Ciudad de México.- Previo a la presentación del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a realizarse hoy 24 de enero de 2024, más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentaron 18 informes temáticos como insumos para dicha reunión sobre el estado de los derechos humanos en el mundo cuya conclusión señala retrocesos significativos en el Estado de Derecho.
Violencia contra las mujeres, la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; migración; desplazamiento forzado; militarización; desaparición forzada; pueblos indígenas; población LGBTIQ+; personas privadas de la libertad; personas con discapacidad; tortura; empresas y derechos humanos; seguimiento a recomendaciones internacionales; sistema penal e impunidad; niñez, adolescencias y juventudes; protesta social y población afromexicana, son algunos de los temas analizados que dan cuenta de la situación de los derechos humanos en México, en un contexto de violencia sistemática e impunidad.
“Se observan retrocesos significativos en el Estado de Derecho, lo cual se evidencia particularmente en el debilitamiento de mecanismos, órganos autónomos y desconcentrados relevantes para la garantía de los derechos humanos y la democracia, como el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por otra parte, a 10 años de su creación, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas no cuenta con la capacidad operativa y administrativa necesarias para cumplir con su labor y se ha deteriorado la institucionalidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, señala el informe.
Para expertas y expertos en derechos humanos, es indispensable que, al examinar a México en enero próximo, el Consejo de Derechos Humanos considere en su balance la persistencia, pero también la agudización, de algunas de las cuestiones abordadas en las recomendaciones previas, así como la existencia de problemáticas sobre las cuales no se han emitido recomendaciones específicas, especialmente en las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos.
Por ello, es indispensable que, al examinar a México en enero próximo, el Consejo de Derechos Humanos considere en su balance la persistencia, pero también la agudización, de algunas de las cuestiones abordadas en las recomendaciones previas, así como la existencia de problemáticas sobre las cuales no se han emitido recomendaciones específicas, especialmente en las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos.
Al respecto, Angélica de Anda Celis, de Amnistía Internacional, señaló que, en particular, el derecho a la protesta y la militarización, son temas aún invisibilizados en los diagnósticos de derechos humanos.
“Vemos un aumento de 163 por ciento de los recursos presupuestales en un contexto donde tristemente estas instancia continúan siendo opacas, no rinden cuentas, utilizan el fuero militar para investigar violaciones a los derechos humanos, pese a que la constitución como los estándares internacionales dictaminan que ante cualquier violación de los derechos humanos tiene que ser investigada y juzgada por jueces civiles”, señaló durante la presentación del informe.
Como ejemplo, señala a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que desde 2019, cuando fue la designación de su actual presidenta, la independencia y criterios de actuación de la institución se ha puesto en duda, debido al debilitamiento de la estructura interna y la adopción de decisiones en respaldo a la política del gobierno que contravienen sus obligaciones como institución nacional de derechos humanos, tal fue el caso de avalar las reformas legislativas que institucionalizaron la militarización de la seguridad pública.
Militarización
A lo largo del sexenio, la militarización se ha extendido en diversas esferas de la vida pública, mediante una base legal sin precedentes. El gobierno ha perpetuado e institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil, que suman más de 240, incluidas la construcción de obras públicas, la implementación de la política migratoria, la gestión de programas sociales y de aduanas y puertos, entre otras.
En 2019, se reformó la Constitución para la creación de la Guardia Nacional (GN) como la entidad civil responsable de la seguridad pública a nivel federal, luego en el 2022, el Congreso aprobó reformas secundarias para adscribir la GN al control administrativo y operativo de la SEDENA. En la práctica la GN se ha consolidado como un órgano castrense por el origen de sus mandos, la composición de sus elementos, su entrenamiento y la inexistencia de controles civiles efectivos sobre su actuación.
Acceso a la Justicia y feminicidios
En 2021 se efectuó una reforma al Poder Judicial de la Federación con la que se buscó atacar prácticas de nepotismo y corrupción, así como fortalecer un nuevo sistema de precedentes y de representatividad en la carrera judicial y construir una fiscalía autónoma.
Sin embargo, para los analistas, esto derivó en una serie de contrarreformas que acotaron los derechos de las víctimas, cancelando instancias de rendición de cuentas, erosionando controles para designación de fiscales y desvinculando a la FGR de mecanismos de coordinación interinstitucional en temas tan relevantes como la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el argumento de ser una institución autónoma, desvirtuando el sentido de su autonomía de investigación.
Destaca el 2021 como el año con más feminicidios. Se registró un máximo histórico de mil 018 de estos delitos, en un contexto de aumento de violencia contra las mujeres. En esta línea, en comparación con el año previo, en 2022 incrementó la tasa de víctimas y de delitos en general.
La narrativa de autoridades federales y estatales busca justificar la persistencia de la violencia en diversos contextos bajo el discurso de que son enfrentamientos entre grupos delincuenciales. En este contexto, la impunidad es la regla: en promedio, el 91.8 por ciento de los delitos que se denuncian en el país no son investigados.
“Se estima que en 2021 solo el 10.1 por ciento de los delitos se denunció ante las autoridades y únicamente en 67.3 por ciento de estas denuncias se inició una carpeta de investigación, de las cuales en 50.8 por ciento no pasó nada o no se resolvió la denuncia”, destaca el informe.
Desapariciones
Según datos oficiales, México registra más de 111 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 40 mil ocurrieron durante esta administración. Si bien estos datos incluyen casos recientes y del pasado, el índice ha crecido exponencialmente en los últimos años, observándose una estrecha relación con el inicio, en 2006, de la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
Los casos judicializados por el delito de desaparición rondan alrededor del 2 y 6 por ciento, y solo se han emitido 36 sentencias condenatorias a nivel nacional, ninguna contra un alto mando civil o militar.
En este panorama, en los últimos años han aumentado sustantivamente las desapariciones de personas migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Existen serias falencias en las investigaciones por parte de las fiscalías, como la burocracia y formalismos excesivos, la ausencia de planes de investigación y omisiones en la práctica de diligencias, la resistencia para colaborar con las comisiones de búsqueda de personas, o la falta de recursos suficientes para cumplir su deber.
En general, el Estado no cuenta con una política integral para prevenir y erradicar esta práctica. A la par, el país enfrenta una crisis forense, con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, bajo custodia estatal, a los que se suman aquellos que son encontrados por familias y no tienen un procesamiento adecuado por parte de las autoridades.
Examen Periódico Universal
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos. De tal forma, constituye una oportunidad para visibilizar las problemáticas estructurales y de diseño de políticas públicas que enfrentan los países miembros.
De estos análisis, surgen recomendaciones por parte de la comunidad internacional encaminadas a mejorar la situación de derechos humanos en las naciones y superar los retos que dificultan la garantía de los derechos humanos.
El EPU fue creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero fue hasta el 2008 cuando se realizó el primer el primer EPU, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han sometido tres veces a la evaluación. El cuarto ciclo de exámenes comenzó en noviembre de 2022.
El Colectivo EPUmx
Es una coalición de organizaciones, redes y colectivos de sociedad civil nacionales, estatales e internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México. El Colectivo se aglutina alrededor de los ciclos de evaluación de México ante el Examen Periódico Universal y sus integrantes han presentado contribuciones conjuntas desde el primer ciclo sobre el país en 2009.
HHRRMX ReportNewsletter | January, 2024
Newsletter with the most important news about human rights, journalists and defenders in Mexico
MAIN:
Significant Setbacks in Human Rights under AMLO’s presidency
By Edith González Cruz, 29 November, 2023
Prior to the presentation of the Fourth Universal Periodic Review ( EPU) of Mexico before the United Nations Human Rights Council, to be held next January 24, 2024, more than 300 state, national and international organizations and networks of civil society, grouped in the EPUMx Collective, presented 18 thematic reports as inputs for that meeting on the state of human rights in the world whose conclusion points to significant setbacks in the rule of law.
Violence against women; the situation of human rights defenders and journalists; migration; forced displacement; militarization; forced disappearance; indigenous peoples; LGBTIQ+ population; persons deprived of liberty; persons with disabilities; torture; business and human rights; follow-up to international recommendations; criminal justice system and impunity; children, adolescents and youth; social protest and Afro-Mexican population, are some of the issues analyzed that reflect the human rights situation in Mexico, in a context of systematic violence and impunity.
«Significant setbacks are observed in the Rule of Law, which is particularly evident in the weakening of mechanisms, autonomous and deconcentrated bodies relevant to the guarantee of human rights and democracy, such as the National Electoral Institute or the National Institute of Transparency, Access to Information and Protection of Personal Data. On the other hand, 10 years after its creation, the National System of Attention to Victims does not have the necessary operational and administrative capacity to carry out its work and the institutionality of the Executive Commission for Attention to Victims (CEAV) has deteriorated,» states the report.
For the human rights experts, it is essential that, when examining Mexico next January, the Human Rights Council considers in its assessment the persistence, but also the aggravation, of some of the issues addressed in previous recommendations, as well as the existence of problems on which specific recommendations have not been issued, especially on issues related to militarization and its multiple impacts.
In this regard, Angelica de Anda Celis, from International Amnesty, pointed out that, in particular, the right to protest and militarization are issues that are still invisible in human rights diagnoses.
«We see an increase of 163 percent of budgetary resources in a context where sadly these instances continue to be opaque, unaccountable, use military jurisdiction to investigate human rights violations, despite the fact that the constitution and international standards dictate that any violation of human rights must be investigated and judged by civilian judges,» she said during the presentation of the report.
As an example, he points to the National Human Rights Commission (CNDH), which since 2019, when its current president was appointed, the institution’s independence and criteria for action have been called into question, due to the weakening of the internal structure and the adoption of decisions in support of government policy that contravene its obligations as a national human rights institution, such was the case of endorsing legislative reforms that institutionalized the militarization of public security.
Militarization
Throughout the six-year term, militarization has extended into various spheres of public life, through an unprecedented legal basis. The government has perpetuated and institutionalized the participation of the Armed Forces in citizen security tasks and others of a civilian nature, which total more than 240, including the construction of public works, the implementation of migration policy, the management of social programs and customs and ports, among others.
In 2019, the Constitution was reformed to create the National Guard (GN) as the civilian entity responsible for public security at the federal level, then in 2022, Congress approved secondary reforms to attach the GN to the administrative and operational control of SEDENA. In practice, the GN has been consolidated as a military body due to the origin of its commanders, the composition of its elements, its training and the lack of effective civilian controls over its performance.
Access to Justice and femicides
In 2021, a reform to the Federal Judiciary was carried out in order to attack nepotism and corruption practices, as well as to strengthen a new system of precedents and representativeness in the judicial career and to build an autonomous prosecutor’s office.
However, for analysts, this resulted in a series of counter-reforms that limited the rights of victims, cancelling accountability instances, eroding controls for the designation of prosecutors and disassociating the FGR from inter-institutional coordination mechanisms in relevant issues such as the search for missing persons, under the argument of being an autonomous institution, distorting the sense of its investigative autonomy.
2021 stands out as the year with the highest number of femicides. A historical maximum of 1,018 of these crimes was registered, in a context of increased violence against women. In this line, compared to the previous year, in 2022 the rate of victims and crimes in general increased.
The narrative of federal and state authorities seeks to justify the persistence of violence in various contexts under the discourse that they are confrontations between criminal groups. In this context, impunity is the rule: on average, 91.8 percent of the crimes reported in the country are not investigated.
«It is estimated that in 2021 only 10.1 percent of crimes were reported to the authorities and in only 67.3 percent of these complaints was an investigation file initiated, of which in 50.8 percent nothing happened or the complaint was not resolved,» the report highlights.
Disappearances
According to official data, Mexico registers more than 111,000 missing persons, of which more than 40,000 occurred during this administration. Although these data includes both recent and past cases, the rate has grown exponentially in recent years, closely related to the beginning, in 2006, of the so-called «war against drug trafficking».
The number of cases prosecuted for the crime of disappearance hovers around 2 to 6 percent, and only 36 convictions have been issued at the national level, none against a high-ranking civilian or military commander.
In this scenario, in recent years there has been a substantial increase in the disappearances of migrants, women, children and adolescents. There are serious shortcomings in the investigations by the prosecutors’ offices, such as excessive bureaucracy and formalism, the absence of investigation plans and omissions in the practice of diligence, the resistance to collaborate with the commissions in search of persons, or the lack of sufficient resources to fulfill their duty.
In general, the State does not have a comprehensive policy to prevent and eradicate this practice. At the same time, the country faces a forensic crisis, with more than 52,000 unidentified bodies of deceased persons in state custody, in addition to those found by families and not adequately processed by the authorities.
Universal Periodic Review
The Universal Periodic Review (EPU) is a unique mechanism of the Human Rights Council that requires each Member State of the United Nations to submit every four and a half years to a review of its human rights performance. As such, it is an opportunity to highlight the structural and public policy design problems faced by member countries.
From these analyses, the international community makes recommendations aimed at improving the human rights situation in the countries and overcoming the challenges that hinder the guarantee of human rights.
The UPR was created in March 2006 by the UN General Assembly, but it was not until 2008 that the first UPR was conducted, all UN Member States have undergone the evaluation three times. The fourth cycle of reviews began in November 2022.
The UPRmx Collective is a coalition of national, state and international civil society organizations, networks and collectives working in the field of human rights in Mexico. The Collective is united around the evaluation cycles of Mexico under the Universal Periodic Review and its members have submitted joint contributions since the first cycle on the country in 2009.
