Ciudad de México.- Desde hace 20 años, las trabajadoras de la ahora Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México (SeMujeres) han pugnado porque se les basifique, sindicalice y se les paguen a tiempo sus prestaciones, sin embargo, esto no ha sido bien recibido por sus superiores, quienes en algunos casos, han recurrido a los despidos o sobrecargas laborales.
Desde 2020 entre 260 y 300 trabajadoras –la mayoría jefas de familia, madres, estudiantes, con doble trabajo — de las Lunas y los Centros de Justicia para las Mujeres, que opera la Semujeres, dejaron de recibir una prestación denominada “Estímulo Premio de Puntualidad y Asistencia”, la cual consiste en un sólo pago semestral de tres mil pesos (puede variar según nivel salario) para quienes cumplen puntualmente los horarios laborales
Además de esta prestación, las trabajadoras reclaman el pago de una prima llamada “infecto-riesgo”, que se da a las y los trabajadores de la Ciudad de México, cuya labor implique algún nivel de riesgo a su salud o su seguridad. En este caso, las trabajadoras de “Lunas” nunca han recibido esta prestación económica a pesar de que cada día atienden directamente a mujeres que viven violencia, muchas de ellas con riesgo de violencia feminicida a quienes, incluso, a veces tienen que visitar en su domicilio.
Las trabajadoras laboran en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aún cuando su horario aparece en documentos oficiales con una jornada que inicia a las 8 de la mañana y termina a las 3 de la tarde.
Si bien las trabajadoras de la Secretaría informaron por escrito de esta situación a la titular, Ingrid Aurora Gómez Saracíbar, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y otras dependencias involucradas, nunca han recibido una respuesta oficial que les explique la ausencia del pago.
Ante ello, se vieron obligadas a realizar dos plantones: el primero afuera de la jefatura de Gobierno, el pasado 12 de noviembre, tras el cual lograron reunirse con representantes de la Jefatura, quienes acordaron llamarlas después para iniciar mesas de trabajo. Esta llamada nunca ocurrió.
En la segunda protesta, del 29 de noviembre, lograron reunirse con el particular de Sergio Antonio López Montesinos, director de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (conocida también como Capital Humano de la CDMX). Mauricio Vargas (el particular) dijo a las trabajadoras que a pesar de sus oficios y reiteradas exigencias, no tenía conocimiento de su situación, pero se comprometió a reunirse nuevamente con ellas el próximo 19 de diciembre.
Imposible comprobar asistencia en trabajo a distancia: Semujeres
Cuestionada por Cimacnoticias respecto a esta situación, la Semujeres informó a través de una tarjeta informativa que en este momento el tema es atendido en el área de Capital Humano.
También dijo que el pasado 17 de septiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas de la Semujeres envió un oficio a la Dirección de Normatividad, Planeación y Previsión Social de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo donde solicita aclarar los criterios para el otorgamiento del Estímulo por Puntualidad y Asistencia.
No obstante, adelantó la Secretaría, la asistencia y puntualidad únicamente se puede acreditar con los registros de asistencia, de conformidad con el artículo 66 de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, pero dada la suspensión de actividades presenciales obligada por la Covid-19, se “imposibilitó el registro de asistencia a través de sistemas biométricos y en listas de asistencia”.
Acceso a derechos laborales, una lucha histórica en el Semujeres
La defensa de sus derechos laborales, sin embargo, no es un tema nuevo para las trabajadoras de esta Secretaría, quienes desde los inicios de la institución se han enfrentado obstáculos para que se les reconozcan, aseguraron cuatro trabajadoras entrevistadas por Cimacnoticias, Cecilia Cruz, Lorena Lara, Esther Espinosa e Irma Díaz.
El primer antecedente de la Semujeres fue el Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal (Promujer), que surgió en 1998 con el objetivo de promover y defender los derechos de las mujeres. A la par se crearon también los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM), que dependerían estructuralmente de las delegaciones pero estarían coordinadas por Promujer, ya que serían las instancias operativas responsables de la instrumentación local de las políticas de las mujeres.
Para entonces, el Promujer dependía financieramente de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, es decir, no tenía un presupuesto propio. Desde su creación, la plantilla de personal de los CIAM era de 12 personas, quienes laboraban por honorarios, de un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de acuerdo con notas publicadas por Cimacnoticias en esos años y con un recuento histórico elaborado por la trabajadora Irma Díaz, quien labora desde hace 23 años en la dependencia y actualmente integra una de las Lunas.
En 1999, el Promujer se transformó en el Instituto de la Mujer del DF (Inmujer-DF), como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno, lo que cambió algunas jefaturas y direcciones al interior pero no así las políticas laborales para sus trabajadoras.
Desde estos inicios, las trabajadoras y operadoras del programa observaron que el trabajo por honorarios ponía en riesgo los objetivos del programa, por lo que —como lo documentó Cimacnoticias en su momento— el 29 de noviembre de 2000, integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer de esta capital, aseguraron que en repetidas ocasiones solicitaron al entonces jefe de Gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador (hoy presidente de México), una audiencia para plantear sus demandas, lo que no sucedió.
Ello dio pie a que en 2002 iniciara un movimiento de trabajadoras que exigía su contratación de base y, afiliadas entonces al Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del DF, emplazaron a huelga al Instituto por la firma de un contrato colectivo de trabajo.
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Si bien se reconoció entonces ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la necesidad de una basificación, lo que en su lugar recibieron las trabajadoras los años siguientes fueron represalias: violencia laboral, cambios de adscripción y nueve despidos reportados en 2003.
Además, de acuerdo con lo documentado por Irma Díaz, en 2005 vino un aumento de actividades, con jornadas extras de trabajo, visitas a domicilio de las usuarias y hasta la exigencia de participar en marchas y mítines del Partido de la Revolución Democrática.
En esos años, las trabajadoras tuvieron que dejar el sindicato que las arropó porque sus actividades eran de otra naturaleza.
No obstante, en 2007 surgió un intento de formar un Sindicato Independiente del Instituto de las Mujeres, el cual estaba cerca de lograr su registro en la Junta.
En ese año, el gobierno capitalino cambió la forma de contratación de honorarios a base, se les denomina “Técnicas operativas de confianza”, se les disminuyó el sueldo 33 por ciento, despidió a 8 trabajadoras (una de ellas embarazada), reciben recibos de nómina distintos a los que emite el gobierno, se les hicieron descuentos no explicados, recibieron menos aguinaldo que años anteriores, y se les obligó a participar en actividades de fines de semana sin pago, sólo por “convicción”.
Irma Díaz documentó que en esos años también se pidió a las trabajadoras participar en la entrega de propaganda para apoyo de López Obrador y otras actividades, como formar parte de vallas humanas para la visita del Papa Juan Pablo II a México.
Entre 2009 y 2014, la situación empeoró para las trabajadoras con más despidos injustificados, cambios de adscripción, cambio de actividades, y un ambiente hostil en el que no es posible opinar, de acuerdo con Irma.
Ante la amenaza del Sindicato Independiente, el entonces Instituto decidió afiliar a 220 trabajadoras en diferentes secciones del Sindicato único de Trabajadores de la CDMX. Mientras, las impulsoras del sindicato independiente se mantenían en la exigencia del reconocimiento de su registro en la Junta, lo que nunca sucedió.
Para Irma, “la historia de esta institución es la historia de la violencia contra las trabajadoras. Nos han dado lo menos de lo menos, desde utilizar la institución como botín político, no tener una certeza a veces en las actividades y que no se nos reconozca nada, aún cuando nosotras vamos construyendo con lo que tenemos y con las mujeres de la comunidad. (…) Se supone que defendemos los derechos de todas las mujeres, pero los que nunca se han respetado son los de nosotras”.
Por otro lado, para Cecilia, que labora en las Lunas de Álvaro Obregón, desde 2014 que se sindicalizaron fue difícil hacer efectivos sus derechos ganados.
“La institución desde siempre ha tenido anomalías administrativas y, ahora con la sindicalización, los procedimientos se hicieron lentos, se hicieron a destiempo. Después de 7 años, no hay los avances que sí hay en otras dependencias. Por ejemplo, los pagos de premios se gestionan por medio de tarjetas y hay un sistema administrativo que lo opera, pero nosotros tenemos problemas con los relojes checadores que desde que los instalaron han sido deficientes, se apagan y cuando hay cambios de horarios no tienen actualización.
La institución siempre ha tenido estas dificultades. Somos como un elefante blanco donde se hace uso de los recursos sin una fiscalización, sin una contraloría interna que revise ese presupuesto” detalló la trabajadora.
El Sindicato que puso el gobierno, por su parte, tampoco ha hecho un ejercicio de defensa de estos derechos ni tampoco de la operación administrativa. “Incluso podemos decir que hay negociaciones en las que el sindicato se presta para mantener inactivas a las trabajadoras y evitar que nos manifestemos, ya que al manifestarnos el sindicato nos acusa de obstaculizar las mesas de negociación”
Aunque no se respetan sus derechos laborales, las trabajadoras aseguran que ahora enfrentan mucha fiscalización a su trabajo y a la asistencia.
En 2019, el Instituto de las Mujeres se transformó en una Secretaría. Con esto vinieron cambios importantes, por ejemplo, al dejar de verse como un organismo sólo de prevención de la violencia para ser uno de atención.
No obstante, Irma asegura que nunca se les informó, consultó ni capacitó para este cambio, lo que ha traído una sobrecarga de trabajo.
En esta administración, además, se profundizó el hecho de que la comunicación institucional es deficiente. Las trabajadoras no tienen correos institucionales pero, además, aseguran que la titular nunca se ha reunido con ellas para conocerlas y hablar sobre los aspectos laborales.
Además de las prestaciones que se les debe, Lorena, una comisionada en el Centro de Justicia de las Mujeres, relató que desde que el modelo de atención cambió, se conformaron las Lunas y a ella la comisionaron a estos cambiaron, sin embargo siente que la institución las abandonó de alguna manera, ya que ya no reciben capacitación y apenas se implementaron las listas de asistencia. Si bien se han mejorado las instalaciones de los Centros, su equipo de trabajo sigue siendo deficiente.
“Una debe ser congruente. Como facilitadora y promotora de derechos, creemos que los derechos primero pasan por las trabajadoras y por nuestras personas y que no nos vamos a guardar silencio cuando tenemos los elementos de trabajo y de derecho para exigir esta prestación. Creemos también que el pasar de largo un hecho como este va ir mermando las condiciones laborales de las compañeras, y como ya lo han dicho ellas, llevamos 20 años luchando y desde el inicio de esta lucha fueron despedidas compañeras por ser las que organizaban estas acciones.
Históricamente los derechos se han logrado a través de luchas, y eso es lo que estamos haciendo. A pesar de que tenemos esta represión por parte de las compañeras, de las jefas, nuestra convicción de lucha es más allá de eso, porque se ve mermada la calidad de vida de nuestras familias.”, cerró Cecilia.
Además de estas trabajadoras, la Semujeres aún tiene personal no basificado, que se agrupa en tres modalidades “Nómina 8”, “Pie de Rama” y por honorarios. Estas trabajadoras, que a decir de las entrevistadas laboran las mismas jornadas, también han participado en las protestas y reuniones para exigir su basificación.
En la última reunión en Capital Humano se les dijo que el gobierno sí tenía eso contemplado, pero en cinco o seis años más.
21/ AJSE/LGL
