Ciudad de México. –A 17 años del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño, su madre, María Antonia Márquez exigió nuevamente a las autoridades del Estado de México procesar a Isidro López (segundo responsable del feminicidio), castigar a las y los servidores públicos que entorpecieron el caso y brindar medidas de reparación para las y los hijos de Nadia, durante la audiencia que se realizó este 27 de octubre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de acceder a una justicia digna y efectiva.
El 12 de febrero de 2004, Nadia Muciño fue asesinada por su entonces esposo Bernardo López Gutiérrez en contubernio con su hermano, Isidro López, alias “El Matute” en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ellos colocaron el cuerpo de Nadia en el baño de su casa con una soga en el cuello para fingir que se había quitado la vida. Este hecho lo realizaron en presencia de los hijos de Nadia de entonces 5, 4 y 2 años de edad.
Consulta la cobertura del caso aquí
En una audiencia desarrollada de manera virtual con representantes de la CIDH y autoridades del Edomex, Antonia Márquez declaró que el Estado mexicano es el responsable del asesinato de su hija debido a que no supervisan el actuar de sus autoridades, quienes bajo prejuicios sexistas, desinterés por cumplir sus obligaciones, y poca capacitación en perspectiva de género, favorecen que los casos de feminicidio sigan impunes y los agresores en libertad, al tiempo que los asesinatos violentos contra mueres aumentan.
La también defensora, Antonia Márquez, relató que desde un inicio la Procuraduría General de la Justicia del Estado de México (PGJEM) realizó la investigación del caso bajo el supuesto de un suicidio, a pesar de conocer la violencia de pareja de la que Nadia era víctima, ya que en 2003 (un año antes del asesinato) Nadia interpuso una denuncia contra Bernardo por golpes y privación de la libertad, sin embargo nadie acudió a su auxilio.
En el lugar del crimen -resaltó- la PGJEM omitió resguardar la escena del hecho y material probatorio del asesinato, como la soga con la que ataron a Nadia y ropa con muestras de sangre. Todo ello la condujo a emprender una lucha para reclamar justicia por cuenta propia, luego, con ayuda de algunas organizaciones civiles, por lo que logró que se investigara a los hermanos López por este feminicidio.
Después de ser detenidos los responsables, agregó, en 2010 Isidro López obtuvo la libertad gracias a la decisión de las y los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Edomex. Ellos consideraron que los testimonios de las y los hijos de Nadia (quienes lo reconocieron como uno de los asesinos de su madre) eran inválidos al ser “incapaces de diferenciar entre una fantasía y un hecho real” y por ello sigue en libertad.
En cuanto al otro responsable del asesinato, Bernardo López, recibió finalmente una sentencia de 42 años de prisión en 2017 por el delito de “homicidio agravado”, ya que cuando Nadia fue asesinada el delito de feminicidio aún no se tipificaba en el Edomex.
Por este mal actuar, expresó Antonia Márquez, las y los magistrados adscritos a esta Sala (Alfonso Velázquez Estrada, Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra Mendoza) cuentan desde 2010 con una demanda por esta decisión la cual sigue sin resolverse, por lo que exigió que tanto ellos junto con los entonces funcionarios de la PGJEM (Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández) sean castigados y retirados de los cargos que aún desempeñan.
“Durante 17 años, las autoridades mexicanas han cometido omisiones, negligencias y corrupción. Las autoridades concluyeron que Nadia murió porque quiso. Mis nietos tuvieron que contar la historia que presenciaron muchas veces y los carearon con los asesinos. Yo fui despedida, mi vida se convirtió en este caso, tuve que solicitar préstamos para pagar peritajes independientes para acreditar que Nadia había sido asesinada, como lo dijeron sus hijos desde el primer momento”, enfatizó Antonia Márquez.
Edomex sin cambios en 17 años
Ante este contexto, las autoridades del Estado mexicano aceptaron su responsabilidad de las múltiples violaciones en contra de los derechos de Nadia y de sus familiares, además, se comprometieron en crear una “una ruta amigable” para resolver el caso, dar medidas de reparación y enfatizaron que han creado numerosas instituciones y centros enfocados en prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres así como cumplir con la debida diligencia en casos de feminicidio.
Aunque Antonia Márquez decidió aceptar la disculpas de las autoridades, expuso que casos como el de su hija se siguen repitiendo en esta entidad porque las y los servidores públicos cometen las mismas negligencias, ejemplo de ello es que esta entidad se mantiene con la mayor incidencia de casos de feminicidio, a pesar de tener dos Alertas de Género, una por feminicidio en 2015 y otra por desaparición de mujeres en 2019, por lo que para ella los “supuestos” avances son inexistentes.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, entre enero y septiembre de 2021, se cometieron 110 casos de feminicidio en el Edomex, lo que lo posiciona como la primera entidad con más casos de este delito. «En 2004, Edomex era el primer estado con la tasa más alta de casos de feminicidio, desde entonces este tipo de casos quedan impunes, en la actualidad 98 de cada 100 delitos quedan en total impunidad por el las negligencias de las autoridades mexicanas», recalcó la perita y directora ejecutivas de «Amnistía México», Edith Olivares.
Con ella coincidieron las y los representantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia (organización que acompañan legalmente a la familia de Nadia), quienes detallaron que las autoridades del Edomex consideran aún la violencia familiar “como una problemática privada” cuando alrededor de 19 millones de mujeres son víctimas de ello a nivel nacional y propicia el feminicidio y también que las y los hijos de estas mujeres se encuentren en peligro.
Ejemplo de ello, recordaron, es que nunca se ofreció a Nadia ni a sus hijas e hijos protección cuando ella presentó la denuncia por agresiones y luego del asesinato tampoco se dio ayuda psicológica a las y los menores de edad hasta este momento, esto evidencia la poca importancia que el Estado mexicano destina a su obligación de eliminar la violencia contra las mujeres, en consecuencia, casos como el de Nadia, “Campo Algodonero” y otros más van ocurrir.
Enfatizaron que la sentencia que puso en libertad a Isidro López está basada en prejuicios sobre la infancia por lo que para el “Estado mexicano si una mujer no denuncia la violencia, acepta que se cometa o simplemente no existe, pero aunque presente una denuncia no pasa nada. Por más de tres años, el Estado no ha enviado sus observaciones del caso a la CIDH”, recalcó la abogada del Grupo, Karla Micheel Salas.
Al respecto, en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la familia de Nadia presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En agosto de 2016, ésta le otorgó un plazo de tres meses al Estado mexicano para informar la situación en la que se encontraba el caso, las acciones que se llevaron a cabo ante las denuncias previas y revisar la investigación contra Isidro.
El caso de Nadia, han señalado durante más de una década sus familiares y abogados, es muestra de las anomalías que persisten en las averiguaciones.
Actos que atiendan el caso, no promesas
Antonia Márquez junto con sus representantes del Grupo de Acción, reiteraron al Estado mexicano que sus “acciones amigables” no dan respuesta a su exigencia de castigar a las y los responsables de las negligencias, procesar al culpable que está en libertad, de otra manera, la justicia nunca será real para la familia de Nadia.
“Un caso que se pudo haber resuelto en los primeros días de haber ocurrido, se pudo haber detenido y sentenciado a los responsables y garantizado con ello el acceso a la justicia, tanto para Nadia como para su familia, peor aún, este feminicidio pudo haberse evitado, sin embargo las autoridades de aquel momento al igual que las autoridades actuales forman parte de un sistema de inmunidad que sigue vigente en México por más de 20 años”, agregó el abogado del Grupo de Acción, David Peña.
Frente a ello, las autoridades del Edomex aseguraron que trabajarán en las exigencias de la madre de Nadia y van a dar a conocer una ruta de atención y una propuesta que van a remitir a las y los representantes de la familia y a la CIDH, que contemple los estándares internacionales signados por México respecto a los derechos de las mujeres.
21/AEG/LGL
