Condenar la migración se ha vuelto un lugar común y el eje de la narrativa al hablar del desplazamiento de las personas, pocas veces se detienen a analizar las causas que empuja a las personas a salir de sus países, las responsabilidades de los Estados y las necesidades de las personas.
En el caso de las mujeres, migrar significa escapar de la violencia de género y la violencia generalizada de sus países, y con ello salvaguardar su vida y la de sus familias; algunas más buscan reunirse con su familia, mejorar las condiciones de sus hijas e hijos, y otras más, salen como consecuencia del cambio climático que representa estragos importantes en el desarrollo de su vida.
En todos los casos, sea cual sea el motivo por el que migran o por el que buscan protección internacional, la violencia cruza sus experiencias migratorias. Cuando transitan por México se encuentran con la violencia sexual, secuestros, extorsiones, violencia comunitaria e institucional, perpetradas por agentes estatales o federales, el crimen organizado y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional. Quienes son víctimas de delito son puestas a disposición del Instituto, privadas de su libertad y finalmente deportadas a su país de origen sin que el acceso a la justicia llegue para ellas. De acuerdo con la investigación “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel”, 99 por ciento de los delitos contra las personas migrantes en México quedan impunes.
Las mujeres que logran obtener documentos migratorios por “razones humanitarias” no pueden obtener trabajo, no tienen ayuda para el cuidado de sus hijas e hijos, no reciben apoyos para su integración al país de manera efectiva, y el acceso a la educación y a la salud se vuelve un laberinto.
En 2021, las mujeres representaron 30 por ciento de los más de 252 mil eventos de detención de personas migrantes y 40 por ciento de las personas solicitantes de asilo que en 2021 sumaron más de 120 mil. Los principales países de procedencia son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, en todos los casos, los indices de violencia de género son altos y el acceso a la justicia es nulo pese a que existen leyes a favor de las mujeres.
En este contexto, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) ha documentado cómo la violencia no termina al salir de sus países sino que las alcanza en México, lo que hace inviable su protección y las empuja a continuar su viaje hacia el norte del país.
Es urgente acompañar los casos de mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional desde una perspectiva de género que muestre la importancia de analizar los casos con los lentes del género frente a las vulnerabilidades que ello representa. Al tiempo que debemos pasar de una política migratoria de contención y criminalización a una política humana que atienda las necesidades de las personas migrantes en general y de las mujeres migrantes en partcular.
Tenemos más de una década criminalizando la migración y los resultados son desastrosos: desapariciones forzadas, masacres, incremento de la violencia hacia la población migrante, políticas más restrictivas que impiden a las personas buscar protección y empoderamiento de las bandas criminales que trafican con las personas. Es tiempo de cambiar de estrategia y colocar en el centro las necesidades de las personas, migrar nunca es su primera opción pero si su última y unica opción para encontrar una vida digna. Como sociedad y gobiernos podemos hacerlo mejor, dejar de indignarnos por las 2 mil personas que conforman algunas caravanas y analizar las causas que las obligan a desplazarse, a dejar a tras sus familias, redes sociales, casas y amistades.
22/IMM
