Ciudad de México.- La situación de los derechos humanos en México fue revisado por cuarta vez en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se destacó que persiste incumplimiento de recomendaciones, además 115 países participantes denunciaron que el país debe: reducir la violencia en contra de mujeres, atender los delitos cometidos contra la libertad de expresión, como los casos de 5 mujeres periodistas asesinadas en lo que va del sexenio, además de revisar acciones para desmilitarizar a la Guardia Nacional, atender desaparición forzada y casos de violencia feminicida.
En este señalamiento de la insuficiencia en el esfuerzo institucional por parte del Estado mexicano señalada ante la ONU, también se llamó a fortalecer, desde una perspectiva interseccional y de género al Mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Colectivo EPU hizo un llamado a la comunidad internacional y su cuerpo diplomático en México para que las recomendaciones emitidas sean parte de las acciones de cooperación y de los diálogos de derechos humanos que se sostienen a nivel nacional.
Es importante señalar que previo a la presentación del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentaron 18 informes temáticos como insumos para dicha reunión sobre el estado de los derechos humanos en el mundo cuya conclusión señala retrocesos significativos en el Estado de Derecho.
Para conocer la información de los 18 informes, te invitamos a leer la siguiente nota:
Durante la evaluación de hoy 24 de enero del 2024, el Estado mexicano estuvo representado por funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores; representantes del Senado de la República y personal de la Misión Permanente de México en Ginebra. En esta ocasión, a pesar de los avances informados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, se evidencia que persisten graves violaciones a los derechos humanos.
En este contexto, las observaciones y recomendaciones de los países participantes en la evaluación resaltaron temas cruciales, como la lucha contra la violencia de género, la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos en la política migratoria, la elaboración de una estrategia para combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica de fiscalías y organismos para la localización de personas desaparecidas.
También se enfatizó en la implementación de medidas que permitan a personas defensoras y periodistas llevar a cabo su labor en un entorno seguro. Asimismo, se instó a adoptar acciones de reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando su consentimiento libre y consulta previa e informada.
México
En su intervención inicial, México destacó los avances en materia de derechos sociales y la reducción de pobreza. También reconoció como retos los destacados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en los temas de desapariciones, protección de periodistas y defensores, violencia contra las mujeres, así como los derechos de migrantes.
La delegación mexicana estuvo integrada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García; la representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Francisca Méndez Escobar; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Yadhira Yvette Tamayo Herrera; así como el senador Raúl de Jesús Elenes Angulo y la senadora Nestora Salgado García, además del director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Roberto de León Huerta.
El Estado mexicano destacó acciones sobre: movilidad humana, derechos de las mujeres, trata de personas, pueblos indígenas y el derecho a la consulta, derechos de la niñez, personas LGBTQ+, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
De igual forma, la delegación mexicana reconoció que se enfrentan desafíos importantes y que se identifican áreas de oportunidad que requieren reforzarse. En este sentido la colaboración y el diálogo con otros Estados, con organizaciones de la sociedad civil y con los organismos regionales y los órganos del sistema universal son indispensables para seguir registrando avances.
¿Qué le recomendaron a México?
En la ronda de recomendaciones para México durante la sesión del EPU, Reino Unidos dio sus recomendaciones a México, en las que incluyó publicar un plan integral para desmilitarizar de la Guardia Nacional, que incluye transferir su control a una autoridad civil. Así como fortalecer la capacidad y los recursos de los fiscales, incluidos los de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para investigar crímenes contra periodistas, -como el caso de 5 mujeres comunicadoras asesinadas en lo que va del gobierno actual- y defensores de derechos humanos.
Además implementar el Protocolo de Investigación policial a nivel estatal a nivel nacional para abordar los preocupantes índices de impunidad.
Canadá recomendó a México fortalecer, desde una perspectiva interseccional y de género, al Mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La representación de Australia coincidió que se deben implementar las recomendaciones del diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección de México realizado por ACNUDH y garantizar que cuente con los recursos adecuados, así como incrementar los presupuestos de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Género, actualizar y estandarizar protocolos para la investigación de casos de violencia contra las mujeres, pues continúa la preocupada por la alta tasa de feminicidios y desapariciones forzadas en México, así como la falta de recursos de las instituciones designadas para atender estas cuestiones.
La delegación de Colombia expresó que con ánimo constructivo recomienda: Redoblar los esfuerzos para eliminar los estereotipos de género relacionados con las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en las tareas de cuidados, la familia y la sociedad.
Reforzar las medidas necesarias para garantizar que los defensores de derechos humanos, incluyendo a lideresas, líderes, defensoras y defensores de los derechos de Pueblos Indígenas, afromexicanos y migrantes, para que puedan llevar a cabo su labor libremente, sin temor a represalias o agresión. Intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación estructural en contra de los Pueblos Indígenas.
Tomar las medidas necesarias para que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo sean investigadas de manera rápida e imparcial.
En su oportunidad, Ecuador le recomendó a nuestro país seguir implementando acciones y políticas públicas para prevenir y combatir la violencia de género, en particular la que enfrentan los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
Adoptar las medidas legales y administrativas que se requieran para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas, incluyendo la asignación de recursos suficientes y el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.
Garantizar la plena participación de los pueblos Indígenas y afromexicanos en el diseño e implementación de las políticas públicas, e implementar acciones para evitar la discriminación institucional y estructural.
Costa Rica celebró las recientes ratificaciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y las acciones dirigidas a combatir la pobreza, la promoción y protección del marco de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+.
Recomendó reforzar los recursos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el objetivo de avanzar hacia la igualdad y brindar una respuesta efectiva a las denuncias que deriven de la discriminación racial. Adoptar medidas para prevenir, investigar y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza y atender los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas de orden.
Redoblar los esfuerzos en contra de la impunidad, a través de la investigación pronta, independiente e imparcial, de los crímenes violentos y los delitos, así como garantizar una reparación integral a las víctimas.
Uruguay agradeció la ratificación de los Convenios 189 y 190 de la OIT por parte de México y recomendó continuar implementando acciones para la efectiva protección de los derechos de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, particularmente en relación con niñas, niños y adolescentes.
Así como continuar con los esfuerzos para conducir investigaciones exhaustivas e independientes de todas las denuncias de desapariciones forzadas, llevar a los autores ante la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas, en particular a las familias de las personas desaparecidas. Incrementar los esfuerzos para garantizar que los defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y el resto de actores de la sociedad civil puedan realizar sus actividades en un entorno seguro y libre.
A su vez, Venezuela reconoció la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas hasta 1990. “Le animamos a seguir colaborando con los mecanismos de derechos humanos”, por tanto recomendaron ajustar su legislación al marco del derecho internacional de los derechos humanos para corregir posibles restricciones a las libertades fundamentales y salvaguardar la labor de los periodistas en el país.
Reforzar las capacidades necesarias para acometer investigaciones expeditas, exhaustivas e imparciales de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Fortalecer las instituciones y políticas en materia de desapariciones forzadas de personas, con el debido seguimiento a las acciones de búsqueda de los desaparecidos, y el acompañamiento y protección integral de las víctimas.
¿Qué sigue tras las recomendaciones?
Las recomendaciones que México recibió por parte de los Estados que participaron en este ejercicio serán analizadas con detenimiento por las diversas instancias competentes. En fecha posterior, el gobierno de México informará al Consejo de Derechos Humanos su respuesta a las recomendaciones formuladas durante el EPU y el seguimiento que habrá de otorgarles.
Desde el Colectivo EPUMx, se hizo un llamado al Estado mexicano a analizar y aceptar las recomendaciones dirigidas a mejorar la situación de derechos humanos en el país, en particular, a que, en cumplimiento de estas obligaciones internacionales, todas las instancias de gobierno asuman su responsabilidad en las acciones recomendadas, de manera proactiva y eficaz, y que ello se traduzca en acciones concretas de políticas públicas que impacten de manera positiva en el respeto a la dignidad de las personas que habitan en México.
Estas recomendaciones son fundamentales para mejorar y fortalecer su compromiso con los derechos humanos, así como una herramienta para la elaboración de una hoja de ruta que conduzca las políticas y acciones gubernamentales para los próximos años, involucrando a todos los actores interesados, incluida la sociedad civil.
“En este tenor, estaremos atentas al seguimiento que el Estado mexicano dé a la adopción del informe final emitido por el Consejo de Derechos Humanos, así como al número total de recomendaciones recibidas por la comunidad internacional, su aceptación por parte de México y al monitoreo de la manera en que serán implementadas dichas recomendaciones”, se indicó durante la sesión.
El Colectivo EPUMx es una articulación compuesta por organizaciones y redes nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en México que da seguimiento a las evaluaciones del país ante el EPU.
A continuación te presentamos las coberturas de seguimiento de las tres evaluaciones previas en 2009, 2013 y 2018:
“México vive triple crisis: violencia, corrupción e impunidad”
Escrito por Sonia Gerth 12 septiembre, 2018
Tras asegurar que México ha tenido un retroceso en el tema de los Derechos Humanos y que ha incumplido la mayoría de las recomendaciones internacionales sobre el tema, este día personas defensoras coincidieron en que el país vive “una triple crisis de violencia, corrupción e impunidad”.
Al presentar este día su postura de cara al Examen Periódico Universal (EPU) en el cual México será evaluado en noviembre próximo, 245 organizaciones defensoras de Derechos Humanos reunidas en el Colectivo EPUmx, dieron a conocer que existe un incumplimiento de las recomendaciones anteriores emanadas durante los gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.
La responsable del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) Stephanie Brewer, señaló que el actual gobierno “negó el problema, descalificó a expertas internacionales, y estuvo más interesado en minimizar daños a la imagen” que en cumplir con las obligaciones de los exámenes anteriores, pese a que su gobierno tuvo el sexenio completo para cumplir con las 176 recomendaciones que emitió el Consejo de Derechos Humanos en 2013.
En materia de Derechos Humanos de las mujeres, destacaron la falta de perspectiva de género sobre todo en el tema de acceso a la justicia, concretamente en el litigio de casos, indicó Selena González Luján, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
“Desde el policía que atiende la llamada, hasta los jueces que llevan el caso”, añadió.
“El cuello negro está en las procuradurías porque es ahí donde se investigan” los casos de violencia contra mujeres, dijo. Las investigaciones carentes de perspectiva de género llegarían a juzgados también carentes de perspectiva de género; todo eso resultaría en feminicidas que quedan en impunidad en la calle, lamentó.
Como otro ejemplo para el incumplimiento de los estados hacia las recomendaciones del EPU mencionó la resistencia para emitir las Alertas de Violencia de Género.
El marco general, el Colectivo EPUmx observó pocos avances desde 2013, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Pese a la existencia de estas leyes en la práctica no se implementan bien, y algunas más que se han aprobado como la Ley de Seguridad Interior, “llevan al país por un camino autoritario”, afirmaron.
Como el incumplimiento del Estado ha sido tan grave, señalaron, queda vigente gran cantidad de las recomendaciones de los EPU anteriores.
En el informe conjunto que presentó en Ginebra el pasado 29 de marzo, el Colectivo hizo seis recomendaciones generales: primero, crear un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, con expertas internacionales de prestigio que contribuyan al diseño e implementación de reformas legales e institucionales para una mejor investigación y sanción.
Segundo, derogar la Ley de Seguridad Interior. Tercero, presentar un calendario para lograr el fortalecimiento de las instituciones policíacas mexicanas y el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública en el país. Cuarto, el Combate a la impunidad mediante la persecución penal autónoma y eficaz, sobre todo con una Fiscalía General independiente.
Quinto, garantizar un sistema de Atención a Víctimas eficiente, también en los estados y con capacidades financieras suficientes. Y sexto, reportar sobre la implementación de las recomendaciones del EPU anualmente ante el Consejo de Derechos Humanos.
A su vez, el Estado mexicano presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos el pasado 10 de agosto, y el 7 de noviembre, será cuestionado sobre la situación y cumplimiento de sus obligaciones en Derechos Humanos, por 192 países en Ginebra.
El Colectivo EPUmx consideró que de cara a la transición de gobierno que se dará en México, “se presentará una situación única” ya que el informe le corresponde al gobierno saliente, mientras que las recomendaciones se hacen al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asume el 1 de diciembre.
Zue Valenzuela de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresó su preocupación de que el viejo gobierno se pueda deslindar de su responsabilidad porque se va, mientras que el nuevo gobierno podría asumir una postura de “estas recomendaciones se dirigen al viejo gobierno y no tienen nada que ver con nosotros”.
Preocupa también, dijeron, que la Cancillería no ha mostrado interés por entablar un diálogo con la sociedad civil sobre Derechos Humanos. El Colectivo EPUmx desconoce si como parte del proceso de transición, integrantes del nuevo gobierno estarán presentes en el examen del 7 de noviembre.
Sin embargo, las representantes del Colectivo coincidieron en que el cumplimiento de Derechos Humanos no es una tarea de un gobierno u otro, sino del Estado, y que por lo tanto deberían de ser prioridad para la administración entrante.
Expresaron su esperanza de que las recomendaciones sirvan al próximo gobierno como una herramienta para posicionar la agenda de Derechos Humanos, mientras que reiteraron su compromiso con la tarea de vigilar su cumplimiento en el futuro.
El EPU es un procedimiento que involucra la revisión del cumplimiento de las obligaciones y compromisos de Derechos Humanos de cada uno de los Estados miembros, cada cuatro años.
Este año marca la tercera vez que México es examinado, después de 2009 y 2013.
En unos meses el gobierno mexicano deberá responder las severas acusaciones de un grupo de activistas que demanda al Estado por permitir que a las mujeres se les viole sexualmente, se les desaparezca y se les asesine.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó en febrero pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el que sustenta que en cuatro años (2009 a 2012) se agravó la violencia de género en México.
Luz Estrada, coordinadora del OCNF, explicó a esta agencia que en el documento se hace énfasis en el feminicidio, la violación sexual y las desapariciones de jóvenes, tres temas que han sido soslayados por las autoridades mexicanas.
La intención, acotó la activista, es que en el marco del próximo Examen Periódico Universal (EPU) se exponga ante la comunidad internacional la realidad que padecen miles de mujeres.
En octubre próximo, en Ginebra, Suiza, México deberá responder las acusaciones del OCNF, que en primer término asegura que de enero de 2011 a junio de 2012 se registraron 3 mil 976 desapariciones de mujeres en 15 estados del país.
En opinión de Estrada, las desapariciones de mujeres también deben considerarse “desapariciones forzadas”, pese a que Naciones Unidas diga que para que los casos se cataloguen con este término debe haber complicidad o participación del Estado.
La explicación del OCNF es que aunque no se puede comprobar que las autoridades estén involucradas en las desapariciones de mujeres, sí se puede afirmar que son omisas al no hacer nada para protegerlas o localizarlas.
Los datos recopilados por la agrupación indican que el 54 por ciento de las desapariciones se concentran en Chihuahua y el Estado de México, y que en 51 por ciento de los casos las mujeres tenían entre 11 y 20 años de edad.
La activista mencionó que en México hay herramientas que no funcionan para proteger la vida de las mexicanas, por ejemplo la Alerta Amber, un sistema de búsqueda inmediata que en caso de jóvenes de 18 años o más no se puede activar.
Por otro lado, dijo, los protocolos de búsqueda no siempre resultan eficientes porque no garantizan la vinculación entre autoridades como las secretarías de Seguridad Pública y las procuradurías de Justicia estatales, en caso de ser necesario.
Un elemento más es que en muchos casos el personal judicial que toma la denuncia o reporte de desaparición de una mujer alega que la víctima en realidad está ausente, como si ella se fuera por propia voluntad o se hubiera perdido porque no sabe dónde está su casa.
Estrada apuntó que es necesario que los operadores de justicia consideren que muchas de estas desapariciones de mujeres jóvenes –que no son ausencias o extravíos– pueden estar ligadas a la trata de personas.
DEFICIENCIAS JUDICIALES
Otro tema que para el OCNF debe ser objeto de escrutinio internacional son los asesinatos de mujeres por razones de género, ola de violencia que de 2007 a junio de 2012 dejó 4 mil 112 víctimas en 13 estados del país.
Estrada explicó que una forma de evitar que se pierda la vida de más mujeres es la tipificación del feminicidio. No obstante, criticó que en los estados donde el delito está tipificado las autoridades no consignan los asesinatos de mujeres como feminicidio, sino como homicidios, lo que resta importancia al tema y baja los registros de incidencia de este crimen.
Otro problema, abundó la abogada, es que cada entidad tiene una definición distinta del delito y en algunos casos es tan complicada que es muy difícil acreditarlo.
Para Estrada el resultado de estas deficiencias es que cada día se tiene noticia de una mujer asesinada a golpes, con armas punzocortantes o asfixiadas, sin que haya investigaciones que den con los responsables de tales crímenes.
Con todo esto, la activista dijo que aún se puede sumar un tema más de violencia de género: las violaciones sexuales. En este delito, consideró, además de la falta de acceso a la justicia tampoco se garantiza la salud de las víctimas.
El OCNF documenta que de enero de 2011 a junio de 2012 hubo 3 mil 834 violaciones sexuales atendidas en los servicios de salud de 16 estados. Lo alarmante, detalla, es que ninguna institución reporta haber ofrecido el servicio de interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con información proporcionada por las secretarías de Salud, los datos no existen o se desconoce, y sólo el Estado de México dijo haber avalado nueve interrupciones del embarazo de 2011 a 2012.
Estrada indicó que estos problemas que enfrentan las mujeres deben ser ventilados a nivel internacional, y por ello la relevancia de presentarlos ante el EPU a fin de tener recomendaciones que presionen al Estado mexicano a proteger a las mujeres.
La defensora confió en que las recomendaciones sean similares a las que emitió en julio de 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y que este año se haga un planteamiento específico sobre la ineficacia de los mecanismos de protección para las mujeres.
En particular, precisó, respecto a la Alerta de Violencia de Género, un mecanismo que debería servir para proteger a las mexicanas, pero que en la realidad no sirve y es necesario reformarlo, aseguró.
A menos de una semana de que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas apruebe las ocho recomendaciones que el Estado Mexicano no ha ratificado desde febrero, cuando fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU), José Antonio Guevara Bermúdez titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación asegura que dichas recomendaciones están incluidas en su Programa Nacional de Derechos Humanos desde hace mucho tiempo.
El funcionario, que una mesa redonda sobre el EPU realizada hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escuchó a representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, quienes recapitularon dichas recomendaciones y sus ausencias en la práctica.
Las recomendaciones forman parte de una historia de 800 que han dirigido diversos relatores de organismos internacionales a México, debido a que éste presenta múltiples irregularidades en materia de derechos humanos, subrayó Edgar Cortez Morales, secretario ejecutivo de la de la Red.
Las ocho que se niega a aceptar y en torno a las cuales no está interesado son: los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la redefinición del concepto de delincuencia organizada, el arraigo ilegal, la justicia penal militar, la reapertura de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la armonización de las leyes, los problemas del cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos internacionales y el perfil de los candidatos de las subcomisiones de derechos humanos.
Sobre la primera recomendación de derechos sexuales y reproductivos, las niñas y mujeres continúan siendo la población más afectada, ya que al manipularse los instrumentos legales, en concreto, los códigos penales, la ley castiga a las víctimas de violación y les niega el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
Las recomendaciones sobre la delincuencia y el arraigo giran en torno a uso desmedido de recursos, como la militarización, para combatir el crimen organizado, aún cuando las estrategias afecten directamente los derechos humanos de civiles no involucrados. Agresiones que permanecen impunes debido al fuero militar, mencionó Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Asimismo, destacó que en muchos casos el arraigo domiciliario es errado e injusto y va acompañado de la tortura, la cual, evidentemente constituye una violación a los derechos humanos de cualquier persona.
Basta recordar el caso de Tiburcio Gómez Pérez, reportado en abril del año pasado por Cimacnoticias. Tiburcio, un indígena chiapaneco, fue arraigado durante 55 días en los cuales fue objeto de tortura, para después ser llevado al penal de máxima seguridad Amate No.14 donde fue recibido con más golpes.
Respecto a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Gutiérrez agregó que ésta dejó de laborar argumentando que ya se habían solucionado los mil 200 casos de desapariciones forzadas en nuestro país en la década de los 70.
No obstante, casos como el de Aleida Gallangos confirman lo contrario. Aleida, sin ayuda de las autoridades conoció su verdadera identidad y a su hermano 30 años después de que fueron separados de sus padres durante la llamada «guerra sucia».
En torno a la urgente necesidad de México de armonizar sus leyes, Gutiérrez subrayó que, de no prestar oídos a esta recomendación, las sentencias dictadas por organismos internacionales, como la que corresponde al caso de feminicidio en Campo Algodonero, la cual será emitida tentativamente en noviembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tornarán nulas y no se repararán los daños a las víctimas de manera adecuada.
En cuanto al perfil de los funcionarios a cargo de las comisiones de derechos humanos, comúnmente llamados Ombudsman, Jorge Carpizo Mac Gregor, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que éstos y los subcomisionados con quienes tienen contacto directo las organizaciones civiles deben tener un perfil con la debida instrucción en materia de derechos humanos y género.
No como hasta ahora, dijeron, pues la mayoría de los candidatos se postulan sólo por el sueldo y no son capaces de debatir ni reatroalimentar a nadie, expresó.
Al final de la mesa redonda, Guevara Bermúdez fue cuestionado por la madre de Héctor Galindo Gochicoa, preso político de Atenco, quien le preguntó: «¿Me va a ayudar a ver a mi hijo?», a lo cual el titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación contestó: «No puedo responderle eso».
