Ciudad de México.- El colectivo de «Madres Buscadoras» de Sonora denunció que luego de la localización de “un campo de exterminio, con múltiples restos óseos calcinados y varias osamentas de muy poco tiempo” el pasado 22 de enero, sufrieron un atentado en el municipio de Santa Ana, al norte de Sonora, cuando se dirigían al lugar donde les habían informado que se encontraba el hijo de una de sus integrantes; no obstante, al avanzar, las buscadoras observaron que les habían puesto varias “ponchallantas” para evitar que siguieran, dijo en entrevista con Cimacnoticias, la vocera de Madres Buscadoras, Ceci Patricia Flores Armenta.
Ante el miedo de ser atacadas, el colectivo no pudo continuar su camino y Flores Armenta llamó en sus redes sociales a los tres niveles de gobierno para auxiliarla, y de nuevo pidió al gobernador de la entidad, Alfonso Durazo (con quien se reunió en enero pasado para exigir seguridad en las búsquedas) que las autoridades les garanticen su seguridad y sus derechos.
“Por favor no hagan caso omiso ya que esto cuenta vidas, nosotras lo único que queremos es encontrar a nuestros desaparecidos”, dijo la defensora en las redes sociales.
A decir de Flores, esta vez las autoridades estatales respondieron casi de inmediato para ofrecer su apoyo al colectivo e implementar un operativo de seguridad. Así, las buscadoras no sólo continuaron con los rescates sino que han difundido en sus redes sociales algunas imágenes y datos sobre lo que han encontrado, a fin de agilizar la identificación de los cuerpos.
No obstante, la buscadora tuvo conocimiento que durante una reunión celebrada ayer, la Fiscalía General del Estado pidió a la prensa no difundir la información de las buscadoras y esperar información oficial del estado.
Por ello, las buscadoras alertaron en redes sociales: “Las autoridades ministeriales de Sonora están molestando por nuestras conclusiones y pretenden que nosotras, después de hacer el trabajo que a ellos les corresponde, no hagamos ningún tipo de declaración y que los medios publiquen sus ‘otros datos’. No ayudan pero cómo estorban”.
Es de recordar que el pasado 2 de enero, la presidenta del Colectivo, Ceci Patricia Flores Armenta, circuló un video en redes sociales en el que, a nombre de las mil 800 madres que lo integran, pidió a los jefes de los cárteles del narcotráfico permitirles buscar a sus hijas e hijos sin amenazarlas ni desaparecerlas.
Luego de este mensaje, Ceci Flores –desplazada en la Ciudad de México desde junio pasado– se plantó afuera de Palacio Nacional para pedir una reunión con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con el fin de que se le garantizaran las condiciones de seguridad para que ella pudiera continuar su búsqueda en campo.
Si bien no consiguió reunirse con el Ejecutivo federal, el 10 de enero fue recibida por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien se comprometió con ellas a darle seguimiento a todas sus peticiones, las cuales fueron: restituir la oficina que tenían para apoyar a otras buscadoras y que se desmanteló tras el desplazamiento de Ceci; una camioneta de búsqueda; una donación de herramientas; y el compromiso de investigar las denuncias interpuestas en las fiscalías, así como darles la seguridad necesaria para las búsquedas.
La reunión con el subsecretario de Población, Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, ocurrió el 13 de enero. En ella Flores Armenta expresó su necesidad de no continuar como desplazada y de regresar a su entidad para seguir buscando a sus dos hijos, que se investiguen las denuncias por las amenazas que ha sufrido por parte del crimen organizado, y que las investigaciones de la desaparición de sus hijos continúen. En respuesta, Encinas Rodríguez –dijo la buscadora– se comprometió a realizar próximamente una reunión con las fiscalías involucradas en sus denuncias, así como con las comisiones de búsqueda de Sonora y Sinaloa.
Además de continuar sus búsquedas, el colectivo informó sobre la creación de un nuevo grupo de búsqueda llamado “Jóvenes Buscadores de Sonora”, presidido por la hija de Ceci y conformado por jóvenes de los 72 municipios de Sonora.
Hasta este 8 de febrero, en Sonora hay un total de 4 mil 235 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 916 son mujeres, de acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
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