seis años desde que la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), en colaboración con la periodista Carmen Aristeguí, dio a conocer una red de trata de mujeres que operaba desde la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México.
Como se documentó mediante audios y videos, el político y empresario Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre reclutaba a través de anuncios de prensa a mujeres jóvenes para trabajos de oficina; sin embargo, cuando llegaban a las entrevistas, las mujeres eran explotadas sexualmente. Luego de que se conociera el caso, el PRI separó de sus filas al político pero evitó investigarlo y llevarlo a la justicia.
En julio de 2015, la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales de la PGJDF determinó que no había elementos para inculpar al ex líder del PRI de mantener una red de explotación sexual dentro del partido y cerró el caso. No obstante, luego de una batalla legal de seis años que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en marzo de este 2021, las víctimas denunciantes de estos hechos consiguieron que se ordenara la aprehensión de tres personas implicadas, incluyendo al también exlíder priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
El pasado viernes 15 de octubre, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo Penal del Primer Circuito, Erik Zabalgoitia Novales, otorgó un amparo y la protección de la justicia federal a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Sandra Esther Vaca Cortés y Roberto Zamorano Pineda, acusados de diversos delitos vinculados con la trata de personas y la explotación sexual de mujeres.
Con este amparo se protege a los tres acusados contra las órdenes de aprehensión que se habían girado en su contra el pasado mes de marzo. El argumento de Zabalgoitia Novales para otorgar este recurso legal fue que las órdenes de aprehensión adolecen de la debida fundamentación y motivación, ya que –a decir de la defensa del político– algunas pruebas no están vinculadas y faltan fechas en los documentos.
«Esto es mentira, ya que la orden de aprehensión está basada en 515 pruebas que obran en los expedientes, además de que incluye y precisa fechas específicas que fundamentan y motivan la orden», aseguró en entrevista la abogada de las víctimas en este caso y directora de la CATWLAC, Teresa Ulloa.
Este amparo implica que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX dicte una nueva orden de aprehensión, lo que podría llevar de cuatro a seis meses más en este caso, “lo que devela la intención del juez de retrasar el proceso para la detención de los políticos», precisó la abogada.
De acuerdo con Ulloa y defensa legal de las víctimas, ya se interpusieron los recursos de revisión necesarios y se espera que sea el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la Ciudad de México quien lleve el caso, ya que en los cinco años anteriores estuvo “corrigiendo la plana” y revisando la actuación del Juez de Distrito, Erik Zabalgoitia Novales.
Fiscalía consigna erróneamente los delitos
La abogada y defensora de los derechos de las mujeres también explicó que la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene desde este 2021, con Ernestina Godoy, una consignación errónea de los delitos en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y el resto de las personas implicadas.
Ulló explicó que los delitos por los que actualmente se investiga a estas personas es tentativa de trata en la modalidad de explotación sexual, y modalidad de publicidad ilícita y engañosa y el delito de asociación delictuosa; no obstante, de acuerdo con las pruebas contenidas en el expediente, los delitos deberían ser trata de personas, tentativa de explotación sexual, el delito de publicidad ilícita y engañosa, y el de delincuencia organizada.
La diferencia es que en este caso del delito de trata de personas sí está acabado porque hubo reclutamiento; en el caso de la explotación sexual se debe manejar como tentativa porque con las víctimas denunciantes no se llegó a concluir este delito porque lograron huir, no obstante, sí existen víctimas contra quienes se ejerció la explotación sexual pero decidieron no denunciar porque tienen mucho miedo y son de escasos recursos, explicó la abogada.
La directora de la CATWLAC refirió que el impacto de esta dilación en la resolución de este caso lo viven las víctimas directas, entre quienes se aumenta su ansiedad, su daño emocional, la sensación de peligro o riesgo, impotencia y desesperación, lo que se suma a que luego de la denuncia ellas han tenido que mudarse, así como cambiar sus mecanismos y redes de apoyo.
“Ellas piensan que nuevamente se extienden los tentáculos de la corrupción del poder político para seguir intentando frenarla. Hay momentos en que ya llegan a puntos de desesperación, que me parece que es lo que están buscando (las autoridades) que ya se den por vencidas”, declaró.
Ulloa recordó que el Juez de Distrito tiene la obligación de ponderar los derechos de las víctimas y que los presuntos responsables tienen derecho a defenderse en un juicio, el cual no se ha podido llevar a cabo porque se están prófugos de la justicia desde que se dieron las órdenes de aprehensión.
De acuerdo con información difundida por la CATWLAC, Erik Zabalgoitia Novales no sólo ha amparado a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, sino también a los empresarios Romero Deschamps, a la familia del ex funcionario de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, a la esposa del priísta Javier Duarte, Karina Macias.
Pese a ello, refirió CATWLAC, las víctimas Beatriz, Renata y Valentina siguen firmes y con la intención de seguir buscando la justicia.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las víctimas mujeres del delito de trata de personas aumentaron al pasar de 454 en todo 2020 a 346 en los primeros nueve meses de 2021.
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