Ciudad de México. Más de dos meses les costó a las personas migrantes, entre ellas mujeres embarazadas y menores de edad, llegar a la Ciudad de México, donde fueron agredidas y encapsuladas por elementos de la policía, en consecuencia hubo un saldo de más de 20 personas heridas, por lo que organizaciones civiles de Derechos Humanos nacionales exigieron al gobierno un alto a la violencia y llamaron a la sociedad a donar artículos (cobijas, comida, ropa) para las y los migrantes en el albergue “La Casa del Peregrino San Juan Diego”.
Este es el primer grupo de la caravana migrante que partió de Chiapas desde agosto de 2021 debido a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no dio respuesta a sus solicitudes de refugio ni obtuvieron apoyo del gobierno de Chiapas, lo que las y los condenó a vivir por meses en condiciones de hacinamiento, sin acceso a escuela o trabajo, y a ser víctimas del crimen organizado en un contexto de pandemia. Por medio de aventones, cruzando ríos, y a pie, así llegaron el pasado 12 de diciembre a la CDMX.
De enero a agosto de 2021, la Comar recibió 18 mil 833 solicitudes de protección de personas haitianas y centroamericanas, sin embargo, este organismo se encuentra desbordado en trabajo y con poco personal, pues fue reducido su presupuesto y tarda más de un año en dar respuesta a una petición, a pesar de que debe hacerlo en menos de 3 meses, de acuerdo con información de Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
Aunque las personas migrantes esperaban encontrar ayuda y realizar una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, no fue así, ya que fueron interceptadas por un alto número de elementos de la policía en la autopista México-Puebla, quienes intentaron detener su paso, las encapsularon y agredieron, a pesar de haber menores de edad, bebés o mujeres embarazadas en la caravana. Ante esta violencia, las personas migrantes se defendieron y algunas de ellas pudieron llegar a la Basílica y refugiarse en el albergue “La Casa del Peregrino San Juan Diego”.
El gobierno de la Ciudad de México informó en un comunicado que la presencia de los elementos de la policía tenía como fin conducir a las y los migrantes a un refugio en el Deportivo Santa Martha Acatitla. En este lugar, el secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres Guadarrama señaló en su cuenta de Twitter que contaba con carpas, colchonetas, comida, agua y servicios médicos, que eran resultado de su coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
“Al llegar la Caravana a la Ciudad se les estaba informando sobre la entrada ordenada y segura a la misma, que no podrían pernoctar en la Basílica de Guadalupe, que había un albergue para ellos y que una línea de seguridad ciudadana ordenaría su paso por Ermita. Sin embargo, mientras estaba el proceso de información y negociación, un grupo de migrantes se abalanzó contra la policía”, detalló Batres Guadarrama.
Es necesario mencionar que desde agosto de 2020, diversas caravanas de personas migrantes salieron de Chiapas, con los pocos artículos que pueden portar y en su recorrido han sido violentados por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes, de acuerdo con organizaciones civiles, ejercen fuerza excesiva y violencia sexual y obligan a las personas migrantes a abordar el transporte para ser deportados hacia Guatemala y Honduras, sin notificar a sus consulados.
Ante estas acciones, en los últimos meses, organizaciones como el Imumi y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, entre otras, han denunciado en medios de comunicación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias, el mal actuar del INM y de la Guardia Nacional. No obstante, no se ha sancionado a ninguna persona responsable de las agresiones.
Tragedia en Chiapas
Diversas organizaciones civiles mexicanas hicieron un llamado al gobierno mexicano a desarrollar estrategias no violentas para hacer frente a la crisis migratoria que vive el país, trabajar porque la condición de las personas migrantes sea regularizada, y realice los procesos de identificación de manera digna de las 59 personas que fallecieron en el accidente en la salida de Chiapas de Corzo, Chiapas.
En distintos comunicados, detallaron que las personas migrantes viajaban hacinadas en la caja del transporte de carga, cuyo conductor perdió el control debido al exceso de velocidad, lo que resultó en que alrededor de 59 migrantes murieron y otras 50 resultaron heridas. Estas condiciones, dijeron, son a las que se ven obligados las y los migrantes a padecer porque no hay apoyo del gobierno y las políticas migratorias son ineficientes.
“La muerte de estas personas se suman a las violaciones que se han documentado en los últimos años contra la población de migrante en el contexto de la pandemia. La militarización de las fronteras y de las rutas; la falta de acceso a los procedimientos de asilo y regularización migratoria obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso”, agregaron.
Demandaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) represente a las familias de las víctimas; lleve a cabo una investigación efectiva de los hechos, y se encargue de todos los gastos funerarios; se garantice el acceso a la justicia, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) brinde protección a las familias de las víctimas.
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