Inicio AgendaLibres de Violencia Presentan “Reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Análisis de las Políticas Públicas y la Legislación”

Presentan “Reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Análisis de las Políticas Públicas y la Legislación”

Por Aline Espinosa Gutierrez
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Ciudad de México. La violencia contra las niñas, niños y adolescentes en México no para, prueba de ello es que de enero a agosto de 2021, se registraron 700 homicidios dolosos hacia esta población, 8 casos de feminicidio en niñas de 0 a 17 años y 3 mil 726 desapariciones, de las cuales 2 mil 400 eran niñas. Estas agresiones son parte de la serie de factores que propician el reclutamiento forzado de menores de edad a la delincuencia organizada, grupos criminales o de narcotráfico. 

A fin de descubrir cuáles son las cuestiones que propician esta problemática, las consecuencias de éstas, los tipos de reclutamiento, y el papel del Estado mexicano, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) con apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania, presentó el pasado 7 de diciembre la segunda parte de la investigación “Reclutamiento de las niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Análisis de las Políticas Públicas y la Legislación”, en el cual entrevistaron a más de 40 menores de edad de distintas partes del país. 

En conferencia de prensa, la directora de la Redim, Tania Ramírez Hernández, explicó que esta investigación pretende visibilizar una “fuerte situación” que se desemboca por diversos factores que facilitan el reclutamiento, ya sea voluntario o forzado, de las y los menores de edad por grupos delictivos. Problemática que debe ser entendida en su “totalidad, si se quiere hacer propuestas que den una solución de acuerdo al interés superior de la niñez”. 

Algunas de las situaciones, dijo Ramírez, que impulsan el ingreso de las y los menores de edad a organizaciones delictivas son: tener una relación con alguien dentro de la delincuencia, vivir en una zona geográfica bajo el control de un grupo criminal, la experiencia previa en actividades ilegales, el engaño y la falsa promesa de una vida mejor, y la visión de la delincuencia como una familia. Todas estas causas se “aprovechan de la vulnerabilidad y ponen en riesgo la vida e integridad de los menores de edad”. 

Además de estos  factores, añadieron las panelistas, dos de los que más conllevan a las y los menores de edad a unirse a estos grupos es la violencia familiar y la pobreza. En 2020, 15 mil 419 menores de edad fueron atendidos por sufrir algún tipo de violencia, 69 por ciento de ellos fue por violencia familiar y 31 por ciento por agresiones físicas, psicológica, sexual y económica. Este panorama propicia que las y los menores de edad consideren su integración a los grupos criminales como una fuente de libertad. 

El reclutamiento, detallaron, es un proceso de incorporación a la delincuencia organizada para realizar actividades ilícitas como sustracción, capacitación, amenaza, intimidación, rapto, uso de la fuerza, traslado de drogas, trata de personas, entre otras. Este reclutamiento puede ser o no forzado, en ambos las y los menores de edad se someten a una serie de actos de violencia física, psicológica, económica, y es considerado como uno de los más “graves y repudiables crímenes que se pueden cometer”. 

Lo anterior es así, comentaron, porque el reclutamiento vulnera múltiples esferas de la vida e integridad de las y los menores de edad, como el derecho a la seguridad, a la libertad, a una vida libre de violencia, afecta la dinámica familiar y de la comunidad, e impacta en su desarrollo, por lo que el Estado mexicano debe reconocer y actuar ante las principales causas que producen el reclutamiento. 

Datos citados por las panelistas revelaron que 28 mil 899 niñas y niños de entre 0 y 13 años de edad respondieron “sí”, a la pregunta de si alguien los había obligado a formar parte de un grupo delincuencial, al igual que 19 mil 79 adolescentes. Si bien el Estado mexicano ha desarrollado y trabajado en la implementación de un marco jurídico relacionado con la protección del interés superior de la niñez y la justicia para adolescentes, no han sido totalmente efectivas en la realidad. 

Con base en los testimonios de las y los menores edad, enfatizaron, algunas políticas sociales fomentan el reclutamiento porque limitan el ejercicio de sus Derechos Humanos, no garantizan el acceso a la educación, servicios de salud a una vivienda digna, no facilitan la adopción, no les permiten elegir, entre otras cuestiones. Además de ello, las políticas públicas enfocadas en atender las problemáticas que las y los afectan son muy reducidas y los sistemas como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, no cuentan con las atribuciones necesarias para asegurar el cumplimento de sus tareas, que es el desarrollo, evaluación y monitoreo de políticas para la niñez. 

“La falta de políticas públicas que atiendan y prevengan el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, muestra la invisibilidad que esta problemática tiene en la agenda de oferta de servicios del aparato estatal.  Sumado a lo anterior, el desarrollo y planeación inadecuada de las políticas públicas para personas menores de 18 años se realiza a través de visiones adultocentristas en donde se ignora la concepción de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, y por ende, se obvia su participación dentro de la creación de las mismas”, detalla la investigación. 

Las y los menores de edad consultados manifestaron en diversas ocasiones que las autoridades son parte de sus principales agresores, lo que es resultado de la ausencia de protocolos de tratamiento para esta población que es detenida por primera vez. Los protocolos son uno de los elementos esenciales para eliminar el reclutamiento de menores de edad por grupos delictivos. Estos hallazgos demuestran que las estrategias vigentes del gobierno no funcionan, falta mucho por trabajar y generar políticas públicas centradas en esta problemática. 

Recordaron que el reclutamiento de menores de edad por grupos delictivos se encuentra prohibido jurídicamente por el derecho internacional y distintos tratados a los que México se ha comprometido, como es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), sin embargo el sistema actual mexicano carece de mecanismos de atención para que las y los menores de edad en situación de reclutamiento puedan exigir sus derechos sin ponerse en riesgo. 

“Es muy difícil que un niño, niña o adolescente reclutado tenga la posibilidad de presentarse frente a un tribunal para hablar sobre la victimización que  vive siendo reclutado. En la etapa de atención, al acercarse a una autoridad podría incluso poner en peligro su vida, la de sus familiares o su propia libertad. La policía, la Guardia Nacional, o las Fuerzas Armadas, no cuentan con las capacidades para tratar adecuadamente a las y los menores de edad víctimas de múltiples formas de violencia como la niñez reclutada”, describe la investigación. 

Con el fin de atacar este fenómeno, mencionaron las panelistas, algunas recomendaciones son que el gobierno mexicano quite de todos sus planes y programas institucionales el lenguaje que sea despectivo contra las y los menores de edad; y desarrollar políticas nacionales y sectores que incluyan la participación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de asegurar que el principió de interés superior de la niñez se encuentre de manera transversal en ellas. 

Asimismo, es necesario que promueva la coordinación interinstitucional entre programas o las líneas de acción de los mismos; hacer uso de los mecanismos ya existentes como las comisiones especiales o los grupos de trabajo, dotarlos de recursos materiales y humanos suficientes; desarrollar programas integrales de atención; incorporar la protección del interés superior de la niñez dentro del presupuesto; impulsar la reinserción social; garantizar acceso a servicios de salud, a la educación y a la justicia para las y los menores de edad. 

Invitaron a la población a consultar la investigación y a participar en estrategias para evitar que las y los menores de edad se involucren o sean forzados a unirse a grupos criminales. “Esta problemática nos preocupa a todo el país porque se trata de menores de edad, pero también porque la inseguridad crece en el país”, concluyó la profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Elena Azaola Garrido. 

21/AEG/LGL

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