Ciudad de México.- Organizaciones y colectivos feministas pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que retire su recomendación de legalizar la práctica de la “maternidad subrogada” o “alquiler de vientres” en todo el país, como lo estableció al resolver una acción de inconstitucionalidad en junio de 2021.
Agrupaciones como el «Frente Feminista Nacional», «Las Constituyentes», «Mira Pensadoras Urbanas», la «Red Nacional de Alertistas» y la «Red Nacional de Refugios», emitieron un pronunciamiento donde solicitaron a la SCJN y a los congresos locales considerar los argumentos feministas para prohibir esta práctica.
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En junio de 2021 la Suprema Corte analizó una acción de inconstitucionalidad presentada por la entoncesProcuraduría General de la República (PGR) contra la reforma al Código Civil de Tabasco, publicado el 13 de enero de 2016, que regula en materia de “gestación subrogada” como técnica de reproducción asistida.
Después de tres días de debate, el pleno de la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones del Código Civil del estado de Tabasco en materia de gestación subrogada, por considerarlas discriminatorias y regular cuestiones técnicas y biológicas que sólo le corresponden a la federación.
Sin embargo, las y los ministros coincidieron que los estados de la República, como Tabasco, pueden establecer cuáles son las consecuencias civiles de esta técnica de reproducción. Es por esto que exhortaron a los Poderes de la Unión y a los congresos locales a legislar este asunto, en el ámbito de sus competencias.
En México sólo Tabasco y Sinaloa tienen una legislación al respecto.
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Las agrupaciones integradas en la “Red de Redes Feministas Nacionales” difundieron su pronunciamiento a propósito del debate que abrieron los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, Esperanza Villalobos Pérez y Jorge Gabiño Ambriz, quienes propusieron expedir una Ley de Gestación Subrogada para la Ciudad de México; y de la diputada federal Beatriz Rojas Martínez, quien propuso sancionar los “vientres de alquiler” como trata de personas a nivel nacional.
En este contexto, las organizaciones llamaron a los congresos de Tabasco y Sinaloa, que permiten los “vientres de alquiler” a derogar estas normativas y exhortaron al Congreso de la Ciudad de México a retirar las iniciativas de ley para legalizar el “alquiler de vientres”. Además manifestaron su apoyo a la propuesta de la morenista Beatriz Rojas para prohibir esta práctica que para algunas personas es “reproducción asistida”.
“Apoyamos las iniciativas para prohibir el alquiler de vientres en la Ley General de Salud y tipificar como trata de personas la maternidad subrogada porque se explota el cuerpo de las mujeres para gestar un bebé que será vendido a terceros”, expresaron.
Reiteran argumentos en contra
Las agrupaciones acordaron los argumentos para estar en contra de los “vientres del alquiler”, por ejemplo, que no se trata de un método que cure la infertilidad o infecundidad de las y los contratantes, de manera que el deseo de maternidad y paternidad se puede cumplir con la adopción, que es una forma ética y legal para tener una niña o niño. También agregaron:
- El contrato se basa en una relación desigual entre las partes, considerando a las mujeres como objetos de consumo utilizados para satisfacer deseos de otras y otros. No se debe legislar deseos individuales como si fueran derechos.
- El contrato supone una forma de maternidad controlada en los tiempos, peligrosamente medicalizada, y con altos riesgos para el “producto-niña/niño”. Si el “producto” no es del agrado de las y los compradores, se desecha.
- El pago en dinero u otra compensación se da a cambio de la explotación reproductiva de las mujeres, en una relación de desigualdad económica y social aprovechándose de la pobreza y limitaciones de las mujeres gestantes.
Las feministas también e sumaron al Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva, redactado y firmado en 2020 por organizaciones feministas abolicionistas que exige:
Primero. No aprobar ninguna iniciativa de ley en materia de “gestación subrogada” o cualquiera de los eufemismos para la explotación reproductiva, ni ninguna disposición que atenta contra la dignidad humana y derechos de las mujeres en razón de su sexo o que pueda favorecer cualquier forma de explotación.
Segundo. No legislar deseos individuales elevándolos a categoría de derechos, como el de producir niños y niñas con una determinada carga genética a costa de la dignidad humana. Les recordamos que el embarazo es un proceso biológico complejo que involucra cuerpo y psique, que puede implicar riesgos para la salud y la vida de las mujeres, por lo que no puede ser tratado de forma superficial, irresponsable ni deshumanizante.
Tercero. Legislar a favor del interés superior de las niñas y niños. El principio de precaución y de no discriminación debe ser el eje rector de toda legislación que tenga efectos en la vida de las niñas y niños.
Cuarto. Legislar para facilitar los procesos de adopción garantizando el interés superior de las niñas y los niños. Ésta es una vía ética y factible para que el legítimo deseo de maternidad/paternidad pueda ser realizado sin vulnerar la dignidad y los derechos de igualdad sustantiva y no discriminación de las mujeres, niñas y niños al mismo tiempo que se atienden sus necesidades cuando se encuentran en situación de orfandad.
Quinto. Legislar para que la maternidad sea ejercida en libertad, cuándo, cómo, con quién y las veces que decidamos, sin subordinación ni vulneración de derechos, con acceso a la contracepción y al aborto legal, seguro y gratuito, sin sujeción a causales. Porque nosotras parimos, nosotras decidimos y reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestra maternidad deseada.
Sexto. Combatir la histórica feminización de la pobreza exacerbada por la pandemia que está siendo aprovechada para convertir a nuestros países en paraísos de la explotación reproductiva y sexual.
Séptima. Organizar un espacio abierto de discusión pública sobre las iniciativas legislativas con las organizaciones promotoras y firmantes.
22/AGM/LGL
