Ciudad de México.- Defensoras de Derechos Humanos exigieron que se esclarezca el asesinato de Ana Luisa Garduño Juárez, integrante de la Asociación de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos y fundadora de la asociación Ana Karen Vive, creada en honor de su hija, Ana Karen Huicochea Garduño, asesinada en 2012.
De acuerdo con medios locales, la también defensora se encontraba en un restaurante-bar en el municipio de Temixco, en Morelos, cuando un hombre llegó y le disparó en tres ocasiones.
Más de 60 organizaciones como Género 33, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el Frente Feminista Nacional, Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas condenaron el crimen y pidieron a la Fiscalía General del Estado el pronto esclarecimiento del crimen.
“Consideramos urgente que el Estado fortalezca las medidas de prevención y establezca el Mecanismo de protección frente a las agresiones que sufren las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, especialmente en un contexto de violencia como la que vivimos en el estado de Morelos”, expusieron las organizaciones.
Ana Luisa Garduño buscó justicia para su hija, pero no lo consiguió. “Su labor y su lucha trascendió participando inclusive en la búsqueda de personas desaparecidas, acompañamiento y apoyo a una gran diversidad de víctimas y contra el propio sistema que no alcanza a dar la justicia y la reparación integral a las víctimas y sus familias”.
Ana Karen, hija de Ana Luisa, fue víctima de feminicidio el 12 de diciembre del 2012 en el mismo municipio. Desde entonces, Ana Luisa luchó por alcanzar la verdad y la justicia. A más de nueve años , el asesinato de Ana Karen continúa impune, pero la Brigada Nacional de Búsqueda aseguró que, a pesar del asesinato de su madre, la exigencia de justicia sigue presente.
Las organizaciones pidieron a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado que garantice el acompañamiento y atención para asegurar que se acceda de forma expedita a la justicia y la reparación integral; y al Gobierno estatal le exigieron garantizar el derecho a una vida libre de violencias y garantías de no repetición.
22/AGM
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