Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia y entre los puntos más importantes, destacan que:
Al cierre de 2020, se reportaron mil 169 unidades administrativas en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia. Esta cifra representó una disminución de 19.8 por ciento, en comparación con la cifra reportada en 2019. En cuanto a la función principal que ejercieron dichas Procuradurías o Fiscalías, 10.9 por ciento correspondió a investigación, análisis criminal y/o inteligencia. El Estado de México concentró la mayor cantidad de unidades administrativas al registrar 156.
Respecto al personal adscrito a las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, al cierre de 2020, se contó con 95 mil 602 servidoras y servidores públicos, de los cuales, 56.1 por ciento fueron hombres y 43.9 por ciento mujeres. Comparado con 2019, la cantidad de personal aumentó 0.5 por ciento en 2020. En tanto, Ciudad de México y Estado de México fueron las entidades que concentraron la mayor cantidad de personal con 16 mil 767 y 6 mil 841 servidoras y servidores públicos, respectivamente.
Con relación a las características que presentó dicho personal, destaca que 23.4 por ciento percibió un ingreso bruto mensual entre 10 mil y 15 mil 000 pesos. En cuanto a la escolaridad, 65.3 por ciento del personal contó con licenciatura.
Durante 2020, las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia ejercieron un presupuesto de 46 mil 015 millones 127 mil 067 pesos. Dicha cifra representó un aumento de 7.4 por ciento respecto al presupuesto ejercido en 2019. Las entidades que ejercieron mayor cantidad de recursos fueron Ciudad de México (15.5 por ciento), Estado de México (11.9 por ciento) y Nuevo León (6.7 por ciento).
Al cierre de 2020, los recursos informáticos en funcionamiento con los que contaron las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de los estados, fueron los siguientes:
También, se reportaron 3 mil 720 Agencias del Ministerio Público de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, cifra que representó una disminución de 0.9 por ciento en comparación con la cantidad registrada en 2019. Del total, 41.4 por ciento correspondió al tipo mixta o general. En tanto, Jalisco fue la entidad que concentró la mayor parte del total de agencias (13.4 por ciento).
Por especialidad:
En 2019 había 3 mil 755 Agencias del Ministerio Público, sin embargo, para 2020 se registró una disminución en agencias especializadas en delitos contra las mujeres y en atención a personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas.
Se registró un incremento significativo en las agencias especializadas en violencia familiar, mecanismos de solución de controversias, en delitos sexuales, en homicidios y en adolescentes.
Del personal fallecido durante 2020, las agencias y/o fiscalías del Ministerio Público reportaron que 231 servidoras y servidores públicos fallecieron por COVID-19. La Ciudad de México concentró 32.5 por ciento del personal fallecido por esta causa.
Para el ejercicio de la función de los servicios periciales y/o servicio médico forense, al cierre de 2020 se contó con 283 unidades, 424 laboratorios y 205 anfiteatros. Tabasco destacó como la entidad con mayor cifra de laboratorios (fijos y móviles) y de laboratorios con área para realizar necropsias. En tanto, Veracruz, Tabasco y Chihuahua, fueron las entidades que presentaron la mayor cantidad de unidades de servicios periciales y/o servicio médico forense con 34, 23 y 22, respectivamente. Por su parte, Ciudad de México, Tabasco, Puebla y Estado de México, concentraron la mayor cantidad de anfiteatros.
Lo cierto es que en las estadísticas no aparece el delito de feminicidio, ni la sustracción de los hijos e hijas de las mujeres, ni los delitos en materia de trata de personas, ni la violencia digital y la violación a la intimidad sexual, el secuestro, la privación de la libertad. A pesar de que se ha informado al Comité de la CEDAW que ya tenemos estadísticas con perspectiva de género, de este informe se desprende que no es así y que las instituciones de procuración de justicia no le dan la debida prioridad y no cuentan con el suficiente compromiso para detectar y sancionar los delitos de las distintas modalidades y formas de violencia contra las mujeres.
Igualmente, de este informe aunque casi se llega a la paridad por cuanto hace a las funcionarias y funcionarios, los cierto es que ser mujeres no garantiza que se tenga la sensibilidad para impartir justicia para las mujeres y las niñas.
Habría que analizar los presupuestos destinados al combate de la violencia contra las mujeres, pero eso sería materia de otra columna.
21/TUZ/LGL
