Ciudad de México.- En un análisis de la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) realizado hoy en Ginebra, Suiza, para analizar la situación de los derechos humanos en el mundo, el Colectivo EPUmx, compuesto por 300 organizaciones y redes nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, llamaron al Estado mexicano a ejecutar tres puntos en particular, a fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en la materia:
Aceptar las más de 300 recomendaciones que los otros países miembros hicieron a México en materia de derechos humanos, principalmente en materia de militarización, desapariciones forzadas, asesinato de periodistas y defensores, principalmente indígenas y, violencia contra las mujeres, a fin deconducir las políticas y acciones gubernamentales para los próximos años a mejorar el estado de los derechos humanos en el país.
Asignar recursos a las diferentes instituciones y su respectiva coordinación interinstitucional para la ejecución y cumplimiento de estas recomendaciones internacionales. Así como acatar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Involucramiento de todas las instancias de gobierno para que asuman su responsabilidad en las acciones recomendadas. Establecer diálogos que conduzcan a la implementación tangible y sostenible de las recomendaciones, así como a fomentar la acción participativa e inclusiva de las organizaciones de la sociedad civil.
“Hoy se constata ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que persiste la crisis de derechos humanos que hemos denunciado, que hemos evidenciado a través de diversos canales y que hoy constatan los países que integran este Consejo. Es claro que México sigue enfrentando retos y si hacemos un análisis entre el ejercicio de 2018 y este en 2024, vemos que persisten muchos de estos retos, como la crisis de desapariciones, los altos índices de impunidad, la violencia contra personas defensoras y periodistas, y con mayor énfasis, la militarización”, comentó en conferencia de prensa Eduardo Guerrero, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“Será muy interesante la participación de los organismos autónomos, como la Fiscalía General de la República, con las recomendaciones que le piden investigar en diferentes temas como la desaparición de personas, los feminicidios y las agresiones a personas defensoras y periodistas. Desde las organizaciones del Colectivo EPUmx, creemos que con un compromiso del Estado mexicano, puede asumir el compromiso de implementar estas recomendaciones, no queremos una lista nueva que se sume a las ya pendientes, 264 recomendaciones”, señaló la abogada Zué Valenzuela de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación A.C. (PODER).
En los próximos días, la Troika (los países relatores para México que designó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU) publicará la lista completa de recomendaciones hechas en la sesión de hoy en Ginebra, Suiza, con la finalidad de que México las analice y, en junio próximo, cuando el país vuelva a comparecer, indique si las acepta o no. Una comparecencia que estará marcada por el proceso electoral de México y un cambio de gobierno en puerta.
“Continuaremos promoviendo el diálogo con las autoridades mexicanas para lograr la implementación de las recomendaciones y contar con el compromiso transexenal del Gobierno con esta agenda de derechos humanos para así detener la violencia actual y la crisis de derechos humanos que vivimos”, señaló Brenda Sánchez, de la organización Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea).
Las fallas de México
Las organizaciones expertas observaron como una falla el que la representación mexicana, no haya convocado a las autoridades del poder judicial, como sí ha sucedido en otras evaluaciones debido a que estas instituciones (fiscalías) por el rol que cumplen, son de la mayor relevancia,
La representación de México fue liderada por una pequeña comisión conformada por el Subsecretario de Derechos Humanos en Asuntos Multilaterales, Joel Hernández y el director de general de Derechos Humanos y Democracia, Roberto de León, ambos de la Cancillería; la representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Francisca Méndez Escobar; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Yadhira Yvette Tamayo Herrera; así como la senadora Nestora Salgado y el senador Raúl de Jesús Elenes Angulo.
“México se centró en destacar la implementación de políticas públicas sociales relacionadas con la pobreza, como las becas a infancias y jóvenes, el aumento al salario y de movilidad migrante, pero evadió responder sobre temas de derechos humanos como la política de seguridad, la erradicación de la tortura, la reparación de daños a víctimas, la impunidad, las desapariciones, la violencia contra las mujeres”, comentó Cristopher Sánchez, de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación A.C. (PODER).
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, países como Bangladesh, Brasil, Bolivia, Camerún, Canadá, China, Ecuador, India, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre otros hicieron preguntas hacia México.
Fue la primera vez que México recibió recomendaciones específicas, de parte de Reino Unido y Nueva Zelanda, para reducir y evitar la militarización, un proceso que ha generado un mayor número de violaciones graves de derechos humanos en nuestro país.
En el caso de Canadá lo hizo para saber cómo ha avanzado la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y recomendó garantizar que los pueblos indígenas sean consultados significativamente en los procesos de toma de decisiones de manera horizontal.
Por primera vez un país solicitó una investigación particular. Fue el caso de Luxemburgo, quien solicitó expresamente a México la investigación de la desaparición de los activistas Ricardo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán, involucrados en un problema agrario contra la empresa minera Ternium, vinculada a ese pequeño país europeo.
Sin grandes avances en 15 años
La primera evaluación se dio en el 2009, en aquella ocasión las recomendaciones estuvieron centradas en el tema de la justicia, un resultado de este trabajo fue el pasar de un sistema de justicia inquisitivo mixto a uno de corte acusatorio adversarial y garantista que protege al inocente, procura que el culpable no quede impune y que se repare el daño en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que sea parte el Estado mexicano. Este nuevo sistema de justicia entró en vigor hasta el 2016.
Luego, poco a poco, ya en el 2013 y 2018, cuando se dieron la segunda y tercera evaluación, las recomendaciones empezaron a girar en torno a violaciones a los derechos humanos en materia de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, ya se empezaba a hablar de una ‘crisis de derechos humanos’, misma que en el 2022, con la cuarta evaluación, se reconoció abiertamente con el agravante del contexto de militarización que se vive en el país. En estos 15 años de análisis del estado de los derechos humanos en el mundo y donde participan alrededor de 116 países, los avances se han dado sobretodo en el terreno de la normatividad.
“En México, se han creado leyes, normas, protocolos, como son las leyes en materia de Tortura y de Desapariciones y, en particular el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas o el Banco Nacional de Datos forenses, pero a la fecha no están funcionando”, comentó Eduardo Guerrero, del Centro Pro.
Por su parte para Brenda Sánchez, de la organización Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), detalló que esta es una oportunidad histórica para avanzar rumbo al ejercicio pleno de los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas:
“Es indispensable que el Estado mexicano avance en materia legislativa porque queremos y debemos ser reconocidos como sujetos de derecho público no únicamente como beneficiarios de programas sociales. Los pueblos indígenas no deben ser olvidados, este momento representa una oportunidad histórica para avanzar rumbo al ejercicio pleno de los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos contemplados en los Acuerdos de San Andrés, una deuda de hace 28 años que el Estado no ha querido cumplir”.
En sus observaciones, las organizaciones del colectivo señalaron que los temas que más se señalaron en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fueron: la desaparición forzada, la violencia contra las mujeres -especialmente en lo que se refiere a feminicidios-, la persecución y violencia contra personas defensoras y periodistas, independencia judicial, el racismo y discriminación contra comunidades indígenas y afrodescendientes, la tortura, el combate a la impunidad, las violaciones a los derechos de las personas migrantes y refugiadas, infancias, adolescencias y juventudes; la falta de transparencia y rendición de cuentas, así como los efectos de la violencia y la inseguridad.
De manera general, la comunidad internacional observó que los avances que reportó el Estado mexicano se ven limitados por la impunidad, la falta de asignación de recursos a instituciones como las fiscalías, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas, por lo que es indispensable abordar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en el país.
