La intervención gubernamental de instituciones de educación superior es una de las acciones características de los gobiernos autoritarios y las dictaduras. Limitar o eliminar la libertad de cátedra, la pluralidad y/o la autonomía de las universidades, lo mismo que controlar los medios, forma parte de la estrategia de los regímenes que temen a la inteligencia, al libre debate de las ideas, y que buscan imponer su visión del mundo, sus prioridades y su vocabulario. La imposición de un director ajeno y contrario a la comunidad del CIDE la semana pasada es la más visible pero no la única evidencia del afán de control ideológico de la autollamada 4T.
Desde sus inicios, a través del presidente, la directora de Conacyt y otros colaboradores, este gobierno ha ido construyendo un discurso de confrontación contra la academia, como torre de marfil privilegiada, y debilitando sus instituciones por gradual asfixia económica.
Los ataques a la autonomía de la UNAM, la extinción de fideicomisos destinados a la investigación, la persecución penal de integrantes del Foro Consultivo de Conacyt, la pretensión de institucionalizar la discriminación en el SNI a costa de académicos de universidades privadas, la toma de la UDLA en Puebla, los ataques contra investigadores de Cátedras Conacyt y hasta el cambio de nombre de éstas por «Investigadores e Investigadoras por México», combinan demagogia nacionalista y justiciera, manipulación de la ley para amedrentar y ejemplos sumarios de lo que puede suceder a quienes no se sometan a los dictados del dominante, como el despido de Alejandro Madrazo y Catherine Andrews, por osar solidarizarse con jóvenes investigadoras o defender la normatividad.
La posposición unilateral de la reunión para negociar una salida al conflicto que ha estado eludiendo Álvarez Buylla y la insistencia en que primero el cuerpo estudiantil devuelva las instalaciones, cuando el primer paso debería ser la anulación del nombramiento de un director prepotente, es otra ominosa muestra de la cerrazón gubernamental ante la disidencia. La soberbia oficial ante la valiente y ejemplar defensa del CIDE por sus estudiantes y docentes sería sorprendente si no fuera ya signo del actual estilo personal de gobernar.
La deriva autoritaria contra la libertad de pensamiento, en nombre de un bien superior definido por el supremo gobernante como rumbo único, que hoy busca imponer la mediocridad de la homogeneización intelectual, la sumisión a un dogma incomprensible como la «soberanía científica», la exigencia de una lealtad ciega al encumbrado, nos recuerda el odio a la inteligencia del franquismo, la intervención de las universidades con rectores militares y eliminación de carreras como la sociología en el Cono Sur, la purga y persecución de académicos y la imposición de la censura en Turquía, los ataques contra la Fundación Soros y la clausura de la Universidad Europea, así como la apropiación gubernamental de los fondos de la Academia de Ciencias en Hungría.
Mientras que las acciones de regímenes totalitarios en la Alemania nazi o la Unión Soviética pueden parecer ajenas a la realidad mexicana, la degradación de la vida democrática patente en Hungría y Turquía confirma la urgencia de detener la escalada contra medios, ONG e instituciones de educación superior.
Ninguna de estas medidas fue súbita, se fueron encadenando y acumulando en una estrategia de «cultura del shock».
Contra el autoritarismo que busca asfixiar el pensamiento libre, además de convocar a la solidaridad y a la acción conjunta de otras instituciones y de la ciudadanía, como lo ha hecho la comunidad del CIDE, hace falta también desmontar el enredoso discurso con que se busca justificar estos ataques.
En una notable intervención en la FIL de Guadalajara, el profesor Mauricio Merino contradijo con la contundencia de numerosas publicaciones la calumnia de que el CIDE había «callado» ante la corrupción y la opacidad de gobiernos previos.
Sin duda, demostrar la falsedad de este tipo de dichos, cuando además abunda la evidencia contraria, es útil y necesario. Sólo habría que añadir, me parece, que esa supuesta imperdonable omisión de la academia es justo la que este gobierno exige para sí: no le interesan ni la transparencia ni la rendición de cuentas.
Tampoco le agradan las críticas a la militarización y la violencia institucional, que también se han hecho en el CIDE, y que responden a esa vocación de servicio al país, que Conacyt dice privilegiar.
En esta farsa cada día más destructiva, con su discurso engañoso el gobierno busca polarizar y confundir para mejor ocultar la asfixia, gradual pero inexorable, de nuestras libertades Por eso, defender al CIDE es defender nuestro derecho a pensar y disentir.
21/LMP/LGL
