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Se oponen defensoras a que estados se encarguen de su protección

Por La Redacción
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Ciudad de México.- Las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México se opusieron a que la Ley General de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, que redacta la Secretaría de Gobernación, delegue la protección y seguridad de las defensoras en riesgo en las autoridades estatales y municipales.

En un comunicado explicaron que en el ámbito estatal y municipal se cometen numerosas agresiones en contra de las defensoras y es obligación de las autoridades locales responder ante sus actos y garantizar un entorno seguro para la defensa de Derechos Humanos, pero esto no puede rebajar o diluir la responsabilidad de la federación y su obligación como garante de acuerdos internacionales firmados en materia de protección.

“Más aún cuando las defensoras y periodistas llevamos a cabo nuestra labor en contextos locales adversos atravesados por la violencia, inseguridad e impunidad que generan las mismas autoridades por sí o en complicidad y colusión con grupos de interés particulares, empresariales o del crimen organizado”, expuso la red.

El trabajo que realizan las defensoras, agregaron, devela las acciones y omisiones que autoridades de todos los niveles ejecutan “violentando los derechos fundamentales de niñas, mujeres y comunidades enteras, razón por la cual enfrentan múltiples y diversos riesgos que ponen en peligro sus vidas e integridad y las de nuestras familias, así como el trabajo de sus organizaciones y movimientos”.

En los últimos tres años la Red ha registrado una violencia persistente contra las defensoras y periodistas derivadas de su labor. En 2019 registraron 812 agresiones, en 2020 registramos mil 700 y en 2021 se cometieron mil 125 ataques.

Tan sólo en lo que va de este 2022 se han registrado 46 agresiones, las principales amenazas, hostigamientos, intimidación, impedimentos y/o ataques por difundir o recibir información. Sin dejar de mencionar los asesinatos de la periodista Lourdes Maldonado López en Baja California, el pasado 23 de febrero; y el de las defensoras Ana Luisa Garduño Juárez en Morelos, el 27 de enero, y Verónica Guerrero en Jalisco, este 3 de febrero.

De acuerdo con datos registrados por la Red, quienes perpetúan estas agresiones muchas veces son las mismas autoridades públicas, desde regidores, presidentes municipales, legisladores, autoridades a nivel federal y/o gobernadores: en 2019, 19 por ciento de las agresiones fueron por parte diversas autoridades, mientras que en 2020 este porcentaje aumentó a 24 por ciento y el 2021 llegó a 21 por ciento.

Asimismo, la violencia ejercida por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad pública ha ido en aumento de 8 por ciento en 2019 a 42 por ciento en 2021. “En este sentido nos preocupa que los casos en que los agresores son agentes de los estados o municipios, sean éstos los mismos quienes asuman nuestra protección”, destacaron.

El pasado 26 de enero, el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos, informó que de diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras.

El Mecanismo, creado en 2012 para proteger a periodistas y personas defensoras en riesgo, tiene mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres) y mil 023 personas defensoras (551 mujeres y 472 hombres).

Al respecto, la Red detalló que si bien es cierto que el Mecanismo de Protección no ha respondido en la medida de la magnitud y complejidad de las diversas situaciones de riesgo en las que se encuentran sus beneficiarias, también lo es el hecho de que ya existen recomendaciones concretas emitidas por parte de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mismas que deben considerarse y retomarse.

“La insuficiente efectividad del Mecanismo de Protección no se resuelve con diluir en los estados la atención de los y las defensoras y periodistas, si no atienden las causas estructurales y se establece un modelo de política integral con perspectiva de género que garantice los recursos necesarios, el personal capacitado y la investigación y sanciones de los responsables de las agresiones”, mencionaron.

En enero la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, informó que las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras continúan y se han incrementado a pesar de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –y su Mecanismo de Protección–, por eso anunciaron una reforma para crear una nueva ley.

Para construir esta ley, donde se pretende que los estados se hagan cargo de la protección y seguridad de esta población en riesgo, se anunciaron diálogos regionales. El primero se realizo el 17 y 18 de enero en la Ciudad de México y continuarán de forma virtual y durante febrero y marzo en Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero. Se planea que el último diálogo se realice el 15 de marzo.

En este contexto, las defensoras explicaron que les preocupa que el actual proceso de consulta, que encabeza la Subsecretaría de Derechos Humanos para redactar la nueva Ley General de Protección, no representa para las defensoras un espacio que dé certeza respecto del cómo serán retomadas las propuestas y observaciones, mientras tanto las agresiones a defensoras y periodistas continúan.

El Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad para con las personas defensoras y periodistas, y subsanar las deficiencias del actual Mecanismo de Protección, aseguraron y reafirmaron su compromiso de trabajo articulado, desde la sociedad civil, generando estrategias y alternativas que nos permitan mantenernos seguras y hacer sostenibles nuestros espacios de lucha y defensa, resistiendo y trabajando juntas.

22/AGM/LGL

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