Ciudad de México. Organizaciones y redes de la sociedad civil de Guatemala, El Salvador y México, entre otros países, denunciaron que existe una complicidad entre el gobierno mexicano y estadounidense para implementar políticas que violan los derechos de las personas migrantes, en particular el de las mujeres en condiciones vulnerables y menores de edad, durante la audiencia pública “Protección de personas en movilidad en los Estados Unidos, México y el Norte de Centroamérica” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esta audiencia, las organizaciones detallaron que desde marzo de 2020, se han registrado vuelos provenientes de Estados Unidos a la frontera de México a fin de trasladar a personas migrantes, entre ellas menores de edad solos, embarazadas y con discapacidades, que son expulsadas bajo el “Título 42” (establece que debido a la Covid-19 queda prohibida la entrada de personas con estatus migratorio irregular y deben ser expulsadas) y son dejadas en una grave situación de vulnerabilidad en Guatemala y Honduras.
En estas acciones, dijeron, las autoridades mexicanas participan, ya que son ellas quienes reciben a las personas migrantes y las transportan en autobuses hasta las fronteras de Honduras y Guatemala para obligarlas a cruzar a pie, sin considerar si sus Derechos Humanos fueron o no respetados, ni avisar a sus consulados, ni brindar información, ni cumplir con sus obligaciones de no expulsar a embarazadas, menores de edad, con discapacidad, o quienes se encuentran en una situación de peligro.
Estas personas migrantes, agregaron, son originarias de Haití (en su mayoría), Venezuela y otros países, quienes esperaban en Chiapas a que sus procesos fueron resueltos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sin embargo este organismo no les ha dado respuesta alguna, las condenó a mantenerse en condiciones “inhumanas”, pagando rentas de casi 7 mil pesos, sin acceso a servicios de salud, ni escuela, ni trabajo, en un contexto de pandemia, lo que las arriesgó aún más a ser víctimas de la delincuencia, trata de personas y agresiones sexuales.
“De septiembre a enero de 2021, fueron detenidas 7 mil 772 personas haitianas. En ese mismo periodo, sólo se obtuvo acceso a la defensa de 198 personas, es decir un 2.7 por ciento. Las defensorías públicas no atienden las necesidades, es necesario que sean capacitadas para que puedan dar respuesta y tener recursos para ello”, añadió el coordinador general para América Central de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, Juan Carlos Pérez Murillo.
Por su parte, la representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Yolanda Gonzáles Cerdeira, detalló que cuando las personas migrantes llegaban a las fronteras de Guatemala u Honduras eran atendidas por las organizaciones civiles, no por los gobiernos. En un mes, resaltó, más de 8 mil personas, sobre todo mujeres con menores de edad, llegaron a las fronteras pidiendo auxilio para poder comunicarse con sus familiares y las y los niños requerían de atención médica.
Las expulsiones, enfatizaron, son una violación grave a los Derechos Humanos de estas personas, pues incumplen con los tratados internacionales y nacionales a los que México y Estados Unidos han firmado. El “Título 42” es utilizado por la administración estadounidense, a cargo de Joe Biden, para no atender la crisis migratoria que se ha desarrollado desde antes de la pandemia, pero que con el tiempo se ha agravado. A esta cuestión se le suma la insistencia por activar el Protocolo “Quédate en México”.
Destacaron que entre agosto y octubre de 2021, el gobierno estadounidense ha enviado 100 vuelos a Chiapas y Tabasco. De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), más de 22 mil personas centroamericanas fueron expulsadas a México entre marzo y diciembre de 2020, de las cuales 23 por ciento fueron mujeres y 8 por ciento menores de edad, en suma, se registraron más de mil 900 agresiones y 72 millones de personas migrantes tuvieron repercusiones en su vidas debido a la implementación de Protocolo “Quédate en México”.
Es necesario recordar que el 18 de octubre, 12 organizaciones civiles presentaron un “amicus curiae” ante la Suprema Corte de Justicia para exigir que el gobierno mexicano no colabore con el desarrollo del Protocolo “Quédate en México” para que así no pueda ser activado. Este Protocolo retornó a ciudades inseguras mexicanas a más de 72 mil migrantes que solicitaban asilo, de los cuales 26 mil 392 fueron mujeres y 20 mil 741 fueron menores de edad.
“A estas políticas que abiertamente externaliza la frontera estadounidense se suma la política de contención del Estado mexicano, quien ha sumado a los agentes de migración en todo el país, 27 mil elementos de la Guardia Nacional para labores de control migratorio. Se ha documentado la detención y deportación de personas con documentos de estancia regular en el país o reconocidas como refugiadas”, señalaron las organizaciones.
Asimismo, representantes de comités de familias denunciaron las condiciones precarias y falta de atención a las personas que son expulsadas en cadena desde Estados Unidos, México y Guatemala. Ante ello, las comisionados de la CIDH expresaron su preocupación sobre las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes, solicitaron a las organizaciones ampliar sus informaciones y concluyeron que existe una emergencia migratoria que debe ser atendida.
Algunas de las organizaciones que participaron en esta audiencia fueron: Red Regional de Protección, Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamericana, Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Piscosocial (ECAP), Mesa Transfronteriza sobre Migraciones y Género, entre otras.
Nuevas promesas
Este 28 de octubre, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó en un comunicado que otorgará Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad que integran la caravana de personas migrantes que salió desde Chiapas, la cual de acuerdo con organizaciones civiles, se dirige a la Ciudad de México. En esta acción y a fin de mantener la mayor transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a formar parte de este proceso.
Las y los niños, expresó el INM, caminaron bajo temperaturas arriba de 40 grados, lo que ocasionó laceraciones en sus pies y puso en riesgo su integridad física, por ello desde el pasado 23 de octubre han brindado ayuda a estas personas y reiteró su compromiso por el respeto de los Derechos Humanos.
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