Ciudad de México.- Hasta 2020 alrededor de 20 mil niñas de entre 12 y 14 años de edad vivían en matrimonio, por eso la diputada priista, Melissa Vargas Camacho, anunció que legisladoras de su partido, junto con la bancada del PAN, PRD y quienes se suman de Morena, promoverán una iniciativa para erradicar el matrimonio forzado.
El interés por legislar este tema surgió después de que el pasado 24 de octubre, durante su gira por la Montaña de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó: “No vengo a ver eso (la venta de niñas), porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla, ¿qué acaso la prostitución sólo está con los pobres?”.
En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, la legisladora Vargas Camacho dijo que las uniones a edades tempranas son parte de un problema que une a las legisladoras de todas las bancadas, pues se trata de una violación a derechos de niñas, niños y adolescentes e incluso se puede considerar trata de personas.
Es por eso que las priistas anunciaron su apoyo a la propuesta del senador guerrerense, Manuel Añorve Baños, quien el 26 de octubre presentó en el Senado una propuesta para reformar el artículo 41 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer la obligación del gobierno federal de garantizar el respeto de los Derechos Humanos de mujeres y niñas, incluso ante los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Desde 2014, cuando se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin embargo los casos de uniones infantiles persisten, con el argumento de que son parte de los usos y costumbres. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, del Inegi, casi 20 mil niñas de entre 12 y 14 años de edad viven en matrimonio o unión libre.
Según los datos, expuso la diputada Melissa Vargas, los casos se concentran en siete estados, donde se ubica la mitad de las niñas en esta situación: Estado de México, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Puebla, donde esta práctica se ampara en la tradición de la dote o de la venta de las niñas.
Expuso que de acuerdo con investigaciones periodísticas, en Guerrero el pago por una niña va desde los 30 mil hasta los 180 mil pesos, pero aseguró que desde 2014 la ONU y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) han señalado que el pago de dotes incrementa la vulnerabilidad de niñas a la violencia y otras prácticas nocivas.
Vargas Camacho dijo que la venta de niñas puede provocar que el marido, o las familiares de las niñas, ejerzan violencia física o psicológica en contra de ellas, las ataquen con ácido o incluso las asesinen si no satisfacen las expectativas relacionadas con el pago.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, recordó que la semana pasada la comisión que encabeza aprobó un punto de acuerdo para que el pleno condene los hechos ocurridos el 9 de octubre en la comunidad de Dos Ríos, en Cochoapa el Grande, en Guerrero, donde se dio a conocer la entrega de una niña de 11 años de edad para casarse.
La legisladora dijo que en este caso las autoridades deben determinar las responsabilidades penales y proteger y reparar a las víctimas, así como adoptar medidas para garantizar la no repetición de estos delitos, porque de acuerdo con la Ley contra la trata de personas, el matrimonio forzado de menores de edad es un delito.
Herrera Anzaldo también llamó al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) a dar a conocer los datos más recientes sobre este problema y exhortó al presidente de la República a encabezar las reuniones del Sipinna y “usar la fuerza del Estado” para respaldar a la niñez y hacer valer todos sus derechos.
En videoconferencia, la diputada priista, Eufrosina Cruz Mendoza, afirmó que es momento de romper paradigmas culturales y terminar con los usos y costumbres que representan violencia contra las niñas.
Las diputadas, subrayó, tienen la responsabilidad de preguntar al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al sistema de justicia, y en el caso particular al gobierno de Guerrero, qué hacen para prevenir los matrimonios de niñas de 11 o 12 años de edad.
A la propuesta de la bancada del PRI se sumaron integrantes de las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia; Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y de Igualdad de Género. Además, las diputadas Margarita Zavala, del PAN y Martha Robles, de Morena, también se manifestaron en contra de estas uniones y a favor de garantizar los derechos de esta población en el presupuesto de egresos de 2022.
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