Quintana Roo.- Este 9 de noviembre (9N) se cumplen dos años de la represión contra una manifestación feminista en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Disparos, golpes, amenazas y tortura sexual forman parte de las agresiones registradas aquel día. A 24 meses de los hechos no sólo no hay justicia para las víctimas: ahora, las reformas militares representan un riesgo latente de que hechos como este vuelvan a repetirse en el territorio mexicano.
El 9 de noviembre de 2020, cientos de mujeres se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal Benito Juárez para protestar por el feminicidio de Bianca Alejandra Lorenzana Alvarado, mejor conocida como Alexis. Ella había desaparecido el 8 de noviembre, y al día siguiente, sus restos fueron encontrados en bolsas de basura.
Las autoridades tenían la labor de investigar el feminicidio de Alexis. También, de garantizar el derecho a la protesta de las mujeres que exigían justicia para la joven de 20 años. Sin embargo, contrario a esto, un grupo de policías municipales y estatales abrió fuego contra la manifestación y detuvo a varias mujeres que portaban paliacates y otros distintivos propios del movimiento feminista.
María Oronzor, una de las mujeres que acudieron el 9N al Palacio Municipal Benito Juárez, fue víctima de tortura sexual por parte de los policías que participaron en el operativo. De acuerdo con el testimonio que ofreció hace apenas un día durante un foro virtual, las fuerzas de seguridad las amenazaron a ella y a sus compañeras diciéndoles que «las iban a dejar peor que a Alexis».
Oronzor también afirma que, cuando acudió a denunciar las agresiones en su contra, las autoridades le dijeron que eso no era tortura sexual. Era violencia, sí, pero no tortura; esto, pese a que quienes perpetraron la violencia eran aquellos que deberían proteger a la ciudadanía en lugar de intimidarla y acallarla.
Era euforia con la que golpeaban a las mujeres manifestantes… Yo sigo protestando porque no quiero que pase, porque quiero garantías de no repetición, quiero justicia.
María Oronzor, víctima de la represión del 9N
Actualmente, María forma parte del Comité de víctimas 9N, quienes aún buscan justicia debido a que todavía no hay responsables por la represión del 9N. Mientras tanto, la entonces presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa –mejor conocida como Mara Lezama– se convirtió en gobernadora electa de Quintana Roo. Por su parte, la Guardia Nacional, cuyos elementos estuvieron presentes durante la represión policial, se adhirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y es un hecho que permanecerá en las calles hasta 2028.
La militarización de México y el riesgo de que el 9N se repita
De acuerdo con diversos testimonios, el 9N, elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron testigos de la fuerte represión contra la manifestación feminista. Sin embargo, no hicieron nada para frenar la violencia desatada contra mujeres de la sociedad civil, activistas y familiares de víctimas. Con ello, el órgano de seguridad creado por Andrés Manuel López Obrador se convirtió en cómplice de las atrocidades perpetradas esa noche trágica de 2020.
Lamentablemente, esa no ha sido la única «negligencia» por parte de la GN. Según datos de Amnistía Internacional, esta fuerza armada acumula tres acusaciones por tortura y dos por desapariciones forzadas; en total, desde su creación en marzo de 2019, la GN ha acumulado cerca de 219 denuncias por abusos contra los derechos humanos de la sociedad civil.
A pesar de ello, gracias a diversas reformas militares aprobadas por senadores y diputados a nivel federal, la Guardia Nacional pasó a formar parte del «paquete militar» en México al adherirse a la SEDENA pese al supuesto carácter civil con el que fue creada. Y no sólo eso: también se aprobó que este brazo armado del Estado siga interviniendo en la seguridad pública hasta 2028.
Como varias especialistas han advertido, esto puede provocar que la violencia por parte del Estado contra la sociedad civil aumente de manera preocupante. Los primeros días de octubre, la propia Guardia Nacional dio muestra de ello al asesinar a una joven de 16 años, quien estaba embarazada.
Para María Oronzor, lo sucedido el 9N derrumbó su creencia de que el Estado proporciona seguridad y protección. Quien debería cuidar de ti se convierte en uno más de los posibles agresores, en un motivo más para permanecer en alerta constante.
¿Qué pasará ahora que se sabe que este otro potencial agresor tiene en la mira al movimiento feminista? En un país donde los derechos humanos se violan de manera sistemática, el 9N es una fecha que parece estar condenada a repetirse.
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