Ciudad de México.-Contrario a lo que afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la venta de niñas en las comunidades no es una excepcionalidad sino que es una práctica común poco denunciada y constituye una violencia histórica que las propias mujeres indígenas han exigido al Estado erradicar al menos desde la década de los 90.
Cuestionado por reporteras sobre si en su visita a Guerrero trataría el tema de la venta de niñas y mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este 24 y 26 de octubre que no lo haría porque esa práctica era una “excepción” y no la regla dentro de las comunidades. También declaró que visibilizar esto estigmatiza a los pueblos indígenas, donde –dijo– no hay una descomposición social porque hay muchos valores.
Esta pregunta fue a propósito del caso de “Angélica”, una niña a quien la policía comunitaria de Dos Ríos, en la montaña de Guerrero, intentó detener por huir de la casa de un hombre a quien la vendieron por 120 mil pesos. La niña fue violada por el papá de ese hombre bajo el argumento de que él había pagado por ella.
Entrevistada al respecto de estas declaraciones, la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz, afirmó que la venta de niñas en las comunidades indígenas encuadra en los delito de trata de personas y matrimonio forzoso, agravados por la edad y la condición de indígenas de las niñas.
No obstante, estos matrimonios forzados no se reflejan en las estadísticas del delito de trata de personas porque las autoridades comunitarias no los reportan como delito porque está normalizado.
Ulloa Ziáurriz aseguró que la venta de niñas no es la excepción, sino la regla, y que no sólo sucede en Guerrero, sino también en Chiapas, Veracruz, la Sierra Norte de Puebla y en la Sierra Negra de Querétaro. No obstante, señaló, incluso si fuera un caso habría que atenderlo de inmediato y buscar que las comunidades se comprometan a no perpetrar estas prácticas.
La abogada también explicó que si bien hay muchos usos y costumbres que deben preservarse, existen otros, como la violencia contra las mujeres y los matrimonios forzosos, que se deben desterrar, sancionar y perseguir.
La titular de CATWLAC explicó que ha acompañado casos de mujeres que fueron obligadas al matrimonio en la infancia y lograron huir de sus comunidades, pero ya no son bienvenidas en su comunidad de regreso por no acatar sus reglas. “Además de víctimas de tentativa de matrimonio forzoso y trata, también son víctimas de estigmatización en sus propias comunidades”, explicó.
Y recordó que en México hay dos leyes que prohíben los matrimonios forzosos, estas son la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, donde está establecida la prohibición de los matrimonios infantiles. No obstante, dijo, habría que reformar el artículo 2 de la Constitución para garantizar que ningún uso ni costumbre atente contra los Derechos Humanos.
La también defensora de los derechos de las mujeres aseguró que en un informe reciente de la Comisión Binacional de Salud Tijuana-San Diego, para la cual se entrevistó a 800 mujeres jóvenes en contexto de prostitución en la frontera norte, se observó que 600 de ellas eran jóvenes provenientes de municipios indígenas de Chiapas, muchas de las cuales fueron obligadas a casarse desde la niñez.
Erradicar trata de niñas en comunidades, exigencia histórica
Documentos analizados por Cimacnoticias, como las propuestas y conclusiones al Congreso de Mujeres Indígenas y el Foro Nacional Indígena, celebrados en el marco del levantamiento zapatista de 1994, contienen acuerdos y declaraciones explícitas en donde las mujeres piden a sus comunidades, autogobiernos y al Estado terminar con los usos y costumbres que violentan su decisión a elegir con quién casarse y cuántas hijas e hijos tener.
Por ejemplo, las conclusiones y resolutivos del Foro Nacional Indígena, celebrado por del 1 al 8 de enero de 1996, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la Comisión de Concordia y Pacificación, –en el que participaron 200 mujeres indígenas– se incluye la exigencia de que se respeten las tradiciones, pero no así aquellas que afecten o agredan a las mujeres indígenas, como el matrimonio forzado o la violencia en el hogar.
Una ampliación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, por su parte, dice que “las mujeres tenemos derecho a exigir que se cambien las malas costumbres que afectan nuestra salud física y emocional.
Y entre las propuestas derivadas del Congreso Nacional Indígena, realizado de marzo a septiembre de 1996 y donde se propusieron diversas reformas constitucionales, se expresa que es parte de las prácticas de usos y costumbres que deben ser erradicadas, el hecho de que “se les impongan parejas”.
En 2014, más de 200 mujeres provenientes de 11 pueblos originarios del país se reunieron en el Centro de Formación y Capacitación de Mujeres de la organización civil Kinal Antzetik, para analizar y compartir experiencias sobre las modalidades de violencia que viven desde su condición específica de indígenas, campesinas, afromexicanas y mestizas. Un tema recurrente en las mesas de trabajo fue la venta y abuso sexual de las niñas y mujeres indígena.
“Si bien hemos dado la lucha conjunta por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, a veces nos piden que no hablemos de ciertos temas como la venta de niñas… Hay pueblos donde una niña entre más pequeña vale más, conforme va creciendo vale menos, si tiene estudios vale menos. Con la migración, hombres adultos pueden adquirir a una adolescente por entre 50 mil y 100 mil pesos”, dijo la indígena nahua Nadia Maciel Paulino, en una entrevista concedida en ese año a esta agencia de noticias.
Estado mexicano tiene la obligación de erradicar venta de niñas
Al respecto de las declaraciones del Presidente, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) emitió un comunicado para recordar que la venta de niñas constituye una violación a los Derechos Humanos y un crimen que el Estado mexicano debe investigar y erradicar.
La Redim condenó la prevalencia de esta práctica que —dijo—, bajo el argumento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, cosifica a niñas y adolescentes en diversas entidades del país, como en la zona de la Montaña de Guerrero, lo que constituye serias limitaciones a los derechos de la niñez.
La Redim rechazó también la falta de reconocimiento e invisibilización que las máximas autoridades de México expresan hacia todos los temas que deben involucrar su compromiso y trabajo para garantizar la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país; en especial, ante los diversos peligros en perjuicio de la seguridad y protección que deben tener a una vida libre de violencias.
“Es inaceptable que las autoridades, bajo una visión adultocéntrica, menosprecien y resten importancia a situaciones tan graves como la venta de niñas en diversas entidades de México, lo que conlleva a una omisión intencional del Estado para atender esta terrible práctica que se traduce en delitos como violencia sexual, tráfico y trata de personas entre 0 a 17 años de edad, matrimonio infantil y violaciones al derecho a la libertad y a la salud, que atentan contra el interés superior de la niñez y que se cometen en complicidad con autoridades comunitarias y locales”, señaló.
De acuerdo con la organización, en México al menos mil 463 personas de 0 a 17 años (mil 54 mujeres y 409 hombres) han sido víctimas del delito de la trata de personas entre enero de 2015 y julio de 2021. Asimismo, el número de niños, niñas y adolescentes, entre 0 a 17 años, que fueron víctimas de trata aumentó de 179 de enero a agosto de 2020, a 261 en el mismo periodo de este año, lo que significó un incremento del 45.8 por ciento. El número de mujeres de 0 a 17 años que fueron víctimas de trata aumentó de 136 de enero a agosto de 2020 a 180 de enero a agosto de 2021, lo que se traduce en un incremento del 32.4 por ciento.
En cuanto al matrimonio infantil y adolescente, prohibido en diversas leyes, se calcula que 6.8 por ciento de las mujeres de 15 a 17 años (218 mil 201 en total) y 2 por ciento de los hombres en el mismo rango de edad (67 mil 233 en total) vivían casadas o en unión libre en 2020 en México. Asimismo, al menos 18 mil 974 mujeres, entre 12 y 14 años en México (0.6 por ciento de las mujeres en dicho rango de edad), vivían casadas o en unión libre en 2020. En contraste, este porcentaje era de 0.3 por ciento entre los hombres de la misma edad (9 mil 89 en total).
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