Cancún, QRoo.- Por primera vez desde 2020, el Comité de Víctimas del 9N fue recibido por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien se comprometió a establecer mesas de trabajo que den seguimiento a los hechos ocurridos la noche del 9 de noviembre de 2020 cuando policías atacaron a balazos, una marcha feminista por el feminicidio de «Alexis» ocurrido dos días antes, y en la que resultaron heridas periodistas y manifestantes.
En una reunión celebrada ayer en la que estuvieron presentes representantes de la organización Amnistía Internacional México, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza Longoria, e integrantes del Comité de Víctimas del 9N, así como representantes del gobierno estatal, se acordó que estas mesas continúen aún cuando el gobernador deje el cargo, lo que ocurrirá en septiembre de este año.
Al término de la reunión, Wendy Galarza y Julián Ramírez, integrantes del Comité 9N y víctimas de la represión, señalaron que es la primera vez que son escuchados por el gobernador desde el día de los hechos. El funcionario se comprometió, entre otros puntos, a supervisar la actuación de la policía estatal y de las instituciones, a seguir los procesos iniciados en contra de agentes policiacos involucrados en los hechos y a diseñar mecanismos que garanticen la no repetición de actos de represión y violación a Derechos Humanos.
Amnistía Internacional será la encargada de supervisar y dar seguimiento a los acuerdos que resulten de las mesas de trabajo.
Wendy Galarza, dijo que en esta reunión no se tocó el tema de reparación del daño ya que el Comité quiere dejar en claro que no van por dinero y lo único que les interesa es que estos hechos no se vuelvan a repetir y se garantice el derecho a reunirse, manifestarse y expresarse.
Julián Ramírez explicó que el pasado 3 de febrero se realizó una audiencia donde se vinculó a proceso a uno de los 11 policías implicados en los hechos del 9N y se le dictó prisión preventiva oficiosa. No obstante, dijo, el imputado promovió un amparo y debido a ineficiencias de la Fiscalía durante la investigación y presentación de pruebas, el juez determinó que podía llevar el proceso en libertad y no en prisión.
“No hay pruebas suficientes, porque no se investigó lo suficiente”, dijo Galarza, quien agregó que este ejemplo se le dio al gobernador para demostrar las omisiones y errores de la Fiscalía, por los cuales no se obtiene justicia.
En la reunión también estuvieron presentes el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Óscar Montes de Oca; la directora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo), Karla Rivero; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), Lucio Hernández y otros integrantes del gabinete. ; la directora de Amnistía, Edith Olivares; y la directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Graciela Rodríguez.
22/AF/LGL
